El martes 5 de julio, fueron allanados 23 locales y viviendas de compañeras y compañeros de la Corriente Clasista y Combativa de La Matanza, de la zona noroeste del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Estos allanamientos fueron ordenados por el juzgado federal 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, por una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado.
Como denunció la CCC el mismo 5/7, “Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras. El uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue “cajoneado” por la justicia macrista”.
La solidaridad popular se desplegó de inmediato, y el jueves 7 se realizó una multitudinaria conferencia de prensa en el Salón Blanco del Congreso, donde decenas de representantes de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas junto a diputadas y diputados denunciaron esta oleada represiva (ver aparte).
El mismo 5 se expresaron en las redes la UTEP, CTA de les Trabajadores, CTA Autónoma, Comisión Administrativa de ATE Seccional Ensenada, Agrupación Unidad Dignidad y Lucha, Molinos Río de la Plata Esteban Echeverría, Agrupación Docente Nacional Ana Sosa en la lista Azul y Blanca, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA), Asociación Campesina de Tucumán FNC.
Cómo fueron los allanamientos
Según pudo reconstruir este semanario a través de los testimonios y las denuncias, todos los operativos, en casas, comedores y locales, fueron efectuados y coordinados por la policía federal con un gran despliegue de efectivos y vehículos. Sólo mostraban las órdenes de allanamiento, sin dar razón alguna del motivo o del origen de la causa, más que “averiguación de delito”. En algunos de los domicilios entraron rompiendo puertas, amenazaron y pegaron a menores, y en algunos barrios desplegaron “un circo” como dijo uno de los policías, de uniformados, agentes de civil, motos y hasta tanquetas. Algunos de los policías implicados reconocieron “a vos te estoy escuchando hace dos meses” y “los estamos siguiendo hace cuatro meses”. Esto pone en evidencia que es a través de los celulares que obtienen datos y después los usan cuando les conviene para tratar de sacarnos del medio. En algunos allanamientos se llevaron dinero y pertenencias de los compañeros.
La compañera Julia Rosales, coordinadora de la CCC de la Zona Norte de CABA, y secretaria del PCR zonal nos decía que a su casa fueron a las 6 de la mañana, amenazando con que si no abrían rompían la puerta, en medio de la oscuridad: “consulté con la abogada, y les abrimos. La abogada, la compañera Paula Quinteros, vino enseguida pero no la dejaron entrar, estuvieron en mi casa revisando todo hasta las siete de la tarde. Se llevaron dinero de la cooperativa, hasta aguinaldo social de los compañeros, resultado de ventas de productos que hacemos nosotros, y papeles. Una muestra del desconocimiento y de las intenciones de estos allanamientos es que uno de los policías me preguntó si nosotros hacemos altas y bajas. Tuve que explicarle cómo es el mecanismo del Ministerio, que es el que evalúa el presentismo y da las altas y bajas”.
A la casa del compañero Gerardo Robbiano, secretario del PCR de la Zona Noroeste, llegaron efectivos de la policía federal cerca de las 8 de la mañana “a la misma hora que el resto de los allanamientos en San Martín”, con dos testigos. “Revisaron toda la casa, secuestraron algo de dinero, planillas de la CCC provenientes del Ministerio de Desarrollo Social; luego de un par de llamados como el del diputado Leo Grosso, un abogado y otras compañeras a las que le estaban allanando, me sacaron el celular, se llevaron cuadernos y una agenda, e hicieron un backup de la computadora. Me dejaron copia del acta de allanamiento, que sólo dice ‘averiguación de delito‘ pero no de lo que se llevaron. Se llevaron también la fotocopia de un documento que acompaña la ficha de afiliación al PTP de un compañero. En nuestra zona allanaron varias casas y locales. Una compañera que comparte terreno con otras tres casas, las allanaron a todas. Son compañeras de distintos barrios: Santos Lugares, Costa Esperanza, donde 20 policías interceptaron a una compañera y le hicieron abrir el local. Preguntaban si vendíamos mercadería. De la casa de otras compañeras se llevaron en una un paquete de yerba y en otra dos, como “prueba”. En Independencia entraron a la casa de una compañera y al local. Había mercadería con remito para el funcionamiento del comedor. La compañera les dijo “Acá tienen la blanca que están buscando”, señalando tres paquetes de harina. De la casa de una compañera se llevaron plata que tenía ahorrada”. El compañero Robbiano nos dice que “es importante no corrernos en política. Uno se acuerda del 75, el 76, cuando más allá de todo lo que sufrimos, y los compañeros caídos, nunca nos corrimos del blanco. Y eso ahora es fundamental en momentos que hay una situación institucional muy seria, más allá de los debates que tengamos sobre los planes en el Frente de Todos. Tengamos en cuenta además quién es esta jueza”.
