El referéndum revocatorio boliviano del domingo 10 fue otro jalón en la cinchada entre la oligarquía fascista y proimperialista y las fuerzas populares.
La consulta popular ocupó el centro de la escena política, en una batalla que sumó todos los ejes de esa confrontación: la nueva Constitución, las “autonomías” regionales, las políticas reformistas del gobierno.
Ensoberbecida por su victoria en los plebiscitos departamentales –aunque con resultados fraudulentos e inflados–, esa oligarquía imaginó que podría voltear a Evo manteniendo la fachada “constitucional”, y lo desafió proponiendo a través del partido reaccionario PoDeMos un referéndum para revocar los mandatos tanto del Ejecutivo nacional como de los gobiernos provinciales si no alcanzaran el mismo porcentaje de votos que cuando fueron electos en diciembre de 2005.
Tarde percibieron (con “ayuda” de encuestas que les expuso el mismo embajador yanqui) que el respaldo nacional a Evo sigue siendo muy alto y que ellos mismos podrían perder sus cargos, y rehicieron precipitadamente su estrategia sembrando el escenario de provocaciones y tensando la cuerda hasta el borde de la guerra civil para impedir la realización del revocatorio.
No lo lograron: el revocatorio se hizo y, aunque parcialmente, los golpeó. Morales sacó más del 60%, muy por arriba de cuando fue electo presidente.
Conspiración oligárquica, gobierno reformista, lucha revolucionaria
Los partidos y los prefectos representantes de los latifundistas y empresarios petroleros, mineros y sojeros fueron golpeados en su proyecto de fracturar el país al servicio de la alianza oligárquico-imperialista. El gobierno de Evo Morales reafirmó su fuerza electoral.
Pero el triunfo en el referéndum no resolverá la situación de “poderes paralelos” que las oligarquías del “Oriente” crearon de hecho con los referéndums regionales sobre “autonomía”, sino que probablemente la acentúe.
Durante la campaña electoral los partidos reaccionarios volvieron a atizar el tema de las autonomías en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (cuyos prefectos fueron ratificados en votaciones muy altas) para organizar una huelga de hambre por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), movilizar por la capitalía plena de Sucre y bloquear aeropuertos provinciales para impedir el arribo de Evo, con el fin de acosar y desgastar al gobierno, y en definitiva de impedir la aprobación de la nueva Constitución.
Sectores combativos de la clase obrera boliviana están en plena lucha por el cumplimiento de la “Agenda de Octubre” (de 2003): (gas, petróleo y minas en manos del estado, tierra para los campesinos; salario, empleo y jubilación digna para los trabajadores).
En busca de la unidad popular
Las palancas fundamentales del Estado siguen en manos de la derecha fascista ligada a las oligarquías terratenientes y empresariales –como la que encabeza el monopolista agroindustrial Branko Marinkovic–, que controlan lo fundamental de la economía y del aparato estatal del país: el Senado, el aparato judicial, la mitad o más de las gobernaciones, los medios de comunicación, las universidades, la iglesia.
Y está por saberse si los altos mandos del Ejército respetarán hasta el fin su declamada fidelidad al régimen institucional.
Si esa derecha logra conservar sus fuerzas hará un embate tras otro y apelará al golpe de estado y a la dictadura, a la persecución racista y hasta a la guerra civil para “tumbar al indio”, como dicen abierta y cínicamente los fascistas cruceñistas.
La repugnante agresión de una de esas bandas al desnudar y apalear en la calle a un grupo de originarios partidarios del MAS en Chuquisaca en mayo pasado, fue un signo del tipo de “libertad” que preparan. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, llamó abiertamente a las Fuerzas Armadas a derrocar a Evo Morales.
El país sale del referéndum tan o más dividido que antes. La derecha proimperialista y oligárquica no se atendrá alegremente a los resultados, sean en la proporción que sean. Los prefectos revocados no se irán tranquilamente a su casa. La conspiración antipopular y contra Evo seguirá en curso.
Habrá que ver si el gobierno de Evo está dispuesto a cambiar su política conciliadora hacia los enemigos de la nación boliviana, y si podrá capitalizar su fuerza electoral e ir más allá.
Las fuerzas revolucionarias –como las nucleadas en la Alianza Revolucionaria Antiimperialista– pugnan por hacer avanzar la unidad y la organización popular para enfrentar y aplastar en todos los terrenos necesarios a las bandas oligárquicas, barrer de las gobernaciones a los prefectos revocados, ampliar los aspectos democráticos de la nueva Constitución, consolidar la repatriación de la economía, restablecer el carácter universal y solidario de las pensiones jubilatorias, y profundizar el “saneamiento” de tierras en el camino de una reforma agraria integral.
