El pasado viernes 3/3, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva fue obligado a declarar en una causa que investiga la red de corrupción que envuelve a la petrolera estatal Petrobras, las principales empresas constructoras de Brasil, y varios funcionarios políticos del gobernante PT y también del PMDB.
El pasado viernes 3/3, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva fue obligado a declarar en una causa que investiga la red de corrupción que envuelve a la petrolera estatal Petrobras, las principales empresas constructoras de Brasil, y varios funcionarios políticos del gobernante PT y también del PMDB.
La Fiscalía de Brasil calcula que las operaciones de lavado de dinero entre 2004 y 2012 ascienden a 8.000 millones de dólares.
Alrededor del “Lava Jato” (lavadero de autos), como se denomina esta investigación que se desarrolla desde hace dos años -y por el cual ya hay más de 20 empresarios y funcionarios presos- se libra una gran batalla política económica entre distintos sectores de las clases dominantes brasileñas, y entre los principales partidos políticos.
Entre los detenidos se encuentra Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor empresa constructora de Brasil, acusado de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios de alto nivel en la empresa petrolera estatal Petrobras para obtener lucrativos contratos de construcción.
Está claro que los opositores al gobierno de Dilma Rousseff están aprovechando el “Lava Jato” para desgastar al oficialismo, cuyo mandato vence en el 2018, y tratan de reactivar el juicio político (impeachment) contra la presidenta.
La disputa por Petrobras
Detrás de toda esta historia de corrupción, está la disputa por Petrobras, ubicada en el puesto 14 entre las grandes petroleras del mundo.
A fines de febrero, el Senado de Brasil aprobó una ley, conocida como PLS 131, por la cual se quita la exclusividad de Petrobras en la explotación de los gigantescos yacimientos de petróleo encontrados en el fondo del mar frente a las costas del país hermano. Este yacimiento se conoce como “presal”, como se denomina a un conjunto de rocas que se extiende por debajo de una extensa capa de sal sobre el fondo marino, y tiene reservas para cubrir el total de la demanda brasileña por cinco años.
Distintas fuerzas políticas brasileñas han denunciado el PLS 131 como “malo para Brasil”, ya que implica una pérdida de la soberanía y le abre las puertas a las grandes multinacionales de hidrocarburos. La aprobación en el Senado fue posible gracias a un acuerdo entre legisladores opositores (impulsores del proyecto), y oficialistas, ahora debe pasar a diputados.
El escándalo por la citación a Lula se da además en momentos en que la economía brasileña atraviesa por su peor recesión en 25 años, con una suba del desempleo que llevó a la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo en el 2015.
