Entre los convocantes a la marcha estaban la CCC-Salta, Ni un Pibe y Piba Menos por la Droga, MUS, CEPA, FNC, Área de Género y Diversidad, PTP-PCR y JCR, que emitieron la siguiente declaración:
Ante los últimos acontecimientos políticos, sociales y económicos que sacuden duramente a todos los salteños debemos ser conscientes de que hay un cambio en la situación política provincial que golpea duramente a los sectores más vulnerables y sobre todo a los que venimos peleando en la calle derechos adquiridos, por tierra, techo y trabajo, pero no son escuchados y no son tenidos en cuenta por el gobierno provincial.
Por un lado, están los docentes, personal de salud, y muchos otros trabajadores que se han puesto de pie y luchan por salario, condiciones dignas de trabajo y en defensa de una educación y salud pública y gratuita y que cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad salteña.
Por el otro, las clases dominantes locales encabezadas por el gobierno de Sáenz tienen como única respuesta más violencia a las distintas demandas: la represión, la criminalización y judicialización de la protesta popular.
Ahora desde la Cámara de Diputados de la provincia dan media sanción a una ley represiva y proscriptiva como la ley anti-protesta para impedir la movilización social y popular que tiene por objetivo violar aún más las garantías y derechos constitucionales y frenar así las luchas sociales.
Hacemos responsable al gobierno provincial en su conjunto de las distintas maniobras que llevan adelante para deslegitimar, desprestigiar y reprimir las luchas sociales y así amenazar, amedrentar y violentar mediante la fuerza de seguridad y desde los medios de comunicación afines al gobierno.
Esto no puede pasar ya que se atenta y busca suprimir el derecho de reunión, manifestación y petición y restringe aún más el derecho a la libertad de expresión y judicializa a los que luchamos por reivindicaciones concretas y derechos adquiridos.
Es una ley que va en contra de los que luchan y que atenta y es una verdadera amenaza para nuestra democracia y lejos de dar respuesta a los reclamos los legisladores de la provincia de Salta criminalizan la protesta social y no dan soluciones urgentes a los reclamos más urgentes del pueblo salteño.
Hagan leyes en beneficio del pueblo, no en contra de él.
Esta arremetida se da en un momento que se agudiza el hambre con una población del 60% bajo la línea de pobreza y van a ir contra los movimientos sociales, sindicatos y todos los que luchen por condiciones dignas de trabajo, salud, educación.
Es nuestro deber estar a la altura de las circunstancias e impedir que aprueben esta ley.
Tenemos que estar a la cabeza de la lucha desde los barrios, junto a docentes y demás trabajadores.
Basta de judicializar y criminalizar la protesta social.
Basta de judicializar y criminalizar a los luchadores sociales.
Derogación inmediata del protocolo represivo 91/ 23.
La única realidad que se vive en la provincia es la que se muestra en las calles.
Corresponsal
Hoy N° 1964 07/06/2023
