El sábado por la noche, tras cinco días de paro, los trabajadores de la Línea 60 suspendieron la medida. Al cierre de esta edición mantenían reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en reclamo de la reincorporación de cuatro compañeros despedidos, y denunciando la flexibilización laboral.
El sábado por la noche, tras cinco días de paro, los trabajadores de la Línea 60 suspendieron la medida. Al cierre de esta edición mantenían reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en reclamo de la reincorporación de cuatro compañeros despedidos, y denunciando la flexibilización laboral.
La semana pasada, los trabajadores salieron a la lucha ante los reiterados incumplimientos de una patronal negrera, el grupo Dota, los actuales dueños de Micro Ómnibus Norte SA (Monsa), que firmó varios acuerdos en conflictos anteriores, y no cumplió ninguno.
La paralización de la línea 60, que cubre un amplio recorrido entre la zona de Constitución en la Capital Federal, y en norte del Gran Buenos Aires, causó gran preocupación en el gobierno, que salió inmediatamente a descalificar la lucha, apoyando a los empresarios. Así, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria al día siguiente de tomada la medida de fuerza, cuando la empresa se negaba a reincorporar a los despedidos, y se dedicó a hostigar a los delegados.
Los trabajadores, reforzando el paro, tomaron la cabecera de la empresa en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, realizaron marchas al Ministerio de Trabajo, e intentaron cortar Panamericana, lo que fue impedido por un gran despliegue de las fuerzas represivas.
El gobierno de Cristina Kirchner, en otra muestra de cómo encara los conflictos laborales, mandó al secretario de Seguridad a realizar declaraciones en los medios amenazando a los trabajadores en lucha, a los que descalificó con el conocido sonsonete de “minoritarios”.
El sábado a la tarde, un fiscal ordenó el desalojo de la cabecera de Maschwitz, y en pocas horas se desplegó un gigantesco operativo represivo, con más de 400 efectivos de Gendarmería Nacional, apoyados por la Policía Bonaerense. En esas condiciones, mientras organizaciones sociales, políticas y gremiales eran impedidas de llegar hasta la empresa para manifestar su solidaridad con los trabajadores, éstos pudieron adelantar una reunión en el Ministerio de Trabajo, y levantaron la medida.
Los delegados dijeron que Monsa se comprometió a “reincorporar a los cuatro” trabajadores despedidos, aunque hasta ahora admitía que había cesanteado “sólo a dos” choferes. Los delegados sostuvieron que la compañía “dará marcha atrás con el cambio de tares con el que se afectó a cien trabajadores con la flexibilización laboral” denunciada, y que “pagará los días caídos” por la huelga, contra lo que Monsa había dicho en medio del conflicto.
