En realidad, el monto del crédito anunciado se reduce en lo inmediato a un primer tramo de 15.000 millones de dólares, estando los tramos siguientes sujetos al cumplimiento de las metas comprometidas por el gobierno argentino. Por eso el ministro Nicolas Dujovne aclaró: “Dentro del paquete está previsto un desembolso inmediato del 30 por ciento, 15.000 millones de dólares, y después iremos viendo”. Y sobre los compromisos dijo que el acuerdo incluye acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal para alcanzar un balance en 2020. Además, unas metas de inflación del 17% para 2019, 13% en 2020 y 9% en 2021. Desde el FMI se informó que sus visitas para “revisar el cumplimiento de las metas” serán trimestrales, comenzando el próximo agosto.
El nuevo mayor recorte que se compromete equivale a 9.000 millones de dólares más: es decir unos 225.000 millones de pesos al cambio actual. El pacto obliga a dejar el déficit a fin del año próximo en sólo el 1,3% del PBI. Así, en relación al Presupuesto 2018 –3,2 % del PBI– el recorte será aún mayor: de unos 300.000 millones de pesos. Las autoridades también se han comprometido a mantener un tope para el gasto en asistencia social durante los tres años de la duración del programa, contemplándose en la llamada cláusula social la posibilidad de un alivio de sólo un 0,2% del PBI (unos 30.000 millones pesos, apenas un 10% del total de recorte) “si las condiciones sociales empeoran”.
Aunque Dujovne no detalló de qué manera el gobierno planea cumplir con una reducción acumulada del déficit fiscal equivalente a 19.300 millones de dólares hasta 2021, la planilla adicional que distribuyó el Ministerio de Hacienda detalla que la obra pública (gastos de capital) se achicará un 0,7% del PBI: unos $105.000 millones de pesos menos. Otra fuente del ajuste serán los “salarios y compra de bienes y servicios (gastos de funcionamiento)” del Estado: la reducción prevista es de 0,4% del PBI, unos $60.000 millones menos en términos reales. El resto es fundamentalmente subsidios: una reducción de $45.000 millones (0,3% del PBI). Y una disminución de 0,2% del PBI en transferencias discrecionales a provincias.
Para 2019, la meta de achicar el déficit fiscal primario al 1,3% del PBI (anteriormente era de 2,2% del PBI) supone un recorte de $210.000 millones a valores de hoy. Y para lograrlo el esquema es similar al de este año. Recorte de obra pública de 0,6% del PBI respecto de este año ($90.000 millones). Apretón adicional en subsidios de 0,4% del PBI ($60.000 millones), aún mayor a la cuenta de este año, lo que implicará aumento de tarifas de servicios públicos bien por arriba de la inflación. Recorte en la transferencia a provincias (-0,3% del PBI); y de salarios públicos y gastos de funcionamiento en términos reales (-0,2% del PBI).
En cuanto a la meta de inflación que era para este año del 15%, ya borrada por la realidad inflacionaria, se admitiría que no supere el actual 27,4% del consenso de las consultoras privadas, manteniéndose el objetivo de seguir achatando los ingresos de los trabajadores. Cuestión que el gobierno ratificó con un decreto que dice que sólo se admitirán las renegociaciones en los convenios por la inflación hasta alcanzar un incremento total del 5% no acumulativo para el trimestre inmediatamente posterior a su suscripción, pudiendo pactarse hasta en un 2,5% de incremento mensual y en dos cuotas. Es decir que lo que se pretende es garantizar un robo de más de 10% mensuales a todos los salarios y demás ingresos de los trabajadores, porque la inflación prevista supera el 27% para todo el año.
Todo esto para asegurar el pago (o su reciclaje, más los intereses) de una deuda pública interna y externa, en pesos y moneda extranjera, que en 2017 aumentó en US$45.488 millones: subió de US$275.446 millones a U$S320.934 millones. Deuda que hasta ahora, con el pacto con el FMI (en lo inmediato US$15 mil millones, del total de US$50 mil millones) y las colocaciones de deuda en pesos y dólares en lo que va del año 2018, alcanza ya a unos US$365 mil millones, que a fin de año podrían llegar a los US$400 mil millones.
A esto hay que agregar que la deuda pública bruta no incluye lo que adeudan las provincias y otras entidades estatales, como el Banco Nación, YPF, etc. Tampoco la monumental deuda del Banco Central, con la “bola de nieve” de las Lebac y otras en pesos y moneda extranjera y sus intereses usurarios, y lo que aún falta del cupón PBI.
Por lo visto, el pacto con el FMI no es para “atemperar” el ajuste sobre los trabajadores y la producción nacional sino para profundizarlo, hundiendo aún más al país. El PTP y el PCR están en la primera fila de la lucha para repudiar este pacto a favor de los usureros imperialistas, trabajando en el reagrupamiento de todas las fuerzas obreras y populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas en un paro nacional activo y multisectorial que ponga un freno a la política de hambre, entrega y represión y contribuya, con las organizaciones sociales y políticas amigas, a acumular fuerzas para conquistar otra política, una política que sea a favor de los trabajadores, el pueblo y la producción nacional. Y para esa otra política es necesario otro gobierno, un gobierno popular, nacional y democrático protagonizado por los trabajadores/as, los campesinos/as, los originarios/as, las mujeres, los/as jóvenes y los demás sectores populares.
Hoy N° 1721 13/06/2018
