Respecto a la lucha de Gualeguaychú hay dos causas abiertas. Una, en la que el gobierno es querellante, que comprende el comienzo del corte de la ruta nacional 136 a la altura de Arroyo Verde hasta el año 2010, cuando se levanta la medida del corte para dar una tregua para negociar con el gobierno en una asamblea que fue televisada. Por esa causa se hizo la audiencia en la Cámara de Casación el 10/08/2011.
Respecto a la lucha de Gualeguaychú hay dos causas abiertas. Una, en la que el gobierno es querellante, que comprende el comienzo del corte de la ruta nacional 136 a la altura de Arroyo Verde hasta el año 2010, cuando se levanta la medida del corte para dar una tregua para negociar con el gobierno en una asamblea que fue televisada. Por esa causa se hizo la audiencia en la Cámara de Casación el 10/08/2011.
En esa causa, la presidenta Cristina K, firma el decreto 866 del 2010, donde le dio instrucciones al procurador general de la Nación, Joaquín Da Rocha, que después renunció, para que acuse a 10 asambleístas de 14 delitos distintos, lo que incluye desde el corte de ruta hasta el homicidio (porque hubo una muerte por un accidente con un acoplado que estaba cruzando la ruta), hasta los delitos de sedición y atentado contra el orden democrático institucional. Sedición tiene penas muy grandes, es un crimen contra el orden constitucional.
El juez resolvió archivar esta causa porque consideró que los vecinos de Gualeguaychú no habían podido entender la decisión sobre el corte. El juez de Concepción del Uruguay de primera instancia resolvió no tener en cuenta el delito de sedición sino solo el de corte de ruta por el artículo 194. Pero el gobierno nacional los acusó de sedición y atentado contra el orden democrático.
¿Derecho a la vida o derecho de libre tránsito?
Respecto del delito de corte de ruta el juez de primera instancia consideró que los vecinos de Gualeguaychú que participaron en el corte no podían entender que eso era un acto criminal; dado que el Estado nacional, ante el Tribunal Arbitral del Mercosur y ante el Tribunal Internacional de La Haya, había defendido el derecho a cortar la ruta 136 diciendo que el derecho a la vida era superior al derecho de libre tránsito y que el corte era un derecho, un ejercicio legítimo así como la Legislatura provincial declaró el lugar del corte como paraje de interés provincial y monumento público, y que el presidente Néstor Kirchner, con 14 gobernadores, fue al lugar del corte y declaró que era una causa nacional.
Con ese fundamento, el juez de primera instancia resolvió archivar la causa, pero no los sobreseyó.
Frente a esa decisión, apeló la Fiscalía y se hizo una audiencia en Paraná el año pasado. El Tribunal de Paraná, por un tema técnico, desestimó la apelación del fiscal; y la Cámara Federal de Paraná resolvió que no correspondía la apelación y consideró que lo que correspondía hacer era reordenar la causa y enderazarla correctamente contra los que pudieran ser autores de los delitos denunciados. Con ese dictamen, si bien la Cámara desestimó la apelación del fiscal, no respaldó la decisión del juez sino que dijo “esta causa es muy desprolija, debería ser reencausada correctamente”.
Contra esa decisión de la Cámara, el fiscal Federal de Paraná, que a su vez es el fiscal general ambiental de Gualeguaychú, que es quien acusa a los asambleístas, presentó recurso ante la Cámara de Casación. Y la Cámara de Casación dictó sentencia diciendo que la sentencia de Paraná no es susceptible de ser apelada en casación, con lo cual le rechazó el recurso al fiscal. Esto no quiere decir que los asambleístas de Galeguaychú hayan sido sobreseídos o que la causa haya sido cerrada.
La causa ahora vuelve a primera instancia y el juez hará lo que considere correcto, lo cierto es que ya opinó que el delito no puede ser punible.
Es difícil que la causa avance porque ya está dicho que no hay delito, pero no está cerrada. Han sido dos las victorias de los asambleístas, tanto el fallo de Paraná como el fallo de Casación, en los dos no se le dio la razón al fiscal. De igual manera que el juez de primera instancia no le había dado la razón al fiscal ni a la presidencia de la Nación, con lo cual en esa causa los asambleístas vienen victoriosos.
Tal como pasa en todas las causas de criminalización de la protesta social, la situación de hecho que se da es que las causas no se cierran fácilmente y penden como una espada de Damocles sobre la cabeza de los asambleístas, o de los vecinos, o de los piqueteros, o de los trabajadores que pelean. Con lo cual se da una situación paradojal: por un lado ganan pero por otro lado no se cierra la causa, con lo cual la coacción que implica tener una causa abierta por sedición sigue estando y hay que seguir peleando para que esa causa se cierre definitivamente.
La otra causa
A su vez esa causa no es la única, hay otra que está en el juez de primera instancia, donde se imputan a 27 asambleístas por los cortes que se produjeron en septiembre del 2010. Esos cortes no fueron tales, sino que fueron asambleas que se hicieron a la vera de la ruta, convocadas por la Asamblea Ambiental, cuando se terminó el plazo de la tregua que se le dio al gobierno en el 2010, y este no dio ninguna respuesta al reclamo.
Fueron cuatro asambleas cuatro domingos por una horas, y ahí la Gendarmería, por instrucciones del gobierno nacional, les inició una causa a los que ellos consideran dirigentes de los que participaron en esas asambleas. Acusan a todos los que fotografiaron en el momento que tenían el micrófono, por lo que queda claro que se los imputa por ser dirigentes no por estar cortando, como clara medida de amedrentamiento a los efectos que dejen de pelear contra Botnia y por el derecho de Gualeguaychú a la no contaminación del río Uruguay.
En esa causa el juez de primera instancia los citó a indagatoria, los indagó a los 27 y la causa está abierta; no se decidió si los van a sobreseer, a procesar, o se va a dictar falta de mérito. En esto hasta ahora no hubo ninguna sentencia. Este juicio es solo por corte de ruta y el gobierno nacional no se presentó como querellante. En el otro juicio, el gobierno es querellante, es el máximo rol que puede tener el Estado como si no fuera suficiente tener los jueces y el fiscal. El gobierno es querellante, la firma es de Cristina Kirchner.
O sea que hay dos frentes en la justicia que son graves, los dos en contra de los vecinos de Gualeguaychú.
Es una pelea muy desigual, y está claro que el mayor efecto de la causa está en que pueda o no prosperar la situación de amedrentamiento, de coacción para tomar nuevas medidas de lucha, porque los acusan de delitos graves que tienen un efecto bastante intimidante. Sobre todo en la segunda causa, donde hubo un despliegue muy grande de Gendarmería: los fotografiaban a ellos, los autos, un helicóptero sobrevolaba la zona rasante, todo muy violento sobre los asambleístas que en 2006 defendían una causa nacional y hoy son sediciosos, según el mismo gobierno kirchnerista.
