El Salvador es un país atravesado por guerrillas de narcotraficantes, con uno de los índices más altos de pobreza en América Central. Bukele aprovechó el hartazgo por la falta de acción y falsas promesas de los partidos políticos tradicionales, y en 2019 ganó la elección, con gran exposición en las redes sociales. La reelección inmediata está prohibida por la Constitución salvadoreña, pero Bukele logró una que la Corte Suprema lo autorice mediante una resolución.
Distintas organizaciones internacionales acusan a Bukele de no respetar la división de poderes constitucionales. Con apoyo del Congreso, donde posee gran mayoría, en 2021 destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. También destituyó al fiscal general y a un tercio de los 690 jueces (a los mayores de 60 años o con 30 años de servicio). Luego la Corte Suprema autorizó su reelección.
Una parte de la Iglesia también está en contra de las medidas de Bukele: El sacerdote jesuita y docente de la UCA Rodolfo Cardenal dijo que en el país se vive “la negación del derecho constitucional y los derechos humanos”.
Nayib Bukele logró gran popularidad (tiene la aprobación del 90% de los salvadoreños) con “su” guerra contra las pandillas, las llamadas maras salvadoreñas. Las pandillas mantenían el control del 80% del territorio del país, según el gobierno, y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas. Para combatirlas, desde hace más de un año se aprobó un régimen de excepción que permite a la policía y el ejército hacer arrestos sin orden judicial. Este régimen ya se prorrogó 14 veces en el Congreso y suspendió derechos constitucionales como la libertad de asociación y reunión (como en un estado de sitio), suspendió derechos durante un arresto (no proveer un abogado, ni informar los motivos de la detención), aumentó el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permitir a las autoridades la intervención en las correspondencias/celulares sin una orden judicial. Medidas que no respetan ninguna garantía democrática, eliminando por completo el estado de derecho.
Se produjeron más de 70 mil detenciones ilegales (un 1% de la población del país). Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó “la prisión más grande de América”. La ONG Cristosal dijo que hasta abril de este año 153 reclusos murieron “bajo custodia del Estado”. También se denunciaron detenciones arbitrarias basadas en el aspecto físico, torturas y asesinatos dentro de los centros de detención. Muertes por tortura, tratos inhumanos con laceraciones, hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación y ahorcamiento.
Para seguir ganando simpatía entre el pueblo, Bukele declaró: “así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos”.
Escribe Rodrigo Cruz
Hoy N° 1968 05/07/2023
