—¿Cómo ves este proyecto de Ley IVE y las implicancias que puede tener para la salud pública?
—Como médica estoy con altas expectativas de que este proyecto pueda ser aprobado en el Senado, y que pueda ser aprobado como está. Porque desde hace décadas asistimos a la necesidad de acompañar a mujeres que están decidiendo interrumpir su embarazo, y que ese acompañamiento no siempre se puede dar con el marco jurídico que tenemos. Cuando no acompañamos, lo que estamos generando es el abandono de una mujer a una situación de altísimo riesgo que es el aborto clandestino.
Claramente, lo que está en discusión no es aborto sí o aborto no, sino que el aborto es legal o es clandestino. Y en esta discusión, la diferencia fundamental está en el riesgo que la mujer corre cuando se realiza la práctica. Ese riesgo tiene una diferencia abismal en una u otra situación: cuando una mujer interrumpe el embarazo de manera legal, segura y en una institución de salud que cuente con las condiciones o con la medicación y la consejería adecuada, el riesgo es ínfimo: es de 0,7 cada 100.000 mujeres, en relación a la tasa de mortalidad. Cuando no hacemos ese procedimiento, y dejamos a la mujer librada a una situación de aborto clandestino, ese riesgo aumenta más de 100 veces.
Entonces, de lo que hablamos es si vamos a seguir permitiendo que corran un riesgo de 100 a 1.000 veces mayor, o como Estado vamos a cuidar la salud de las mujeres cuando decidan, por las múltiples razones que una mujer decide interrumpir un embarazo.
Y en ese sentido, no somos los equipos de salud quienes debamos juzgar o decidir acerca de la legitimidad de ese pedido de interrupción; el marco jurídico que tenemos hace que seamos los médicos o los equipos de salud quienes decidimos qué mujeres van a interrumpir sus embarazos en un marco de seguridad y de legalidad, y qué mujeres tendrán que recurrir a un aborto clandestino.
Ni qué hablar cuando hablamos de la condición social a la que pertenecen las mujeres que más riesgo corren. Porque si bien todos los abortos ilegales tienen un rasgo de inseguridad, por supuesto cuando las condiciones económicas son peores llevan a procedimientos mucho más riesgosos: el riesgo de muerte que tienen las mujeres —o los daños y secuelas— es muchísimo mayor que el de aquellas que en una buena situación económica puedan acceder a prácticas más seguras.
—En este debate surge el planteo de que con educación sexual y anticonceptivos, no sería necesario el aborto…
—El planteo es de una falsa interpretación y un falso argumento. Además de una hipocresía, porque los que sostienen eso son los mismos que se han negado sistemáticamente a que se provean métodos anticonceptivos en los hospitales y se han negado a que se garantice la Educación Sexual Integral en las escuelas, y en los hospitales de algunas provincias donde se han abandonado los métodos anticonceptivos en depósitos sin garantizar la provisión de los mismos.
En segundo lugar, es mentiroso porque por más que las personas usen métodos anticonceptivos, ningún método es 100% seguro. Todos los métodos anticonceptivos fallan. Para tener una idea: un anticonceptivo oral, de cada 100 mujeres que los usan, en el primer año hay 6 a las que les van a fallar. Y ese porcentaje es muy alto.
Ni qué hablar de los obstáculos que hay para acceder a la anticoncepción: ya sea por lo que implica el acceso al sistema de salud, la falta de turnos, en general los horarios de atención son los mismos que cuando las mujeres están trabajando, no pueden faltar a su trabajo para ir a buscar los métodos anticonceptivos. Y además, muchas veces hay resistencia de los propios equipos de salud para garantizar el acceso, poniendo condiciones innecesarias para entregarlos… Por lo tanto nosotros decimos que las tres cosas van juntas: Educación sexual, anticonceptivos y aborto legal seguro y gratuito.
—Entonces, la mayoría de las mujeres no tiene capacidad para elegir.
