Los debates que se dan en los medios dan por sentado que la causa de la crisis energética es la falta de inversiones y que esa falta obedece al retraso en las tarifas: “alguien tiene que pagar”. No se cuestiona el problema de fondo: la continuación de las concesiones y prebendas a las petroleras, más allá de que se paguen en forma directa a través del tarifazo de Macri o en forma indirecta a través de subsidios con fondos públicos.
El plan estratégico para una energía al servicio de las necesidades del pueblo requiere:
- En primer término, la expropiación total de YPF SA y su conversión en Sociedad del Estado, para transformarla en la empresa señera y líder del desarrollo necesario.
- Auditar y revisar todos los contratos de concesión de áreas petroleras y gasíferas, tanto convencionales como no convencionales, revirtiendo a favor del Estado Nacional todos aquellos en los que se verifiquen incumplimientos de las obligaciones contraídas, especialmente de inversión en recuperación de reservas e incremento genuino de la producción.
- Nacionalizar todas las fuentes de riqueza natural, empezando por el petróleo y el gas, en todo el territorio y el mar argentino, anulando la reforma constitucional que otorga “dominio originario” a las provincias sobre los yacimientos naturales y derogación de la “ley Corta” N° 26.197, que les otorga “dominio jurisdiccional”, con lo cual se han creado feudos petroleros en la República.
- Reformar la base legal y jurídica que privatizó y desmembró los servicios públicos haciéndolos imposibles de integrar racionalmente y de otorgarles eficiencia de gestión. Nacionalizar los que por su envergadura y misión sean incompatibles con el interés sectorial y privado.
- Asegurar que los Organismos de Control de los servicios públicos: Enargas, ENRE, Inaguas, incorporen por ley y reglamento a los usuarios y consumidores, a través de sus organizaciones representativas, a fin de participar del control social que requiere la naturaleza de sus fines constitutivos.
Preguntas
El gobierno nacional actual, a diferencia del anterior, reconoce la existencia de una grave crisis energética en nuestro país. Entonces, como responsables de la actual gestión pública energética, en esta audiencia pública deberán responder lo siguiente:
- ¿Por qué se han convalidado en los hechos las actuaciones de los actuales concesionarios, sin discriminación alguna, en materia de exploración, explotación, transporte y distribución, y qué destino se ha dado a los informes de la Auditoría General de la Nación que reflejaban numerosas irregularidades en la gestión de YPF Sociedad Anónima?
- ¿Cuáles han sido en el período pos convertibilidad de nuestra moneda los costos de producción que sustentan el precio de gas en boca de pozo y el consecuente precio en el punto de ingreso al sistema de trasporte (PIST), que representa más del 70% del valor de la tarifa de gas?
- ¿Por qué se ha continuado con políticas de fijación de precios políticos para los concesionarios productores de gas y petróleo (por encima de los precios internacionales), que encarecen ficticiamente el valor de sus producciones, lo que luego se traslada a la tarifa que paga el consumidor?
- ¿Por qué no se transparenta la estructura de costos del sector, a fin de impedir que la Nación y el pueblo argentino sean rehenes de las mentiras de los que han sido adjudicatarios de los contratos de concesión correspondientes a los tres componentes que inciden en la tarifa de gas?
- ¿Cómo se pueden asegurar tarifas con precios “justos y razonables” si se sigue ocultando al consumidor la estructura de los costos de producción, transporte y distribución? ¿Y quién dice sino el propio Poder Ejecutivo que esas tarifas aseguran la provisión del servicio de gas “en términos justos y razonables”? ¡El PEN es juez y parte!
- ¿Podría un aumento del precio verse justificado en una “situación económica-financiera” crítica de la empresa, pero por su ineficiente o fraudulenta gestión?
- ¿Entiende el Poder Ejecutivo que el concepto de precios “razonables” implica partir de que el servicio de gas hace al derecho fundamental del hábitat social y familiar, y debe ser accesible a todos los ciudadanos, y no solo a los que puedan pagar la tarifa?
- La Resolución (MEyM) N° 31/2016 dispuso que la tarifa debe estar vinculada al cumplimiento de un plan de inversiones obligatorias para las licenciatarias: ¿Por qué no se ha auditado y no se ha hecho público la verificación sobre el cumplimiento de los planes de inversión de los contratos de concesión y de licenciatarios de servicios públicos? ¿Qué medidas se han tomado para garantizar dichas inversiones? ¿Cuáles han sido las empresas incumplidoras y cuales las sanciones aplicadas?
- ¿Qué acciones se han encarado desde la administración del Estado Nacional de los recursos básicos y estratégicos como son los provenientes del petróleo y el gas natural, habida cuenta de las conocidas prácticas vaciadoras y fraudulentas de los monopolios privados, mayoritariamente extranjeros, muchas veces en connivencia con la corrupción del sector gobierno?
