A más de un mes del inicio del juicio oral y público por Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por cinco prefectos del grupo de élite Albatros, avanza el debate oral y público en el Tribunal Oral Federal de General Roca, a 500 kilómetros de Bariloche, donde ocurrieron los hechos.
“Rafita”, símbolo de la lucha contra el gatillo fácil, tenía 22 años y fue acribillado por la espalda por un grupo de prefectos que se encontraban en un operativo ordenado por el Juzgado Federal de Bariloche, el 25 de noviembre de 2017, luego de un violento desalojo a la Lof Lafken Winkul Mapu en contexto de una recuperación territorial en Villa Mascardi.
Por el homicidio están imputados Guillermo Cavia, en carácter de autor del disparo letal; y Juan Obregón, Carlos Sosa, Francisco Pintos y Sergio García como coautores del crimen. “Los cinco dispararon mucho, con munición letal y con intención de matar”, expresó uno de los abogados querellantes, Mariano Przybyksky; director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Para el abogado, la bala que ingresó al cuerpo del joven mapuche y lo dejó sin vida, fue un hecho casi azaroso, ya que tiraron “a matar a los que estaban escapando”, dijo ya que se comprobó que entre los cinco dispararon más de 150 municiones. “Acribillaron a una comunidad originaria”, sumó Sebastián Feudal, abogado de la Asamblea Por los Derechos Humanos, desde la querella.
En diez audiencias ya pasaron cerca de 28 testigos de las fuerzas federales de seguridad, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, de los más de 300 efectivos de fuerzas federales comandados a “desalojar” y “custodiar el predio” en 2017 por la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
En lo que va del juicio, que tiene más de 100 testigos previstos, se va cayendo la teoría de la defensa de los Albatros que plantea que los prefectos actuaron en defensa propia ante un “enfrentamiento armado de los mapuches” y va quedando acreditado que Rafael Nahuel fue víctima de un caso extremo de represión y violencia institucional, odio racial y gatillo fácil perpetrado por la política de mano dura de Juntos por el Cambio.
Por su parte, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, aseguró en la cuarta semana del juicio que no hay muchos elementos de enfrentamiento. “Hasta ahora lo que nos queda claro es que el disparo fue efectuado con la víctima de espalda, no en un enfrentamiento como se sostenía, sino de espalda a quien en definitiva lo ultimó”, dijo Vehils Ruíz, con la cual la teoría del “exceso de legítima defensa” va quedando fuera de las posibilidades, en los hechos.
El juicio avanza con modalidad mixta, presencial y virtual con audiencias prolongadas todos los martes y miércoles. Desde las calles, organizaciones sociales y políticas como la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, CTA Autónoma, la CCC y el PTP-PCR; encabezan movilizaciones y pedidos de justicia y condena ejemplar para los asesinos. Hoy la misma responsable política de los cinco prefectos acusados y responsables de matar a Nahuel y herir gravemente a otros dos jóvenes en la comunidad, Patricia Bullrich, pretende ser presidenta de la Nación.
Desde la calle, se oponen a esa política represiva ante la defensa de la tierra y la soberanía, y piden el pleno cumplimiento de la Ley 26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de los pueblos originarios del país.
El Tribunal está integrado por los jueces federales Simón Bracco, Alejandro Silva y Pablo Díaz Lacava, quienes tendrán en sus manos dictar sentencia en la etapa final del juicio.
Para las próximas audiencias del 26 y 27 de septiembre se espera que empiecen a declarar integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a la que pertenecía Nahuel; la misma en que siete mujeres y niños resultaron detenidos el 4 de octubre de 2022.
Corresponsal
Hoy N° 1979 20/09/2023