—Una mujer con capacidad de gestar, que pueda elegir, siempre va a elegir evitar un embarazo no planificado. Pero no siempre las personas pueden elegir. Y habrá que garantizar las mejores condiciones para que elijan. Pero aunque puedan elegir, los métodos fallan. O hay circunstancias que se modifican: mujeres que quizás están buscando un embarazo en determinado momento y cambian sus condiciones; que se separan de sus parejas, el marido cae preso, fallece algún familiar, pierden un trabajo. Es decir hay condiciones en las que a veces uno planifica una gesta pero después las condiciones cambian, y en esas condiciones la mujer decide que no puede tener un embarazo.
Por lo tanto nosotros planteamos que las tres patas van juntas: no es una u otra. Son las tres condiciones para que las mujeres puedan ejercer la autonomía y la libertad.
—¿Qué opinión tenés de los objetores de conciencia?
—La objeción de conciencia siempre está planteada como si fuera un derecho en contraposición con otro derecho. Pero en realidad, a mí me gusta el punto de vista que aporta una abogada feminista cuando plantea que la objeción de conciencia –y tal es su devenir histórico– es una excepción a cumplir ante una obligación. Por lo tanto, no es un derecho: es la posibilidad que alguien tiene de sentirse exceptuado a hacer lo que está obligado a hacer.
Lo que está primero es la obligación, lo que está después es la excepción. Y en ese sentido, cuando hay un derecho de otra persona, un profesional de la salud, ni qué hablar si encima forma parte del sistema público de salud, tiene que tener por delante absolutamente el derecho de la otra persona.
Por otro lado, las instituciones no tienen conciencia. La conciencia es de las personas. Por lo que jamás una institución podría ser objetora de conciencia, en todo caso sería objetora de derechos. Y eso sería ir en contra del derecho de las personas. No es una reivindicación de derechos propios.
Pienso que hay que ser respetuoso de las personas que por sus convicciones religiosas, o personales, sienten que no pueden realizar una práctica. Pero cuando un docente, por cuestiones ideológicas-religiosas no puede enseñar una parte de la historia, no está bien visto que omita una parte de la historia, y sería alguien incapacitado para la docencia. Por eso, alguien que eligió cirugía no puede decir que no puede realizar una operación porque tiene un problema de impresión con la sangre. Lo mismo con un obstetra: el aborto es una de las prácticas que los obstetras deben ejercer. Por lo tanto, es importante respetar los derechos de todos pero el Estado tiene que garantizar los derechos de la población. Y si no hay otro profesional que lo haga, por delante está el derecho de la persona a acceder a la práctica que la del profesional a exceptuarse. Y esto debería estar claro.
Yo conozco muchos profesionales que son objetores de conciencia pero están totalmente convencidos del derecho que tienen las personas, garantizan que esas personas accedan a la interrupción de embarazo, en el marco que la ley nos marca actualmente, aunque ellos mismos no lo hagan.
Por lo tanto, un objetor de conciencia tendrá que garantizar que otro profesional pueda hacerlo. Pero no es sacárselo de encima, sino que garantice que en un breve lapso y sin vulnerar más la situación de esa mujer, se haga correctamente.
—¿Cómo viene este debate con los profesionales?
—Desde hace muchos años se han organizado redes de profesionales que vienen trabajando en el tema: La Federación Argentina de Medicina General desde hace más de diez años, la Red por el Aborto Seguro, la Red por el Derecho a Decidir también hace muchos años. Lo que es nuevo es que se conformó la regional Noroeste de la Red de Profesionales para salir a defender a la médica de Tucumán. Y como dice la investigadora Lisa Jarris, la práctica del aborto seguro también es una cuestión de conciencia. Por lo tanto, los que tienen conciencia no son los objetores y el resto no tiene, sino que al contrario, quienes garantizamos el acceso al aborto seguro lo hacemos desde un lugar de mucha conciencia.
Hoy N° 1727 25/07/2018
