El gobierno de Enrique Mosca enfrentó con fiereza la huelga de los docentes de Santa Fe de mediados de 1921. No le importó la justeza del reclamo, que se les adeudaran varios meses de sueldo, ni que protestaran contra un proyecto que les quitaba estabilidad. La Federación Provincial de Maestros de Santa Fe, promotora de la huelga, había sido creada hacía poco, y si bien se había extendido, no estaba fortalecida para un conflicto largo. El gobierno, ante la decisión de los maestros de ir al paro, sacó un decreto el 14 de mayo decretando directamente el cierre de 100 escuelas por ocho días. Además, el decreto declaraba en “estado de comisión” a todo el personal docente y directivo, y establecía que solicitara su readmisión por escrito. Los huelguistas, en nutridas asambleas, rechazaron este último punto, y en algunas ciudades como Rosario y Casilda alrededor de 650 maestros firmaron un compromiso de no volver a las aulas hasta logra el triunfo. Envalentonados por la amplitud de la huelga en su comienzo, los gremialistas pidieron la destitución de los funcionarios del Consejo General de Educación que habían elaborado el decreto. Mientras, el gobierno planteaba en las Cámaras que no podía aumentar el presupuesto si no le aprobaban un nuevo impuesto al alcohol y al tabaco, así como un proyecto de ley de bonos por valor de 2.500.000 pesos.
Hacia fines de mayo el gremio ratificó la huelga y conformó un comité “mixto” compuesto por representantes de la Federación Universitaria, de la Unión del Magisterio, de la Federación Provincial de Maestros y de la Federación Obrera Local. El gobierno se endureció con otro decreto que ordenaba al CGE a suspender sin goce de sueldo a todos los directivos y maestros que no hubieran vuelto a sus puestos de trabajo el 23 de mayo, luego de la semana que las escuelas estuvieron cerradas. Creció la represión policial, particularmente en Rosario, sobre los docentes, con varias maestras detenidas.
Como ya se habían aprobado las leyes requeridas por el gobierno, el 13 de junio el gremio estableció el fin de la huelga reclamando al gobernador que deje sin efecto las medidas disciplinarias. El gobernador no acordó pero permitió que el titular del CGE pudiera levantar las sanciones si lo consideraba correcto. Se mantuvieron las sanciones a decenas de maestros y se levantó a suspensión a una parte. El gremio, debilitado, levantó la huelga a mediados de julio.
