El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa desarrollando una agresiva política de despidos, descuentos e incumplimiento de las leyes paritarias vigentes y de la propia Constitución provincial. La gobernadora Vidal ha presentado en la Legislatura Provincial una serie de proyectos de ley y firmó un Decreto que constituirán el sostén jurídico de estas medidas regresivas y que preparan jurídicamente el terreno para flexibilizar y precarizar aún más el Estado provincial. El proyecto denominado de “Emergencia Administrativa y Tecnológica”, en nombre, precisamente, de esa “supuesta” Emergencia, levanta controles al sector privado que vaya a hacer negocios con el Estado, deja prácticamente en pasividad operativa a los organismos de control y precariza más a los trabajadores. Mientras habla de “emergencia” el ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto –que la Legislatura aprobó- que es casi el reflejo del gasto ejecutado el año 2015.
Negocios del gobierno
Además, la provincia ha tomado deuda y parte de esos dólares decidió que no eran necesarios para obras en la provincia y los giró al Banco Central para que el gobierno nacional contenga la escalada del valor del dólar.
También avaló gastos por encima de lo presupuestado en las funciones de Educación, ya que autorizó la posibilidad de contratar empresas y personal privado para hacer tareas en reemplazo de las asignadas a los trabajadores del sector (Resolución 142/16), es decir que está financieramente en condiciones de duplicar el gasto en salario de las tareas de más de 50.000 trabajadores. Esto provocó una airada reacción por parte de los trabajadore, particularmente los nucleados en ATE.
La segunda parte del Proyecto cuenta con la injerencia del Poder Ejecutivo sobre la Ley 10.430, pasando por encima la Ley de Paritarias y de la Constitución Provincial, ya que elimina del Régimen de Personal de la Ley 10.430 a los contratados. Es decir los contratos que, hasta hoy, estaban dentro de la Ley 10.430, como figuras con derechos reguladas bajo el empleo público, desaparecen. Y crean, en el marco de la Ley de Emergencia, un régimen del contrato de servicios que llaman “autónomo”, a título personal, para justificar la desprotección, la precariedad e inestabilidad que a partir de ahora tendrán quienes sean contratados o re contratados por el Estado.
Proyecto violatorio de la administración pública
Por otra parte, el gobierno presentó un proyecto de Ley llamado “Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires”. Este proyecto se asienta en conceptos como la gestión por resultados, gestión de calidad, la economía y racionalidades administrativas y otros aspectos que se aplican en el sector privado. A estos dos proyectos hay que sumarle la firma del Decreto 230 por parte del gobierno de Vidal con fecha 28/3/2016.
Este decreto, en cuanto a las delegaciones en materia de personal, es igual que el Decreto 574 del 12 de febrero de 2001, firmado por el entonces gobernador Ruckauf. Por medio del mismo, Vidal le delega y atribuye funciones a sus ministros, por las cuales estos pueden designar, cesantear, trasladar y suspender personal, prorrogar plazos de sumarios administrativos, ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas, asignar becas, disponer ascensos, reubicaciones y traslados de agentes, acordar bonificaciones especiales o adicionales cuyo otorgamiento esté reglamentado, fijar el valor de la hora extra realizadas por los agentes, dejar sin efecto las designaciones de personal cuando no se hubiere tomado posesión del cargo, etc.
Muchas de las funciones que delega la gobernadora deben ser y son actualmente discutidas y decididas en el ámbito Paritario. Este Decreto da por tierra con los proyectos de convenios colectivos, nueva carrera administrativa y escalafón, superadores de la actual Ley 10.430, presentados en los ámbitos paritarios, como las discusiones y avances logrados entre las organizaciones sindicales y los distintos gobiernos. Además, la gobernadora tendría en carpeta otro anteproyecto de decreto que, con la excusa de mantener el equilibrio financiero dentro de la emergencia, decidiría el congelamiento de las vacantes y la suspensión de designaciones en curso.
Toma de consejos escolares
La reacción de ATE, en conjunto con las seccionales opositoras de Suteba, fue la movilización y toma de los consejos escolares. El resultado de esa lucha fue un importante triunfo parcial, dado que muchos de esos consejos escolares rechazaron (mediante actas firmadas) la Resolución 142/16 que establece que personal no estatal contratado pueda entrar a trabajar a las escuelas cuando los auxiliares ejercieran su derecho de huelga. Un dato político muy importante es que dichos rechazos de los consejos escolares fueron firmados por consejeros escolares radicales y del PRO. Los Consejos Escolares que rechazaron la Resolución 142/16 son, entre otros, Quilmes, La Plata, La Matanza, Tigre, Berisso, San Pedro, Lanús y Berazategui.
Como resultado de la lucha y de la presentación judicial de ATE en forma conjunta con Soeme, en la que se plantea la ilegalidad de los descuentos compulsivos efectuados de manera discrecional por el gobierno, el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata firmó una medida cautelar que intima al gobierno a devolver, en un plazo de cinco (5) días, todos los descuentos que la Dirección General de Escuelas realizara a los auxiliares que se encontraban cumpliendo medidas de fuerza.
Vamos al gran paro del 19 de abril
Para el 19 de abril, ATE ha convocado a un paro nacional con movilización para los trabajadores del Estado nacional, provinciales y municipales el próximo 19 de abril, promoviendo la unidad con otras organizaciones sindicales, sociales y populares (entre ellas la CCC). Los reclamos son: la reincorporación de los trabajadores injustamente despedidos; la inmediata reapertura de las paritarias para discutir la precariedad laboral y los aumentos de los salarios, y para respaldar las luchas en todo el país.
El 18 de abril el Centro de Jubilados de ATE instalará una carpa frente al Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley por el 82% móvil y en defensa del sistema previsional público y solidario.
