Hace ya un año y cinco meses que nuestro compañero Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido, cuyo testimonio resultara fundamental en la condena dictada a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco del genocidio ocurrido en la Argentina durante los años 1976 y 1983.
Se ha realizado desde entonces una investigación que a la fecha no registra imputados, líneas firmes ni calificación del hecho.
Las organizaciones firmantes y otras instituciones nacionales e internacionales sostuvimos desde el primer momento que estábamos frente a un secuestro, donde uno de los fines era impedir la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, del cual el que condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz resultó el primero.
Su predecesor Felipe Solá y el entonces Ministro de Seguridad León Arslanián, reconocieron públicamente) esta hipótesis y que estábamos frente a un hecho de claras connotaciones políticas donde la intervención de miembros de la Policía Bonaerense era más que probable. A pesar de esto, nada hicieron para impedir que esa fuerza direccionara, entorpeciera y manipulara el curso de la investigación, tal como se desprende de la causa judicial.
Por ello, ponemos en su conocimiento que hemos solicitado al Juez Federal a cargo de la causa, Dr. Arnaldo Corazza, que aparte de la investigación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que los elementos que constan en la causa acreditan cabalmente que la Policía ha obstaculizado intencionalmente la investigación, realizando las medidas ordenadas por el Poder Judicial de manera formal y solo para evitar las sanciones que acarrearía una lisa y llana negativa. Ha desviado y encubierto líneas investigativas, tal el caso del entonces Superintendente Oscar Alberto Farinelli; ha omitido realizar medidas de prueba que se le solicitaron, en especial cuando éstas involucran uniformados.
Las derivaciones de la investigación nos han permitido demostrar lo que hace más de veinte años sostenemos: que en las estructuras y mecanismos de funcionamiento de los organismos de seguridad prevalecen comportamientos heredados de la dictadura militar y consecuentemente se premia con la impunidad los actos represivos y delictivos.
Por todo lo expuesto, creemos también necesario manifestar que la fuerza a la que –de acuerdo a sus declaraciones públicas y las de su Ministro de Seguridad- pretende darle “mayor poder de fuego” y para la que solicita a la sociedad “tenga confianza en ella”, está integrada por[1]:
• 9026 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1983, es decir, que fueron formados bajo la conducción de Ramón Camps, Pablo Ricchieri y Miguel Osvaldo Etchecolatz
• 3102 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1979, es decir, el período donde la Policía tuvo en funcionamiento casi 30 centros clandestinos de detención, y participó del secuestro, tortura, asesinato, apropiación de niños y desaparición de más de cinco mil personas
• Casi un centenar de miembros cuyo legajo acredita en forma fehaciente que revistaron en centros clandestinos de detención. De ellos, fueron pasados a retiro solo treinta y seis. El Ministerio de Seguridad informó esto pero se negó a dar los nombres, porque “estaba en juego la gobernabilidad de la fuerza” según nos dijeron en la última reunión que mantuvimos.
• De los veinticuatro jefes departamentales que esta gestión designó, doce están incluidos en el referido listado de 9026 efectivos ingresados a la fuerza con anterioridad a 1983.
Por otra parte, recientemente se ha informado que el Ministerio de Seguridad estudia un plan que incluye la coordinación de esfuerzos, capacidades y medios de las agencias de seguridad privadas con la Policía.
Paralelamente se informa que se proyectan nuevas inspecciones a las agencias de seguridad a fin de que cumplan los requisitos para funcionar.
Debemos denunciar que durante estos años, las agencias de seguridad privadas han sido en muchos casos el reducto de represores, miembros exonerados de la fuerza e incluso miembros en actividad, en abierta violación a la ley que reglamenta su funcionamiento. Tal es el caso del listado “agencias de seguridad con represores” incluido en la causa judicial “Jorge Julio López s/Desaparición”, realizado con datos oficiales.
No podemos soslayar la gravedad de conformar un ejército de más de 120.000 miembros, con capacidad operativa y poder de fuego, so pretexto de la “inseguridad” que asola a la Provincia.
La dimensión de la seguridad representa un campo necesariamente enfocado en la perspectiva del respeto irrestricto a los Derechos Humanos y en tal sentido, para las organizaciones firmantes, la inseguridad es también no saber quienes secuestraron a nuestro compañero, y sobre todo la certeza de que la fuerza de seguridad de la que Ud. es responsable, garantiza la impunidad de su desaparición.
Por todo lo expuesto exigimos:
1. la inmediata exoneración de todos aquellos integrantes de la Policía Bonaerense responsables de las graves irregularidades cometidas en la causa en la que se investiga la desaparición de Julio López, en especial, los Superintendentes Roberto Máximo Silva, Hugo Matzkin y Oscar Farinelli,
2. la inmediata exoneración de los miembros de la Policía que revistaron en centros clandestinos de detención durante los años 1976-1983,
3. la entrega al Poder Judicial de la nómina de todos los policías que estuvieron en actividad durante los años 1976 a 1983, reiteradamente negada a pesar de los requerimientos judiciales,
4. la inhabilitación para funcionar de todas aquellas agencias de seguridad que tengan represores en sus filas,
5. la prohibición de integrar agencias de seguridad de privadas a los miembros de la Policía exonerados de la fuerza,
Firman: Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Central de Trabajadores Argentinos – La Plata (CTA), Asociación Anahí, Comité para la defensa de la Salud , la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh), Comité de Acción Jurídica (CAJ), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Lberpueblo,
HIJOS La Plata, Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Unión por los Derechos Humanos de La Plata, Casa de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza
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[1] Datos suministrados por el Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, marzo de 2007
