Ayer asistimos a una exposición de Ezequiel Arrieta, médico y editor de “Un libro sobre drogas”, a la vez miembro de “El gato y la caja”. Luego de una breve presentación del concejal de la ciudad, Emilio Jatón y de Cecilia Nieto (Dir. de APRECOD) que expuso el trabajo de la Agencia provincial, Arrieta desarrolló sus aportes sobre “el derecho a las drogas” y la “reducción de daños” como políticas públicas. Me atrevo a aportar algunas ideas en torno al necesario debate frente a esta gravísima problemática de salud pública, considerada por no pocos profesionales como una “pandemia social de consumos”.
La exposición del médico evidencia una formación “renga”, una ruptura entre “la teoría y la práctica”, un “profesional de laboratorio” que quedó encerrado en la “caja” y no registra que la situación de consumos de sustancias y las adicciones constituye hoy una situación de emergencia. No indaga los por qué y quiénes son los responsables de esta situación. No existen los “efectores adictivos” (quienes producen, distribuyen y comercializan las sustancias); los cárteles, las redes de narcotráfico. Y desarrolla una teoría funcional a elevar los niveles de tolerancia social al consumo y asimismo bajar la percepción del riesgo en la población (y en las autoridades públicas). No señala el deterioro en la salud del consumidor (a quien denomina solo “usuario” y no señala los riegos de transformarse en alguien que abuse de sustancias y quede atrapado en la adicción). Termina fomentando una cultura “individualista”, propia del neoliberalismo, para incentivar la relación sujeto-sustancia que no necesita de otro, del “encuentro”, de “ser parte de un proceso grupal”, de “solidaridad”, de “organización y lucha colectiva”.
No existe la vulnerabilidad de la población y las escasísimas disposiciones internas que se tiene para relacionarse con las sustancias cuando se carece de todo, y se sufre la violencia de estar excluido. Tiene un gravísimo desconocimiento de la realidad de millones de jóvenes y niños adonde deben acudir las políticas públicas ¡de manera urgente con prevención del consumo y garantizarles a ellos y sus familias condiciones materiales de una vida digna!
A lo largo de su intervención jamás habló de la alarmante situación económica y social, la creciente pobreza e indigencia, los derechos humanos violentados con las políticas de ajuste, la expulsión del sistema educativo y laboral, la imposibilidad de acceder al deporte y la cultura a millones de pibas y pibes. No, nada de eso. Sí, destacó el “derecho violentado de consumir libremente sustancias”.
Todo, maquillado en una defensa de los derechos humanos y una apología de las “libertades individuales”.
Me pregunto ¿Qué libertades poseen los miles de jóvenes que han crecido en la desnutrición crónica, sin un techo digno, en barrios abandonados por el Estado, con abuelos, mamás y papás desocupados? La libertad de elegir las dos opciones del sistema: drogas y armas. Y en muchos casos, la muerte.
Un papelón teórico y políticamente funcional a quienes gobiernan con la complicidad del narcotráfico. Un joven profesional escéptico, que se rinde antes de pelear una pelea que nunca empezó ¿O acaso no se promueve desde el gobierno de Macri las leyes de “blanqueo de capitales”? ¿No recuerdan la fuente de financiamiento de laboratorios vinculados al tráfico de efedrina de la campaña de Cristina Kirchner? No fracasó la lucha contra el narcotráfico; nunca empezó.
En lo que respecta a las políticas de “reducción de daños” están íntimamente ligadas a este cuadro de situación que conlleva este diagnóstico profesional que “ha quedado encerrado en la caja”. Para ellos no existe una grave problemática de consumos y adicciones, solo afecta a una parte de la población que se debe “educar en el consumo”. Estos teóricos terminaron proponiendo que haya agua mineral en las fiestas electrónicas cuando murieron dos jóvenes en Rosario como “política pública”. Son los que enseñan “normas de higiene para el consumo”.
La reducción de daños puede ser parte de un tratamiento integral para una parte de la población. Pero la urgencia de las políticas públicas pasan por la prevención, la construcción de redes de organizaciones que desplieguen la “prevención comunitaria” con el protagonismo popular y que exija respuestas a aquellas causas estructurales que empujan a situaciones de violencias, de consumos y de muertes a miles y miles de jóvenes que sufren en sus cuerpos y mentes el lucro con sus vidas y a quienes este sistema propone anestesiar la rebeldía ante tanta injusticia cotidiana.
Esperamos que esto haya sido una mala elección de las autoridades provinciales a la hora de incorporar más elementos a una problemática compleja que requiere apertura a procesos de abordaje y aprender de otros. Pero, claramente. “el gato y la caja” se encuentra del lado de los que poco aportan a nuestros objetivos de alcanzar una niñez y juventud sana y plena en una vida feliz, materializando la consigna #NiUnPibeMenosPorLaDroga.
Escribe Pablo Landó (Miembro de la Mesa Ni un pibe menos por la droga de la ciudad de Santa Fe / Miembro del Partido del Trabajo y del Pueblo)
18/07/2018
Fuente: ptpsantafe.org
