Durante la actividad, distintas delegaciones de comunidades inmigrantes realizaron una radio abierta, donde varios denunciaron la discriminación en oficinas públicas, escuelas, hospitales, hasta razias en los barrios que hace la gendarmería y la policía, con la excusa de perseguir a los narcos pero que “en lugar de perseguir a las cabezas que justamente no viven en las villas, sino que están bien cuidados, en viviendas de lujo en Nordelta, persiguen a los más humildes que viven en los barrios pobres y en las villas de Buenos Aires”, denunciaron en la radio abierta.
Varios de los que tomaron la palabra subrayaron la necesidad instalar el 30 de mayo como Día del Trabajador inmigrante, a causa del incendio en el que, en esa fecha, fueron víctimas un grupo de campesinos bolivianos que trabajaban en un taller clandestino en la calle Viale de Caballito. El año pasado, la Justicia procesó al encargado del edificio y al encargado de la logística y traslado de trabajadores bolivianos a nuestro país.
A propósito de instalar esta fecha, como Día del Trabajador Inmigrante, denunciaron las limitaciones que encuentran en Migraciones para conseguir el DNI, indispensable para pisar un hospital público o una escuela. Denunciaron el bullying o discriminación que niños argentinos, hijos de inmigrantes, sufren en las escuelas.
Carla, de la comunidad boliviana, de la asociación Yanapacuna explicó a este semanario la urgencia de “una política que eduque a los trabajadores y profesionales argentinos en los organismos públicos, como los médicos de los hospitales, para que no se nos rían en la cara cuando una hermana aimara no sabe explicar su dolencia”.
“Muchas veces nos cuestionan que nuestros países tienen leyes más duras para los inmigrantes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos que nuestros países adopten lo que el preámbulo de la Constitución Argentina dice que todos los que aceptemos este suelo seamos tratados por iguales. Para nosotros es un ejemplo. Nosotros amamos Argentina. Es nuestro hogar, y la vamos a defender. Pero no queremos ser vulnerados, no queremos ser tratados como de segunda; nosotros como migrantes sufrimos la doble precarización, los patrones pagan lo que se les antoja, extorsionándonos con nuestra condición de migrantes. Yo quiero cobrar un salario como manda la ley, no rebajado porque soy migrante”.
Carla destacó la necesidad de las comunidades migrantes de empadronarse para poder tener participación política activa y poder votar en nuestro país.
