Esto no implica desconocer que los gobiernos kirchneristas, y el de Cristina en particular, no sólo no hicieron nada por investigar a los responsables del atentado en la mutual judía que causó 85 muertes, sino que buscaron un acuerdo con el gobierno iraní que le permitiera “limpiar los expedientes” a sus funcionarios acusados de participación en el atentado. Este entramado incluyó el asesinato del fiscal Nisman, quien fuera el promotor de la acusación que después toma Bonadío.
Como le gusta a este juez, de larga trayectoria servil al poder político, desde la “servilleta de Corach” a la actualidad, pasando indemne los 12 años de kirchnerismo, Bonadío armó un operativo mediático que incluyó garantizar cámaras de televisión en Río Gallegos a las 2 de la mañana, cuando metieron preso al exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini, así como en la detención de Luis D’Elía.
En estos días han surgido infinidad de especulaciones sobre porqué Bonadío activó en este preciso momento político la acusación de “traición a la patria” por el Memorándum con Irán, impulsado por el gobierno de Cristina en el 2013. Algunos recuerdan la asiduidad de los almuerzos entre el juez federal y el senador Picheto, para concluir que es una manera de incidir en la interna del peronismo. Otros, mencionan el servilismo de Bonadío para todo lo que huela a “poder” político o económico y su promesa de “vendetta” contra la expresidenta.
En el terreno jurídico, la principal crítica a la sobreactuada medida tomada por el juez federal, es plantear que los atentados fueron actos de guerra por parte de Irán, país con el cual no sólo no estábamos en conflicto bélico, sino con el que el Estado y gran cantidad de empresas privadas mantenían relaciones comerciales. Ni hablar del “olvido” de incluir entre los “traidores a la patria” a todos los diputados y senadores que aprobaron el Memorando.
Más allá de las especulaciones, la discutible decisión de Bonadío es funcional a la judicialización de la política que crece junto a la represión abierta en el gobierno de Macri, y vuelve a correr el eje de lo principal para avanzar en la investigación del atentado de la AMIA, que como reclaman los familiares y sobrevivientes, es la apertura de todos los archivos de los servicios secretos del Estado, que permanecen impunes a más de 20 años de los hechos.