Por su parte, Patricia García, de la CCC de Tres de Febrero, parte de la zona noroeste del GBA, nos contaba que a su casa fueron a eso de las 7 de la mañana, cuando no estaban ni ella ni su compañero, sólo sus hijos, menores, que les dijeron que no podían entrar. Rompieron la puerta amenazando a los pibes, y entraron. “Yo me enteré por mis compañeras de la CCC, y me fui volando del trabajo. Cuando llegué, a los minutos llegó mi marido. Los dos indignados le dijimos de todo a los policías, que habían destrozado la puerta y amenazaron a mis hijos. Estuvieron hasta las 4 de la tarde revolviendo todo. Mi hija menor quedó muy angustiada. Se llevaron dos paquetes de yerba y cinco membrillos, ‘porque dice no comercializar’, fue el argumento. En nuestra zona entraron en total a 11 casas y locales en San Martín Centro, Costa Esperanza, Costa del Lago e Independencia, hasta un comedor donde les damos de comer a 300 chicos. A una compañera, que estaba sola en su casa, le sacaron todos sus ahorros, con los que pensaba viajar a Paraguay. Hemos hecho reuniones con las compañeras y compañeros, y más allá de los miedos lógicos por la violencia de la situación, están muy enteros y para adelante”.
La compañera Pelusa Estévez es dirigente de la CCC de La Matanza, e integra la Mesa Nacional del Movimiento de Desocupados y Precarizados de la Corriente. A su casa en el Barrio Villa Unión llegó un fuerte dispositivo policial para el allanamiento. “Llegaron 7.30 de la mañana. Les dije, yo no tengo nada que ocultar. No maté a nadie ni robé a nadie. Revisaron toda la casa. Encontraron remitos de la mercadería, y algo de dinero. Nada que ver con lo que dijeron algunos medios. Ojalá nos devuelvan eso que dicen que encontraron. Buscaban fotocopias de documentos, y no encontraron nada. Dentro de la casa no hubo maltrato. Pero hicieron mucho circo afuera. Motos y hasta una tanqueta antidisturbios. Había sólo un grupo de compañeras y compañeros en la puerta de mi casa. Me enoja mucho que cuando se fueron, desde uno de los patrulleros le tiraron gas pimienta a la gente. Y les dije que yo vivo de mi trabajo, lujos no tengo, como ellos pudieron comprobar. Estoy tranquila, firme y de pie. De rodillas no me van a tener”.
Conferencia de prensa en el Congreso
El jueves 7 de julio se realizó una multitudinaria conferencia de prensa en el Congreso con dirigentes de todas las organizaciones sociales, de muchos gremios, organizaciones de derechos humanos, diputadas y diputados, que repudiaron la persecución a la CCC y la ocurrida al día siguiente en Jujuy.
Se abrió la conferencia con la lectura de un documento conjunto de organizaciones y movimientos populares.
Luego habló el compañero Juan Carlos Alderete, coordinador nacional del Movimiento de Desocupados y precarizados de la CCC, miembro del Comité Central del PCR y diputado nacional por el PTP-PCR en el Frente de Todos. Juan Carlos afirmó que las organizaciones sociales están sufriendo una acción coordinada de la justicia macrista que está al servicio de los poderosos, denunciando que “sufrimos 23 allanamientos en la provincia de Buenos Aires a locales y comedores y casas de dirigentes de nuestra organización. En Jujuy, el gobernador fascista Morales repite el ataque a organizaciones hermanas con 16 allanamientos y detenciones”, señalando que han reactivado causas del Movimiento Evita en La Pampa y en Santa Fe, y en Chubut van a juicio oral compañeros de la CCC y otras organizaciones.
