Al revocar el sobreseimiento la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza de Primera Instancia que profundice la investigación sobre Sergio Berni, entendiendo que el sobreseimiento revocado fue apresurado. Esta afirmación (que fue apresurado) se sostiene en la existencia de pruebas suficientes en la causa para imputar a Berni de la comisión del delito de privación abusiva de la libertad (art. 144 bis inc. 1 del Código Penal) que prevé penas de 1 a 5 años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo. La pena puede agravarse (siendo de 2 a 6 años de prisión) en caso de que se determine que las detenciones se cometieran con violencia o amenazas o con fines de venganza.
Por su parte se logró que se acepte como querellante a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El argumento utilizado para admitirlos fue que los hechos denunciados y que deben ser investigados están vinculados a violaciones a derechos humanos.
Este es un hecho político de enorme importancia, ya que se ha puesto en su justa dimensión la decisión del Gobierno Nacional de detener a 68 manifestantes en una Unidad Militar, situación que no había sucedido desde el 10 de diciembre de 1983.
No puede pasarse por alto que el destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo donde estuvieron privadas de su libertad durante 20 horas, los 68 compañeros fue parte del Centro Clandestino de Detención que funcionó allí. La participación de Gendarmería y de su destacamento está probada en el informe de Conadep “Nunca Más”, en sus páginas destinadas a Campo de Mayo donde estableció que “Se accede al mismo (al CCD el “Campito”) por un camino que comienza al costado de las dependencias de Gendarmería Nacional, que es de tierra, y por otro camino, actualmente asfaltado, que comienza frente al polígono de tiro en forma perpendicular a la izquierda de la ruta que por dentro de la guarnición une la ruta 8 con Don Torcuato. (…) La custodia (del CCD) la cubría personal de Gendarmería Nacional y el lugar estaba bajo dependencia del Comando de Institutos Militares”.
Ahora la causa deberá volver al Juzgado Federal de San Isidro donde continuará su trámite y ante el cual los organismos de derechos humanos exigiremos que la causa avance y no quede cajoneada.
Esta decisión judicial de revocar el sobreseimiento de Berni es una victoria del campo popular, un límite a la profundización de la represión que lleva adelante el gobierno nacional y un hecho más de la lucha que llevamos adelante para que la crisis no la paguen los trabajadores ni el pueblo.
