> Juicio y Castigo a los Responsables políticos y materiales del asesinato de Maxi y Darío.
> No a la impunidad, No al enKubrimiento.
> Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de Carlos Fuentealba.
> Por la aparición con vida de Julio López.
> Libertad a todos los presos políticos y desprocesamiento a todos los luchadores populares.
Hoy se cumplen cinco años de una de las represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional conocida como masacre de Avellaneda, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Recordamos que por aquellos tiempos todavía retumbaban con fuerza los ecos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que los sectores populares y en particular los trabajadores desocupados eran protagonistas principales en la lucha social. El 26 de junio de 2002 resultó uno de los momentos más álgidos en la lucha de clases provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde.
También recordamos y denunciamos el rol del imperialismo norteamericano que, a través del Fondo Monetario Internacional acicateaba al gobierno exigiendo "mayor control social" a cambio de una "reprogramación de la deuda".
Del mismo modo que no olvidamos a todo el establishment político, expresado en una reunión de gobernadores (peronistas y radicales) escandalizados por el continuo ingreso de sectores populares reclamando justicia social a la capital federal exigiendo al gobierno de Duhalde que "actuara".
Pero no sólo el imperialismo y los partidos patronales pidieron represión a las luchas en ascenso. La justicia dependiente del poder político también organizó la masacre a las ordenes del Ministro de Justicia Vanosi, persiguiendo a las organizaciones populares, montando una grosera maniobra de persecución y criminalización, levantando una causa contra las organizaciones en lucha acusándolas de "sedición y atentado a la democracia".
Como en cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de aquellos crímenes. Este nuevo aniversario de aquella represión encargada desde el poder político nos encuentra, además, con el reclamo urgente por la aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura; reclamando también el esclarecimiento de otra serie de secuestros e intimidaciones a militantes populares ocurridos en el último año con el fin de amedrentar a quienes sostenemos en alto las banderas de lucha ante un gobierno que no da
respuesta a las demandas populares de trabajo, educación, salud, vigencia de los derechos humanos y defensa de los recursos naturales. Estamos a pocos días, además, de que se cumplan 3 meses del fusilamiento del trabajador de la educación Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, por participar en la lucha por el salario que también tuvo como respuesta la represión y las intimidaciones en otras provincias como la de Salta o el feudo que controla el presidente Kirchner, en Santa Cruz. Hoy hay más de 5.000 luchadores procesados. Hoy están presos por razones políticas en las cárceles de Kirchner los compañeros Juan Pablo Bilbao, Darío Catrihuala, Ramón Cortez, Hugo Gonzalez, Franco Padilla y Alexis Perez de Las Heras, presos hace 1 año y 4 meses por las huelgas contra el impuesto al salario. Martín Lizzano, Joaquín Isasi, Raúl Lescano y Fernando Esteche, que fueron detenidos por hacer un escrache para repudiar el asesinato del compañero Fuentealba. Los campesinos paraguayos, Agustín Acosta, Roque Rodriguez, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Brodón y Gustavo Lezcano, que vinieron a nuestro país, escapando de una brutal represión para ser encarcelados aquí, así como la militante de HIJOS, Karina Germano Lopez. Nos encuentra, este nuevo aniversario, denunciando la continuidad de las políticas represivas.
Denunciando particularmente al Gobierno Nacional y la mayoría parlamentaria oficialista que acaban de aprobar en el Congreso Nacional la llamada "ley antiterrorista", exigida también por el imperialismo yanki, para instalar una verdadera persecución de Estado contra los movimientos de lucha de todo el mundo, que enfrentamos a este régimen de hambre, miseria y explotación.
Ninguno de estos hechos impunes puede darse sin el amparo, complicidad o directamente sin las órdenes del poder político. Por eso en este 5º aniversario de la Masacre de Avellaneda centramos el reclamo en la exigencia de Juicio y Castigo a quienes planificaron, dieron la orden y encubrieron los asesinatos de Darío y Maximiliano, y continuaremos la lucha hasta conseguirlo. Porque la impunidad genera más impunidad; quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 5 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial y son alentados por esa impunidad a seguir ordenando represiones que cuestan la vida de trabajadores o que significan cárcel y persecución a los luchadores. El gobernador neuquino Jorge Sobisch no sólo ordenó una represión criminal el pasado 4 de Abril a los docentes que reclamaban por su salario en las rutas, sino que se vanagloria públicamente de ello diciendo que lo volvería a hacer, porque sabe que la justicia encubre a los poderosos como sigue pasando con la falta de castigo a Atanasof, Álvarez, Soria, Rodríguez, Aníbal Fernández, Solá, Duhalde, autores ideológicos de los crímenes de Avellaneda. El gobierno nacional de Kirchner sostiene estas acciones de represión e intimidación, sea en forma directa como las acciones de la gendarmería en Santa Cruz, sea en su complicidad en el resguardo del aparato represivo en general. La decisión de Sobisch de ordenar la feroz represión a los trabajadores en Neuquén que le costó la vida a Carlos Fuentealba y la represión en Santa Cruz, donde las balas de plomo de la policía provincial causaron la amputación de tres dedos a un trabajador municipal, son parte de una política común de estado, que comparten los gobiernos patronales de distinto color político.
Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación de Avellaneda (hoy Estación Darío y Maxi) y en los Tribunales de Lomas logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas, que fue monitoreada por la SIDE, que su jefe de entonces, Carlos Soria, reconoció que con las muertes el gobierno de Duhalde había buscado
"frenar" un clima de creciente protesta y unidad popular. Sin embargo el fiscal se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden del Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, quien todavía no ha respondido en la causa el informe solicitado por la fiscalía un año atrás en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002.
A su vez, en la causa por la brutal represión sobre la Avenida Mitre, el Sargento Leiva quien cumple prisión preventiva – luego de estar prófugo durante muchos meses – quedaría libre gracias a un "juicio abreviado" sin testigos, ni declaraciones ni audiencia pública y oral, acordado por la fiscalía y la defensa del asesino. Esto fue ordenado por la Procuración General de la Nación a pocos días de la desaparición de Jorge Julio López, frente a una crisis política desatada por el accionar delictivo de los grupos de tarea de la bonaerense enquistados en el propio aparato del Estado, contra testigos de causas vinculadas a los crímenes de represores durante la última dictadura. Claro está, el sargento Leiva es parte del mismo aparato represivo que secuestró a Julio López y que hoy cuenta con el encubrimiento de Kirchner y Solá. También, al día de hoy, la causa por el allanamiento y la represión al local de la ex Izquierda Unida durante el 26 de junio del 2002, está "cajoneada".
Este manto de impunidad no sólo está garantizado por la Justicia; también tuvo como partícipe al actual presidente Néstor Kirchner, quien había prometido a los familiares y a los compañeros de militancia de las víctimas "investigar hasta las ultimas consecuencias sin importar quien caiga" a través de una comisión investigadora. Pero esa promesa exigía una condición: "si quieren una comisión abandonen las protestas (en particular el Puente Pueyrredón)". Ni los familiares, ni las organizaciones populares aceptamos ese condicionamiento, por lo tanto, la comisión nunca se hizo efectiva y el puente Pueyrredón terminó militarizado por orden de Kirchner El encubrimiento impune va de la mano de la represión. El Gobierno de Kirchner necesita sostener – y lógicamente encubrir- un aparato represivo, el mismo que protagonizó la cacería del 26 de junio, como fuerza propia de choque contra los trabajadores en todo el país. Así, Kirchner y Aníbal Fernández no dudaron semanas atrás, al igual que ya lo hicieran el año pasado con los obreros de Metrovías en huelga o los petroleros de Santa Cruz, en reprimir ferozmente la ocupación de los obreros de Fargo, deteniendo dos delegados ni en enviar centenares de gendarmes contra la lucha de los trabajadores de Fate; es así como también este Gobierno no vaciló recientemente en reprimir con la infantería a los jóvenes trabajadores del Casino Flotante de la Ciudad de Buenos Aires ni en militarizar la provincia de Santa Cruz hasta el día de hoy, frente a la reciente y heroica rebelión docente y popular, utilizando además fuerzas de choque parapoliciales y patotas de la burocracia sindical contra los estudiantes y trabajadores.
En la lucha de nuestra joven y combativa clase obrera como la de los trabajadores del Casino, de Fate, de Terrabusi, de los call centers y Atento está la continuación de una generación que se levanta a luchar, como lo hicieron Darío y Maxi, contra las políticas de miseria salarial y precarización laboral impuestas por el Gobierno de Kirchner, y aplicadas gracias a la traición descarada de las dirigencias de la CGT y la CTA.
Debemos aprender de estas experiencias, porque está visto que la represión del estado no puede forzar a los trabajadores y el pueblo abandonar sus reclamos. Que las patoteadas de los gobernadores títeres del poder económico son respondidas con nuevas capas de trabajadores que se lanzan a la lucha contra la injusticia.
