El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Jujuy elevó al Tribunal de Ética dos denuncias contra la abogada Mariana Vargas con el objetivo de sancionarla. Una de las denuncias fue presentada por Salvador Antonio Sanchez, acusado de abuso sexual de una nena durante 7 años, y la otra por el médico Martín Aramayo acusado de abusar de una paciente.
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Jujuy elevó al Tribunal de Ética dos denuncias contra la abogada Mariana Vargas con el objetivo de sancionarla. Una de las denuncias fue presentada por Salvador Antonio Sanchez, acusado de abuso sexual de una nena durante 7 años, y la otra por el médico Martín Aramayo acusado de abusar de una paciente.
El Presidente del Colegio de Abogados de Jujuy Mario Mallagray –quien además es abogado de la empresa en la que trabajaba Sánchez y en la cual organizaciones de mujeres realizaron un escrache- pretende acallar al movimiento de mujeres con un castigo ejemplificador. Pero además, a quienes en el ejercicio de su profesión se comprometen con la defensa de las víctimas.
La abogada Mariana Vargas no violó la ética profesional cuando se comprometió personalmente con la condena social a un violador sino que ejerció el derecho a la militancia social y de género, por lo tanto, ese derecho debería ser protegido por el Colegio de Abogados.
Si sancionan a Mariana Vargas va a ser un golpe para todo el movimiento de mujeres, las víctimas de violencia de género y para todas las organizaciones sociales que necesitan de profesionales que pongan su profesión al servicio del pueblo. Por eso, reclamamos que las instituciones no protejan a los violadores, que protejan a las víctimas.
En definitiva, si el Colegio de Abogados de Jujuy sanciona a Mariana por haber defendido a las víctimas de sus abusadores, los violadores se sentirán más fuertes y las víctimas más débiles.
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