De prosperar este proyecto, según informa La Nación del domingo 19, todas estas prestaciones tendrían una recomposición de apenas un 5% en marzo próximo y otra que podría ser de similar magnitud en junio de 2018. Se vulnera así la garantía constitucional de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
De prosperar este proyecto, según informa La Nación del domingo 19, todas estas prestaciones tendrían una recomposición de apenas un 5% en marzo próximo y otra que podría ser de similar magnitud en junio de 2018. Se vulnera así la garantía constitucional de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Este proyecto de ley cambia la actual fórmula de movilidad fija, por la que se calculan los aumentos de marzo y septiembre de cada año. Siguiendo esta fórmula, que toma los índices en base a su evolución por semestre calendario, los aumentos, en marzo de 2018, no tendrían que ser menores a un 12% por el período julio-diciembre de este año. Sin embargo, la ley que pretende hacer aprobar el gobierno nacional cambia esto con retroactividad.
Esto, porque el texto prevé que la primera de las cuatro actualizaciones que habría cada año sea en marzo y siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) del Indec correspondiente al tercer trimestre del año previo, y dicho índice en ese período de este año resultó del 5%. Aunque, para que sea menor el “costo político” del senador Pichetto y los gobernadores invertebrados, el macrismo accedió agregar “un poco más”, en la recomposición de junio, que en el proyecto final se traduce como un adicional equivalente al 5% de la evolución que haya tenido el producto bruto interno (PBI).
En términos prácticos, como se prevé que el PBI en el semestre en curso aumentaría un 4%, el adicional sería de 0,2% para el aumento de marzo de 2018. Para una jubilación de $7.000, se trataría sólo de $14. Ese sería el “poco más” del ajuste por la inflación del cuarto trimestre de este año, que dijo acordar el gobierno. Una sangrienta burla a todos los trabajadores y sus hijos, con la que se sancionaría un nuevo saqueo a sus ingresos, que en total se estima en 110 millones de pesos. Además, la actualización por inflación vendría siempre con un atraso de seis meses.
Este saqueo no sólo en la actualización de las jubilaciones y pensiones, sino también en la actualización de la asignación universal por hijo, el salario familiar y los pagos no contributivos, se realiza para cubrir el desfinanciamiento de la Anses por la transferencia de ingresos de todos los trabajadores al sector empresario que implica la eliminación progresiva de los aportes patronales al sistema jubilatorio, hasta un monto de 11.500 pesos actualizable por la inflación (hoy, número 1694).
Este robo viene acompañado de una modificación en la legislación laboral que supuestamente daría libertad para que las personas puedan decidir seguir trabajando más tiempo luego de haber cumplido la edad de retiro. Hoy no existe la obligación de jubilarse cuando se llega a la edad mínima (60 años las mujeres y 65 años los varones), pero según la ley de contrato de trabajo, el empleador puede intimar desde entonces a la persona a tramitar su jubilación, siempre que tenga cumplidos los requisitos legales.
Por la modificación que propone el gobierno la empresa sólo tendría derecho a esa intimación cuando el empleado haya cumplido 70 años. Así, las mujeres podrían mantenerse en su trabajo 10 años más y los varones, 5 años más. Con la miseria que el gobierno augura a los actuales y futuros jubilados, se estima que “hay unas 40.000 personas, entre las que se jubilan cada año, que estarían dispuestas a seguir trabajando”, según el ministro Triaca. ¿No es para conmoverse por tanta “generosidad” con nuestros mayores?