Alderete denunció al macrismo: “vienen por las organizaciones sociales y esta convocatoria es un hito en su defensa contra aquellos que nos quieren hacer desaparecer”. Agradeció la presencia de los diputados del Frente de Todos y del FIT, aseverando que “principalmente nos vamos a tener que defender también en la calle para dar respuesta al avance de esta derecha reaccionaria”.
De la conferencia de prensa participaron, entre otros: Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, Norma Morales de Somos Barrios de Pie, Marianela Navarro del FOL, Alejandro Garfagnini de la Tupac Amaru, Hugo “Cachorro” Godoy de la CTA A y de ATE, Silvia Saravia de Barrios de Pie-Libres del Sur, Gildo Onorato del Movimiento Evita, Agustín Lecchi del Sipreba, Eduardo Montes de Fetraes, Albina Vides de Asoma-FNC, Luis D´Elía de la FTV, Dina Sánchez de la UTEP, Lito Borello Org. Los Pibes, Gastón Harispe de Octubres, Eduardo Belliboni del Polo Obrero, Vilma Ripoll del MST. También las diputadas y diputados nacionales Verónica Caliva, Leonardo Grosso, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Natalia Souto, Myriam Bregman y Romina Del Plá, legisladores de CABA como Alejandro Amor, personalidades de derechos humanos como Diana Kordon, autoridades del CELS y autoridades académicas de la Undav. Mandaron su adhesión Walter Correa del Sindicato de Obreros Curtidores y de la CGT.
Se destacó la presencia de las compañeras Julia Rosales y Pelusa Estévez, dos de las dirigentes que sufrieron el allanamiento de sus casas.
Resaltó Alderete la fortaleza de los compañeros/as que sufrieron los allanamientos, donde inclusive golpearon a chicos, a mujeres, rompieron comedores donde se da de comer todos los días, afirmando que “unidos no nos van a poder vencer, son más los acuerdos que las diferencias para defendernos como clase”, y propuso una reunión el 15 de julio para organizar una gran jornada en repudio al avance de la justicia del macrismo contra las organizaciones sociales.
Seguidamente hablaron muchos de los dirigentes y diputados presentes, reafirmando la necesidad de reforzar la unidad popular para enfrentar esta ola represiva, de judicialización, persecución y estigmatización a las organizaciones sociales, que instrumenta la derecha macrista y otros para sacarnos de las calles.
Quién es la jueza Alicia Vence
La magistrada a cargo del Juzgado Federal de Instrucción número 2 de San Martín es Alicia Vence, quien está al frente de este Juzgado desde hace diez años, tras pasar por el juzgado de Claudio Bonadío en la Ciudad de Buenos Aires, y también por la Procuración General de la Nación.
Esta es la jueza que ordenó los allanamientos a las casas y locales de compañeras y compañeros de la CCC, reactivando una causa de tiempos del gobierno de Macri. La causa surge por una denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión macrista, en el mes de diciembre de 2019. Después de dos años sin movimiento y sin ningún elemento que habilitara la medida, la jueza Vence ordenó escuchas telefónicas a dirigentes sociales de la CCC, ordenando finalmente 23 allanamientos. La causa es una clara excursión de pesca que busca criminalizar a la CCC como organización social.
Vence, como consigna un reciente artículo en el sitio letrap.com.ar “duerme por años los expedientes que involucran a la pata civil empresaria”, y detalla “Allí permanecen en una parálisis casi plena las causas que investigan el secuestro, las torturas, el asesinato y la desaparición de trabajadores y trabajadoras de la zona norte del Conurbano y de la provincia de Buenos Aires: autopartistas de las Ford y Mercedes Benz; metalúrgicos de Techint, ceramistas, obreros y obreras de astilleros”.
Un fiel ejemplo de la justicia que favorece a los poderosos y persigue a los sectores populares.
Hoy N° 1921 13/07/2022
