El gobierno de Milei ganó las elecciones con la intromisión de los EEUU y el Fondo Monetario Internacional, que manejan directamente la política económica de la Argentina, en plena disputa por el control mundial.
En nuestro país la recesión, apertura de importaciones, especulación financiera y fuga de divisas avanzan y provocan el cierre de empresas, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.
La plata no alcanza. Las familias trabajadoras se endeudan. Los precios suben más rápido que los salarios. El salario mínimo vital y móvil se redujo un 60 % de su valor respecto del que tenía en el 2023 (hoy es el más bajo de América Latina).
La mayoría de las categorías de convenio están por debajo de la línea de pobreza, lo que genera peores condiciones para los trabajadores no registrados.
Este modelo de exclusión de las mayorías, en favor de una minoría no cierra sin la criminalización y represión.
En medio de miles de despidos y salarios por el piso, el gobierno nacional aprovechando que tiene los votos en el Congreso, convocará a sesiones extraordinarias para aprobar su proyecto de “reforma laboral”, con el mentiroso eslogan empresarial de “modernización”.
Lo cierto es que esta reforma laboral tiene como finalidad adaptar la legislación laboral argentina a un modelo económico extractivista, con poca industria, poco empleo formal y precarizado al máximo, eliminando el piso básico de derechos, con salarios en función de la producción y no de las necesidades de los trabajadores. Se ataca directamente el art. 14 bis de la Constitución Nacional que nos reconoce el derecho a un salario mínimo vital y móvil que cubra nuestras necesidades, igual salario por igual tarea, organización sindical, negociación colectiva, huelga y seguridad social.
Ante este panorama las conducciones de las centrales sindicales han expresado su oposición a la reforma laboral, pero hay dos tendencias marcadas entre las dirigencias. Por un lado los que pretenden seguir dialogando con el Gobierno de Milei y por el otro quienes sostenemos que la oposición a esta reforma es con acciones sindicales concretas que unan al conjunto de las y los trabajadores, a los cuerpos de delegados y a todos sectores populares gravemente afectados por la política de este gobierno.
Solo quienes han luchado han logrado poner algún freno a este gobierno, el conflicto del Garrahan y la paritaria de aceiteros lo confirman en los hechos.
Situación en la industria de la Alimentación
Las grandes empresas de la Alimentación, formadoras de precios, que manejan la Cámara Empresaria y obtuvieron ganancias exponenciales durante la pandemia, descargan sobre sus trabajadores, la reducción de ganancias por la baja del consumo, la recesión y la apertura de importaciones, responsabilidad del gobierno de Milei, al que apoyan.
En nuestra filial del STIA las grandes empresas marcan la cancha apoyadas en la caída de ventas. La mayoría de las categorías de convenio están por debajo de la línea de pobreza. Arcor amenaza con más ajuste diciendo que se redujeron sus ganancias un 74%, situación similar que se repite en otras grandes empresas de la actividad.
En el conflicto de Georgalos, la empresa aplicó la Ley Bases de Milei, despidiendo trabajadores con causa por ejercer el derecho de huelga y ahora pretende imponer un plan de suspensiones de 600 trabajadores. En Molinos intentaron aplicar de hecho la reforma laboral que quieren aprobar en diciembre, con reducción de dotaciones de personal, despidos y la pretensión de eliminar adicionales vigentes en la planta de Esteban Echeverría para imponer salarios acordes “al costo de los valores del mercado”.
Estos conflictos transitaron de manera aislada en el gremio y tuvieron repercusión pública por el tamaño de las empresas y el rol de sus comisiones internas. En Molinos Río de la Plata con el protagonismo de las asambleas logramos firmar una cláusula de no despidos por 18 meses y reemplazar la pretensión de eliminación de adicionales por una reducción de jornada los sábados en turno tarde también por 18 meses.
La crisis de la actividad en la alimentación es generalizada y pone en riesgo a las pymes. La caída del consumo y el ingreso al país de alimentos importados anuncian un escenario de pérdida masiva de puestos de trabajo y cierre de empresas si se continúa en esta dirección.
Por eso las conducciones sindicales no pueden ser plataforma para quienes eliminan derechos.
Como gremio tenemos que abordar la problemática de la actividad en su conjunto y evaluar las acciones que nos permitan la preservación de las fuentes de trabajo y defensa de los derechos conquistados ante este escenario.
Por esto llamamos a las y los compañeros de la alimentación a unirnos para enfrentar la reforma laboral de Milei y su política económica y solicitamos al Sindicato y a la Federación que convoquen al Congreso de delegados y congresales para debatir en conjunto las acciones sindicales a adoptar.
hoy N° 2088 03/12/2025
