El sábado 17 de enero, mientras el termómetro castigaba el asfalto de las rutas mendocinas, miles de ciudadanos recordaron por qué Mendoza es, antes que nada, un oasis fruto de la lucha contra el desierto. El “Caravanazo Libertador” hacia Uspallata no fue solo un despliegue de vehículos y banderas; fue la manifestación física de un divorcio cada vez más profundo entre el “gran proyecto salvador” del gobierno provincial, y el pueblo que dicen representar.
Una “gesta” contra la sordera oficial
Bajo la consigna de que “el agua de Mendoza no se negocia”, columnas provenientes de toda la provincia convergieron en la villa cordillerana para rechazar el avance del proyecto minero San Jorge. La fecha no fue azarosa: en el aniversario de la partida del Ejército de los Andes, la ciudadanía resignificó la épica sanmartiniana para defender la soberanía de sus recursos hídricos.
Sin embargo, la respuesta del arco político oficialista (Milei-Cornejo) que cuenta con el apoyo de una parte del arco opositor, parece estancada en un libreto de otros tiempos. Mientras insisten en un modelo extractivista amparado en la promesa de “progreso”, los datos técnicos revelan una realidad distinta: el proyecto San Jorge solo generaría entre 300 y 800 empleos, una cifra insignificante comparada con los 18.000 empleados vitivinícolas registrados (que llegan a 40.000 en temporada) o los 4.000 puestos que ya ocupa la minería no metalífera en la provincia.
El contraste: ¿Desarrollo o saqueo?
La crítica más feroz de la jornada apuntó a la celeridad con la que se intentan aprobar declaraciones de impacto ambiental que, según la UNCuyo, presentan graves omisiones en los estudios de base y uso del agua. A esto se suma la dimensión física del impacto: el proyecto implica que el cerro San Jorge de Uspallata será totalmente triturado, afectando una superficie equivalente a 250 canchas de fútbol para extraer 300.000 toneladas de cobre en apenas 16 años.
Científicos del CONICET advierten que los beneficios económicos no compensan los riesgos de conectividad hidrológica entre la cuenca del arroyo El Tigre y el Río Mendoza, lo que pondría en jaque el suministro de agua para más de un millón de personas.
El contraste económico resulta, para muchos, “obsceno”. El análisis financiero del proyecto muestra un esquema de desproporción:
- Facturación estimada: 600 millones de dólares anuales. De los cuales un 70-80% fluirá al exterior como renta minera apropiada por la empresa Solway.
- Regalías para Mendoza: Solo el 3% (unos 18 millones de dólares al año), lo cual representa menos del 1% del presupuesto provincial.
- Comparativa: Estos ingresos son cinco veces menores a los que históricamente ha aportado el sector petrolero.
Además, surge la sombra de la corrupción sobre los actores involucrados. Se denuncia que el gobernador se empecina en atraer a la empresa Solway (de capitales rusos y suizos, asociados con Martín Rapallini, el presidente de la UIA), la cual ha estado involucrada de múltiples esquemas de sobornos durante años, involucrando a políticos, jueces y funcionarios del gobierno de Guatemala para favorecerse con sus proyectos.
La criminalización como respuesta
No se puede omitir el clima de tensión que sobrevoló la jornada. Las denuncias de persecución judicial a asambleístas y la imputación de manifestantes bajo figuras que rozan el “terrorismo” han transformado la defensa del agua en una actividad de riesgo. Ayer en Uspallata, el despliegue policial no solo buscaba “ordenar el tránsito”, sino recordar que, para el Estado, la protesta social es hoy un inconveniente a disciplinar más que un derecho a respetar.
Conclusión
El “Caravanazo” dejó algo claro: la licencia social no se compra con campañas de marketing ni se impone por decreto. Mendoza está en pie de lucha, sabemos que es una lucha larga, y el eco de las bocinas en la montaña es un recordatorio de que, si bien el gobierno puede tener los votos en la Legislatura, el pueblo sigue teniendo la calle. La pregunta que queda flotando en el aire de Uspallata es hasta cuándo el poder podrá sostener un proyecto que nace sin el consentimiento de quienes habitan el suelo que pretenden perforar. Desde el PTP Mendoza seguimos luchando junto al pueblo porque hoy más que nunca hay que nacionalizar la lucha, porque no es solo un tema de los mendocinos y mendocinas, la entrega, el saqueo y la contaminación es un tema de las y los argentinos.
Corresponsal
hoy N° 2093 21/01/2026