El poder se pretende preservar encubriendo sus propios crímenes, y protegiendo a sus ejecutores se protege a sí mismo. Por eso, la impunidad respecto de quienes decidieron los asesinatos de Darío y Maxi, la grosera reivindicación del crimen de Fuentealba que hizo Sosbich, el sostén objetivo del aparato represivo, más allá de cualquier discurso que deja sin esclarecer la desaparición de Julio López y el secuestro de Luis Gerez (donde el gobierno insinuó saberlo todo y terminó ocultando todo) y otros militantes populares. Por eso, mientras los asesinos siguen impunes y gobernando, los militantes populares son llevados a juicio y encarcelados.
Denunciamos la existencia de una derecha mafiosa protagonista, integrante del aparato represivo que hoy sigue intacto y heredera del golpe militar del ¨76, que sigue actuando en el presente y luchamos el desmantelamiento de todo el aparato represivo, que sólo sirve para reprimir, perseguir y matar.
También denunciamos las políticas de hambre, trabajo precarizado y exclusión que también matan todos los días de manera silenciosa. Nosotros, nuestros hijos, nuestros ancianos, quedamos al margen del sistema de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y de toda contención social y a merced de la explotación y precarización laboral, o el gatillo fácil como sucedió recientemente con el músico y trabajador de la revista Hecho en Buenos Aires, el Chasqui Córdoba, asesinado por la espalda por efectivos de la comisaría 36 de esta capital. Para quienes luchamos contra estás injusticias el estado gerenciado por Kirchner, responde ante la protesta social con chicanas, provocaciones, saturación policial, procesamientos judiciales, cárcel y represiones. Y el gobierno, que enfrenta todos los reclamos que asoman, sólo echa lastre cuando fracasa el apriete y la represión frente a la reacción popular. Tal como fue el caso de los petroleros en Las Heras en la patagonia, luego de la segunda destitución de un gobernador en Santa Cruz, con el conflicto docente o cuando luego de años de subsidios millonarios y un mal servicio ferroviario los usuarios de trenes estallan e incendian la estación de Constitución, (Sin olvidarnos que esto ya había ocurrido en la pueblada de Haedo que le costó casi 2 años de prisión a Roberto Cantero recientemente liberado y a la espera de juicio oral). La contraparte de esta impunidad, lejos de la resignación o el escepticismo, seguirá siendo la memoria, la denuncia y la lucha popular. El juicio y castigo para todos los responsables de la Masacre de Avellaneda y del asesinato del profesor Fuentealba, el esclarecimiento de la desaparición de Julio López, o la libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores no saldrán de la voluntad de ningún juez apegado al poder político de turno, ni del mismo Estado asesino. Sólo a partir de la movilización y lucha popular y de un reclamo nacional y masivo conseguiremos la justicia para Darío, para Maxi, para Fuentealba, por Julio López y por todos quienes sufren la exclusión, la explotación o la represión. A cinco años de sus asesinatos, estamos aquí junto a Darío y Maxi todos unidos, los que no nos vendimos ni vendemos, los que no dejamos la lucha a cambio de puestos en ministerios ni despachos oficiales, con todos nuestros caídos en la lucha, codo a codo, para barrer esta impunidad. Seguimos levantando las mismas banderas, por trabajo genuino y salarios dignos, contra el hambre y la represión. Porque las causas por las que murieron Kosteki y Santillan siguen presentes, mientras la economía crece a un 8% anual pero los únicos beneficiarios han sido los acreedores extranjeros, el FMI y los grandes monopolios dueños de la economía junto con los servicios privatizados que gozan con el beneficio de millonarios subsidios; mientras el gobierno falsifica las estadísticas del Indec para ocultar la verdadera inflación, pobreza y desocupación.
El 26 de junio del 2002 peleábamos por un subsidio universal para los trabajadores desocupados acorde con la línea de indigencia y a 5 años el estado cuenta hoy con enormes reservas monetarias y hace oídos sordos de este reclamo que beneficiaria a millones de indigentes.
En estos días el movimiento piquetero esta nuevamente en la calle, como lo hicimos el pasado martes 12 de Junio en La Plata, cuando una columna de más de 12.000 compañeros, enfrentó la política del gobierno de Sola de reducir las partidas de alimentos con que se sostienen cientos de comedores y merenderos de nuestros movimientos.
Desde este histórico Puente le decimos a Sola, a Kirchner, a todos los que hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir peleando en defensa de lo que conquistamos luchando.
Que nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, pero también por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura; por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con el compañero junto al que salimos a luchar y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.
