Lucía una niña de 11 años, tucumana, de una zona rural de la provincia, llegó al hospital público con 16 semanas de embarazo, producto de una violación por parte de la pareja de su abuela con quien vive. Tanto ella como su mamá pidieron de mil maneras que se le practicara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya que su condición encuadraba perfectamente en las causales del Código Penal. Sin embargo, Lucía fue víctima de un entramado de relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Sistema de Salud, el Poder Judicial y las Iglesias con el fin de impedir que accediera a sus derechos.
Finalmente, luego de un largo mes, Lucía fue intervenida realizándosele una cesárea, Lucia no accedió a la ley que la amparaba.
¿Qué ocurrió en ese mes y medio de tortura y secuestro en un hospital público de la provincia? El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud jugó abiertamente para impedir la práctica, argumentando mil y una excusa, amenazando y asustando a su familia. Desde la patria potestad de los adultos que la representan, hasta acatar la demanda judicial que sin tener que actuar, les “impuso” no proceder a la práctica de la ILE, que actuó de oficio y conminó mediante dos oficios impedir que se cumpliera con la ley, aduciendo leyes provinciales de defensa de la vida desde la concepción.
Las declaraciones del Director de Salud diciendo que Lucía pesaba 50 kilos y podía parir, hasta el comunicado del Sistema Provincial de Salud de ese día que planteaba que “se dará cumplimiento a la doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’”.
Todos los argumentos tuvieron por objetivo demorar la práctica en procura de la maduración del feto para que fuera viable y obligarla a ser madre.
El gobernador Manzur hizo declaraciones públicas afirmando que en Tucumán se cumple la Educación Sexual Integral. Hipócrita y mentiroso ya que su bloque en la legislatura nunca adhirió a la ESI ni a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y que entre gallos y medianoche su bloque presentó sobre tablas y sin debate previo la declaración a la provincia como Pro vida.
Los sectores antiderechos jugaron abiertamente rezando en la puerta del hospital amedrentando a su personal y haciendo declaraciones a favor de las dos vidas, atormentando a una niña violada y embarazada. Párrafo aparte merece el Arzobispo de Tucumán que declaró públicamente el nombre verdadero de la niña, violando todos los derechos de los niños, que se basan en la confidencialidad. Llama la atención que este personaje nunca dio el nombre de ningún cura pedófilo. Los sectores evangelistas hicieron lo suyo en cada sede de su religión y en las plazas públicas llamando a impedir que Lucia acceda a la ILE.
El movimiento de mujeres repudió este accionar y se realizaron marchas y declaraciones públicas en camino a la marcha del 8 de Marzo, exigiendo la renuncia de la Ministra de Salud Rosana Chahla y su Secretario de Salud Dr. Vigliocco. Al día siguiente a la cesárea se realizó una concentración en el SIPROSA (Sistema de Salud Provincial) y posterior marcha a la plaza Independencia donde los sectores antiderechos quisieron levantar como un triunfo “las dos vidas”.
No es casual que en medio de esta tragedia el Presidente se refirió a las mujeres. Las declaraciones de Macri en su discurso en el Congreso de la Nación lleno de mentiras y haciendo uso de un oportunismo canalla, habiendo disminuido el presupuesto para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y todos los programas de salud de las mujeres, tuvo el tupe de hacer balance de su accionar para proteger nuestros derechos.
Lucía sigue internada para “preservarla” y “cuidarla”, la marca de la cesárea en su cuerpo perpetúa el horror de la violación y el vejamen de un Estado que no preserva ni cuida a las niñas violadas, que no son incubadoras, ni reservorio de fetos no deseados. Esta práctica nuevamente arrasa con la subjetividad de una niña que no está en condiciones de parir y maternar.
Escribe Vicki Disatnik
