Se están desarrollando los juicios a los represores de la última dictadura militar en el sur de la provincia de Mendoza.
Están acusados por “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita”. Los imputados son el ex comisario Martín Mússere, quien era el enlace con los militares; Raúl Ruiz Soppe, ex jefe de la Unidad Regional II de la Policía; Aníbal Guevara, ex Teniente del Ejército; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael; y Raúl Egea, quien trabajó como abogado para la Policía.
Los procesados están imputados por la desaparición de cuatro militantes peronistas de San Rafael: Francisco Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.
El comienzo de estos juicios es un gran avance para la lucha contra la impunidad y son los primeros que hemos arrancado en Mendoza ya que los juicios correspondientes a los juzgados del Gran Mendoza todavía siguen frenados por las maniobras de represores y sus vínculos con la justicia.
Los juicios han vuelto a poner sobre la mesa las terribles atrocidades que llevó adelante la dictadura, con secuestros y torturas. Los testimonios de familiares y compañeros reclamando justicia contrastan con la justificación que continúan haciendo los represores y sus cómplices del terrorismo de Estado. Los testimonios del hijo de un desaparecido han conmovido a la provincia toda y sobre todo a San Rafael, ciudad del sur de Mendoza. Ha abierto además nuevas investigaciones sobre personajes que actualmente están en funciones, demostrando toda la investigación realizada por su familia.
Sin embargo los juicios se realizan sobre un conjunto de condicionantes que impiden que avancen en profundidad. Así es que no son realizados bajo la figura de genocidio (de un Estado que llevó adelante un plan de represión) sino como crímenes comunes, sólo unos pocos represores han sido procesados y los familiares tienen que continuar siendo los investigadores que movilicen las causas, aporten pruebas, etc. No se han abierto los archivos del Estado que permitirían saber la responsabilidad de cada integrante de la dictadura, no se vinculan las causas y son pocos los responsables que terminan en cárceles comunes.
El gobierno nacional quiere aprovechar los juicios políticamente, utilizando el justo reclamo de los derechos humanos, pero no toma medidas de fondo para acelerarlos y profundizar el castigo de todos los culpables.
Los testigos en la mayoría de los casos se encuentran desprotegidos contra el aparato de impunidad como sucedió con Julio López. Por otro lado, mientras el gobierno dice apoyar los juicios, profundiza la represión y el procesamiento a los reclamos sociales como sucedió en Bariloche y Gualeguaychú. Miles de luchadores populares están procesados como compañeros de Mendoza de los movimientos ambientales que reclaman contra la megaminería contaminante.
Es necesario que todo el pueblo profundice el reclamo por una verdadera justicia, para que los represores vayan a la cárcel, pero también para terminar con las consecuencias económicas que nos dejó la dictadura y que continúa el gobierno actual, sometiéndonos a las grandes potencias internacionales, pagando la ilegítima deuda externa, privatizando nuestros recursos, destruyendo la industria nacional y profundizando la pobreza y miseria del pueblo. Porque el mejor homenaje a los compañeros desaparecidos sigue siendo continuar la lucha por una patria liberada.
Están acusados por “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita”. Los imputados son el ex comisario Martín Mússere, quien era el enlace con los militares; Raúl Ruiz Soppe, ex jefe de la Unidad Regional II de la Policía; Aníbal Guevara, ex Teniente del Ejército; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael; y Raúl Egea, quien trabajó como abogado para la Policía.
Los procesados están imputados por la desaparición de cuatro militantes peronistas de San Rafael: Francisco Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.
El comienzo de estos juicios es un gran avance para la lucha contra la impunidad y son los primeros que hemos arrancado en Mendoza ya que los juicios correspondientes a los juzgados del Gran Mendoza todavía siguen frenados por las maniobras de represores y sus vínculos con la justicia.
Los juicios han vuelto a poner sobre la mesa las terribles atrocidades que llevó adelante la dictadura, con secuestros y torturas. Los testimonios de familiares y compañeros reclamando justicia contrastan con la justificación que continúan haciendo los represores y sus cómplices del terrorismo de Estado. Los testimonios del hijo de un desaparecido han conmovido a la provincia toda y sobre todo a San Rafael, ciudad del sur de Mendoza. Ha abierto además nuevas investigaciones sobre personajes que actualmente están en funciones, demostrando toda la investigación realizada por su familia.
Sin embargo los juicios se realizan sobre un conjunto de condicionantes que impiden que avancen en profundidad. Así es que no son realizados bajo la figura de genocidio (de un Estado que llevó adelante un plan de represión) sino como crímenes comunes, sólo unos pocos represores han sido procesados y los familiares tienen que continuar siendo los investigadores que movilicen las causas, aporten pruebas, etc. No se han abierto los archivos del Estado que permitirían saber la responsabilidad de cada integrante de la dictadura, no se vinculan las causas y son pocos los responsables que terminan en cárceles comunes.
El gobierno nacional quiere aprovechar los juicios políticamente, utilizando el justo reclamo de los derechos humanos, pero no toma medidas de fondo para acelerarlos y profundizar el castigo de todos los culpables.
Los testigos en la mayoría de los casos se encuentran desprotegidos contra el aparato de impunidad como sucedió con Julio López. Por otro lado, mientras el gobierno dice apoyar los juicios, profundiza la represión y el procesamiento a los reclamos sociales como sucedió en Bariloche y Gualeguaychú. Miles de luchadores populares están procesados como compañeros de Mendoza de los movimientos ambientales que reclaman contra la megaminería contaminante.
Es necesario que todo el pueblo profundice el reclamo por una verdadera justicia, para que los represores vayan a la cárcel, pero también para terminar con las consecuencias económicas que nos dejó la dictadura y que continúa el gobierno actual, sometiéndonos a las grandes potencias internacionales, pagando la ilegítima deuda externa, privatizando nuestros recursos, destruyendo la industria nacional y profundizando la pobreza y miseria del pueblo. Porque el mejor homenaje a los compañeros desaparecidos sigue siendo continuar la lucha por una patria liberada.
