Grassi tuvo verdaderos privilegios personales que evitaron su detención.
Grassi tuvo verdaderos privilegios personales que evitaron su detención.
No es el único abusador libre desde que se inicia un proceso penal contra él (el de Grassi empezó en 2002), en esto juegan todos los prejuicios sociales, la estigmatización de las víctimas, y las tristes reglas generales que rigen en estos casos: nunca se le cree a la víctima, salvo excepciones. Siempre el abusador convence al resto, sobre todo allegados, que es víctima de una falsa denuncia que intenta desprestigiarlo, cuando en realidad se trata del peor delito elegido para una falsa denuncia, porque justamente es el delito en el que de peor manera está parada la víctima frente a la sociedad y al propio proceso penal (con funcionarios que reproducen a rajatablas los mandatos sociales).
Hace muchos años, desde el movimiento de mujeres, venimos sosteniendo con entereza, que ante una víctima que denuncia, hay que partir de creerle. Por todo lo que implica para esa persona poder rebelar esa situación, por la vergüenza que hay que vencer en una sociedad de la que nadie es ajeno. En estos casos, justamente por todas esas razones, predomina el silencio. Cuando alguien se anima a denunciar, es necesario acompañar a esa víctima, con todos los resortes estatales que en la mayoría de los casos o no existen, o juegan al revés.
Pero con más razón hay que creer el relato de un abuso cuando se trata de niños. Porque si bien un niño seguramente no tiene dimensión de las consecuencias de sus actos, lo cierto es que si relata un hecho que no se condice con su edad evolutiva, no estará relatando una fábula, sino una vivencia.
La prueba fundamental en un caso de abuso, por realizarse sin testigos, es el relato de la víctima, y luego las pericias psicológicas, que aplican técnicas específicas para determinar si la persona ha sido expuesta a una situación como la relatada. Luego están los testimonios no de aquellos que vieron algo (lo que ocurre en mínimos casos), sino de aquellos que recibieron el relato de la víctima, en qué circunstancias de angustia, llanto, etc., fue revelado el trauma padecido.
El delito de abuso sexual es un delito que merece un tratamiento especial, por producirse siempre sin testigos. De no tratarlo de forma especial, se garantiza la impunidad de este delito siempre.
No obstante todo esto, en el caso de Grassi, teníamos desde el 2009 una condena, que tuvo por probado el abuso sexual y la corrupción de menores. No estábamos en la situación en la que la Justicia no le creyó a la víctima. Por eso condenó, y por eso también, resulta más insólito mantener su libertad. ¿Fue artimaña de los abogados? Habrán existido, desde ya. Pero el problema fue la Justicia que lo condenó y sin embargo no lo detuvo. En la misma sala de audiencias se ha condenado, desde ya por delitos menores y a menos pena, pero la detención al acusado operó acto seguido de dictada sentencia. Grassi tuvo el privilegio que le dio la Justicia, como si tuviera fueros personales (¿por ser cura? ¿por tener amigos del poder?). La única Justicia ante estas conductas, para los habitantes argentinos, que nos rige a todos sin excepción, es el Código Penal de la Nación, y los respectivos códigos procesales penales. Todos deberíamos ser iguales ante esa ley. Grassi le escapó a la aplicación de esas leyes, como otros poderosos (Blaquier, dueño de Ledesma, procesado por crímenes de lesa humanidad y libre) a diferencia del resto de los habitantes en las mismas circunstancias. Pero la desigualdad por lo menos terminó el 23 de septiembre, quedando detenido en Ituzaingo. Es alarmante que el obispado de Morón continúe sembrando dudas sobre la responsabilidad de Grassi en los hechos aberrantes. Y no cabe justificar tanta desigualdad. Pero por lo menos ahora, sabemos que un joven empezó a ser reparado, que alguien empezó a pagar por todo el daño y las marcas que dejó a su víctima.
