La lucha de familiares, sobrevivientes y amigos que integramos la articulación Cromañon, tuvo un triunfo político muy significativo con la destitución de Aníbal Ibarra, quien era sostenido por Kirchner creándose así una crisis política en la ciudad y desbaratando un proyecto de alianza politica electoral entre el K y el ibarrismo.
La lucha continuó y es un nuevo triunfo el inicio de este juicio que abarca a responsables directos e indirectos. Son 15 los imputados: tres ex funcionarios (Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal, Gustavo Torres, director de Fiscalización y Control y Ana Fernández, directora adjunta de Torres); dos policías (el comisario de la 7º, Miguel Belay y el subcomisario Carlos Díaz), el empresario Omar Chabán y su ‘mano derecha’ Raúl Villarreal, y el grupo Callejeros (6 músicos, el
manager y el escenógrafo). Los funcionarios acusados de incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos tendrían penas muy bajas. La querella va a fundamentar cargos para elevar la condena.
“Nuestra expectativa principal es que haya justicia, aunque sabemos que es difícil. Todos sabemos que la justicia está siempre subordinada al poder de turno, por esa causa es que se nos escapa el principal responsable político de la masacre de Cromañón, que es Aníbal Ibarra. El grupo K lo protegió desde que ocurrió la tragedia y es el que evitó que Ibarra esté sentado en el banquillo de los acusados”, analiza Lino Benítez, papá de Mariano Alexis víctima de la masacre (Hoy, 20/8).
¿Justicia o impunidad?
Está previsto que el juicio demore 7 meses con 3 sesiones semanales. La clave son los testigos como familiares y sobrevivientes. Acaba de morir una testigo fundamental empleada de Chabán que atestiguaba sobre la relación de Chabán y la policía (las coimas). “Fue de las que entró varias veces a sacar gente, y declaró haber visto el momento de pago de coimas por parte de Chabán a la policía”, asegura Silvia, mamá de una de las 194 víctimas (lavaca.org, 18/8). Los médicos del Hospital Fernández, donde falleció el último 7 de agosto, no pudieron asegurar las causas, y los abogados pidieron revisar las causas de la muerte.
En el segundo juicio se procesará a Juan Carlos López, el funcionario de más alto rango del gobierno de Ibarra; hay que evitar que la causa prescriba. La importancia de haber llegado a estos juicios se puede medir por la prescripción de la causa de Keivys.
En el inicio del juicio llegaron respaldos de Keivys y de muchas casos de impunidad de la corrupción de Estado del país y también del exterior, como el incendio del supermercado Ycuá Bolaños en Paraguay, donde para evitar el saqueo se cerraron los accesos con la gente adentro.
Este juicio, lamentablemente, por complicidad del poder judicial con el político, no lleva como principal acusado al ex jefe destituido, Aníbal Ibarra. Tampoco va como acusado el ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, responsable del accionar de la Policía y Bomberos; ni va como acusada Vilma Ibarra.
“Sin embargo, este juicio tiene la oportunidad de mostrar la ineficacia y falta de respeto por la vida, de funcionarios de alto rango; así como de empresarios corruptos como Chabán y Villarreal, y de músicos irresponsables para con sus seguidores. Ningún resultado penal devolverá las jóvenes vidas que han muerto porque sí. Pero es importante que el juicio se realice en condiciones dignas para las víctimas”, plantea el documento del Movimiento Cromañón, que consiste en la articulación de los diversos grupos de sobrevivientes y familiares.
Para que no prescriba la causa a funcionarios.
Para que la sociedad entera sepa.
Porque si no hay ningún castigo aumenta la impunidad.
