La derecha oligárquica, duramente golpeada por el abrumador triunfo de Evo con más del 67% de los votos en el referendo revocatorio del 10 de agosto, reactivó la conspiración y lanzó ahora la “desobediencia civil”. Evo convocó por decreto para el 7 de diciembre a un nuevo “referendo nacional constituyente, dirimitorio y aprobatorio”. Toda la manada oligárquico-fascista salió a aullar calificándolo de “dictador”, profiriendo insultos racistas contra los “indios” y anunciando que impedirá la consulta en las provincias del “Oriente”.
Constitución, latifundio y nuevos prefectos
La nueva consulta deberá dar sanción definitiva a la Constitución, aprobada en diciembre del año pasado por la Asamblea Constituyente pero rechazada por la derecha de los gobernadores y “cívicos” del llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde). Aunque en febrero la Cámara de Diputados fijó la fecha del referéndum aprobatorio del proyecto para el 4 de mayo, el Senado –con mayoría de Podemos, el partido reaccionario del ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga— bloqueó la ley, al tiempo que la derecha y sus bandas fascistas desataban una ofensiva brutal para impedir su aprobación. Evo contraatacó entonces convocando al referendo revocatorio del 10/8 en el que relegitimó su gestión, aunque a nivel provincial también fueron confirmados los prefectos (gobernadores) golpistas de Santa Cruz y el Beni.
La convocatoria al próximo 7 de diciembre incluye también una consulta popular para dirimir si se aprueba o no el artículo 398 del nuevo texto constitucional, referido a la cantidad de hectáreas de tierra que podrán poseer los particulares. Como la ofensiva oligárquica impidió definirlo en la Asamblea Constituyente, allí se deberá decidir si el límite a partir del cual se considerará latifundio es de 10.000 o 5.000 hectáreas.
El nuevo referendo determinará también la elección de nuevos prefectos en los departamentos de La Paz y Cochabamba, cuyas autoridades fueron revocadas el 10 de agosto. El mismo 7 de diciembre habrá elecciones de subprefectos de provincias y consejeros departamentales.
Pichones fascistas contra la “raza maldita”
La oligarquía terrateniente e industrial –hoy principalmente latifundistas sojeros y aceiteros, intermediarios de distintos imperialismos aunque socios políticos privilegiados de los yanquis–, sabe que el nuevo referéndum constitucional puede ser decisivo, ya que de aprobarse deberían acatar la nueva Constitución o plantear abiertamente la separación de sus provincias, violando la unidad y la soberanía nacional y cosechando el repudio del pueblo boliviano.
Al igual que en la reacción a la revolución nacionalista de 1952, y en el sangriento golpe de Banzer contra el general reformista Juan José Torres en 1971, la conspiración golpista y separatista tiene su nido en Santa Cruz, con su prefecto Rubén Costas, y el dirigente del Comité Cívico Branko Marinkovic. Muchos de esos “próceres” regionalistas se llenaron de tierras y créditos estatales bajo la dictadura banzerista.
Apenas conocida la masiva ratificación de Evo Morales el 10 de agosto, las jaurías paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista salieron a cortar rutas y a cometer agresiones y provocaciones contra activistas campesinos y contra oficinas del gobierno central. Un racismo repugnante inspira a esos pichones de terroristas de la oligarquía. “¡Fuera la raza maldita de nuestra tierra!”, ladraban en Santa Cruz refiriéndose a los collas a los que salieron a apalear.
Los ganaderos del Beni iniciaron el corte del suministro de carne a los departamentos occidentales, donde predomina el apoyo a Evo Morales. Los dirigentes de la conspiración amenazaron también con tomar las instalaciones petroleras y gasíferas. El gobierno las puso bajo custodia militar y anunció que los daños intencionales serían descontados del presupuesto de las gobernaciones responsables.
El reclamo “autonómico” de los entreguistas viene montándose en la exigencia de restitución del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que el gobierno de Evo impuso a la renta petrolera para pagar la “Renta Dignidad” –una ayuda social a los bolivianos mayores de 60 años que no cobran jubilación–, y para distribuirlo entre las prefecturas, municipios y universidades. El gobierno reformador de Evo impuso el control nacional sobre la producción petrolera: mientras el grueso de esa renta estaba en manos imperialistas, a ninguno de esos fantoches oligárquicos se le ocurría reclamar su reintegro.
