El 12 de agosto un hombre asesinó de un escopetazo a su mujer de 30 años en la localidad de Loreto, Santiago del Estero. La mujer tenía tres hijos. Apenas dos días después, el 14 de agosto, una joven de 18 años fue asesinada a puñaladas por su pareja en Fontana, provincia del Chaco. Ese mismo día, un hombre mató a su ex mujer en la localidad bonaerense de Pilar, delante del hijo de ambos un pequeño de 7 años con síndrome de down. Al día siguiente, un hombre degolló a la madre y a la abuela de su ex esposa, en José C Paz. Y menos de 24 horas después, el 16 de agosto, Sebastián Soler mató de un balazo a su pareja Nadia Carmouze, de 28 años, en la localidad bonaerense de Castelli.
Este mes mostró de la manera más cruda, llevándose la vida de seis mujeres, cómo se ha agravado el problema de la violencia de género. Esta situación deja en evidencia la ausencia del Estado frente a este flagelo y desnuda que el gobierno de Cristina no toma medidas de fondo para frenar las muertes de mujeres.
Frente al drama de la violencia de género, el accionar de la justicia deja mucho que desear. Las mujeres que deciden denunciar deben enfrentarse a muchas trabas, situaciones que las dejan desamparadas y las someten a una doble victimización ante la falta de una perspectiva de género y la burocracia propia de los tiempos de la justicia.
Pese a que la ley 26485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales ya lleva cinco años de sancionada, aun no se puso en marcha el Plan de Acción que establece el artículo 9. Según la ley la Ley 26485 el Consejo Nacional de las Mujeres debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Dicho plan deberá articularse y coordinar acciones con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal. De todo eso, ni noticias.
Asimismo, se han desplegado algunas acciones como el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, creado en el ámbito de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y en convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres. También el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia que cuenta con un Equipo de Violencia Familiar, el cual tiene una Brigada Móvil. ¿Cuál es el gran problema de estas medidas? Que sólo tienen ámbito de influencia en la Capital Federal; es decir, dejan en evidencia el centralismo en el desarrollo de las políticas públicas.
Que el gobierno declarara una ley de Emergencia en Violencia de Género permitiría garantizar el financiamiento necesario para que se crearan albergues y refugios que garanticen en lo inmediato la protección de la vida de las mujeres y sus hijos, pudiendo hacer frente a la emergencia y salir transitoriamente de los escenarios violentos. También establecer brigadas de emergencia que intervengan en la denuncias; y conformar en todo el territorio nacional unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica a mediano y largo plazo. Y, entre otras cosas, proporcionar la ayuda económica para aquellas mujeres a las que el maltratador les retira el sostén económico cuando éstas deciden dejarlos.
El gobierno de Cristina Kirchner se ha llenado la boca con las leyes aprobadas en el último tiempo en materia de protección de las mujeres. Leyes que se consiguieron con la lucha y la sangre de miles de mujeres. Sin embargo apenas el 0,0027% del Presupuesto Nacional se destina al órgano aplicador de la ley, el Consejo Nacional de las Mujeres, el que poco hace al respecto.
Durante 2013 se registró un femicidio cada 30 horas en Argentina. En total fueron 295 los casos fatales por violencia de género que se registraron el año pasado, el índice más alto de los últimos seis años. Las muertes de agosto, alarman. La violencia crece, las mujeres siguen muriendo y el gobierno parece no tomar nota de este flagelo. Por eso, urge redoblar la lucha para exigir que se declare la Emergencia en Violencia Sexual y de Género.
