De la documentación publicada surge claramente, que el Juez de la dictadura Alberto J. Silvestrini permitió que el cadáver de César Gody Álvarez, que ya estaba identificado, fuera escondido en el cementerio de Morón para que el crimen no se conociera.
Al mismo tiempo el Intendente de Morón Comodoro retirado Alberto Leo Orsolini prestó la estructura del cementerio municipal para esconder el cadáver.
De la documentación publicada surge claramente, que el Juez de la dictadura Alberto J. Silvestrini permitió que el cadáver de César Gody Álvarez, que ya estaba identificado, fuera escondido en el cementerio de Morón para que el crimen no se conociera.
Al mismo tiempo el Intendente de Morón Comodoro retirado Alberto Leo Orsolini prestó la estructura del cementerio municipal para esconder el cadáver.
No se confeccionó la partida de defunción, no se avisó a los familiares de la identificación del cuerpo a pesar de que en el expediente no solo existía el nombre del identificado, sino además, su domicilio en la ciudad de Bolívar.
Y completando el cuadro de complicidad con el crimen de la dictadura que secuestró y asesinó a nuestro camarada, este Juez estando probado en el expediente la existencia de un secuestro y un asesinato posterior, archiva la causa, porque en él “no se encuentra justificada la comisión de delito alguno”.
Después del 2001 como uno de los efectos políticos del Argentinazo comienza a cambiar la situación de impunidad pactada y acordada desde 1983 por el Estado Argentino para con los crímenes de la dictadura; entre otros fenómenos políticos, con las leyes que impulsó Patricia Walsh, Liberpueblo, conjuntamente con diversos organismos de derechos humanos para derogar las leyes de obediencia debida y punto final.
Sin embargo, quedaron vigentes hasta hoy los pactos secretos firmados sobre esta cuestión por el ministro de defensa del gobierno de Alfonsín. Esto incide entre otras cosas en que no se abrieran los archivos de la dictadura militar.
El gobierno, como parte de la construcción de una nueva hegemonía en las clases dominantes, hace de los derechos humanos una bandera política y al impulsar las Mega Causas solo centra el golpe en las cúpulas de la dictadura, y los represores que sean reconocidos por las víctimas. Son falsos defensores de los derechos humanos, que hoy impulsaron y aprobaron la Ley Antiterrorista.
El gobierno le soltó la mano a las cúpulas anteriormente protegidas y excluidas de las investigaciones que ahora sí son los llevados a juicio, sumando condenas y condenas a los mismos represores, en general de alto rango, o muy conocidos y asumidos represores, pero al mismo tiempo las Mega Causas tienen muchas dificultades y lentitud, para investigar al resto de los represores y llegar a la verdad material de los hechos.
Estos juicios transforman al Estado y a la Justicia en meros receptores de datos que tienen que aportar las víctimas, sus familiares y amigos, y los organismos de derechos humanos. El estado no juega un rol activo en la investigación, ni siquiera abren los archivos de la dictadura.
Esto es lo que ocurre en la Mega Causa del centro clandestino “La Perla” en Córdoba, con más de 2500 víctimas, causa en la que se han presentado 200 denuncias o causas, y sólo fueron tomadas en cuenta hasta ahora 17, quedando afuera la causa de René Salamanca y las de 200 víctimas más.
Con este panorama tratamos, hace muchos años, de jugar como abogados de los familiares y del partido un papel activo en los cuatro juicios relacionados con el asesinato de Cesar Gody Álvarez.
En este camino, cuando registramos que la comisión de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires impulsaba encontrar cuerpos ocultados en cementerios, jugamos activamente para localizar su cuerpo: en el expediente, en el trabajo en común con los antropólogos forenses, en las investigaciones en el cementerio, y con la inestimable colaboración de las hermanas de Gody.
Una vez encontrado y devuelto a su familia y a su partido, pese a nuestras exigencias de continuar la investigación en el juzgado federal de Morón aprovechando los datos y pruebas ya obtenidos e incorporados al expediente, el juez, sorpresivamente se declaró incompetente y remitió el expediente a la Mega Causa del Primer Cuerpo del Ejército, donde se investigan más de 7000 causas, que tienden a limitarse en condenas a las cúpulas, previa eternización en el tiempo de duración de las investigaciones.
Luego de la devolución del cadáver la única investigación seria subsistente es la que realizamos nosotros y la familia con las limitaciones que tiene, al no tener la intervención del estado.
En el caso de Gody Álvarez queremos saber quiénes lo secuestraron, quiénes lo mataron, quién dio la orden y eligió la figura. Sin abrir los archivos de la dictadura las Mega Causas llevarán inevitablemente a que la cúpula tenga una condena más, pero que se oculte el significado político que tuvieron los asesinatos casi simultáneos de los dirigentes y mártires del proletariado argentino Cesar Gody Álvarez y René Salamanca.
Algo más sobre el asesinato de César Gody Álvarez por la dictadura militar
Publicamos como documento histórico parte del expediente judicial, tramitado en 1976, a las resultas, del cuerpo encontrado flotando en el río Reconquista. Dicho cuerpo resultó ser el de César Gody Álvarez, dato que el juzgado penal de Mirín, no tenía el inicio de la investigación, y así tramitó en en forma rutinaria una investigación correcta, hasta que le informan de quién se trata, y en horas archiva el expediente.
Publicar y dar a conocer partes completas de estos expedientes, ayudan a estudiar la historia reciente, la criminalidad de la dictadura militar, sus cómplices civiles en el aparato judicial y administrativo, como ilustra, asimismo, el pacto que todavía sigue vigente, de impunidad para parte del aparato represivo, con excepción de las cúpulas y aquellos que sean reconocidos y llevados a juicio por tareas de investigación de los familiares, de los organismos de derechos humanos, y de las propias víctimas, cumpliendo el Estado un rol prácticamente pasivo en la investigación.
Hemos publicado el hábeas corpus, tramitado en abril de 1976, a favor de Cesar Gody Álvarez, que los lectores pueden leer en Política y Teoría Nº 73. 1
Ahora publicamos partes del expediente 9-8576-3, que tramitó desde el 5 de mayo de 1976 ante el juzgado penal de Morón, a cargo del Dr. Alberto J. Silvestrini.
Sus partes dicen muchas cosas sobre el crimen cometido, y sobre la complicidad de los estamentos judiciales y administrativos. Se lo confundió con un linyera, y luego se preguntaron en qué lugar se lo depositó como NN.
El cementerio contesta informando que fue entregado al cementerio por una empresa de pompas fúnebres el 3 de junio de 1976. Este dato es clave, porque es el día en que fue identificado, por los datos de las huellas dactilares.
Reproducimos el informe del 3 de junio, del jefe de criminalística, identificando el cadáver.
A pesar de estar identificado, fue enterrado como NN el mismo día de su identificación.
Y, acto seguido, se le informa al juez que estaba tramitando un hábeas corpus a su favor.
El juez, de inmediato, archiva la causa, por no existir delito alguno para investigar.
Reproducimos la sentencia, para que nuestros lectores tengan información de fuente directa. Estos documentos dicen mucho sobre cómo actuaba la dictadura.
Por último, en la tumba, colocaron otro cuerpo arriba, el de Hortensia Gramajo, que había fallecido en un accidente.
Una tumba que contenía dos cuerpos, y figuraba uno solo.
En la próxima nota vamos a dar a conocer partes del otro expediente, mediante el cual se logró identificar el cuerpo, varias décadas después.
