El viernes 27 de julio cientos de firmas -incluyendo las de muchas organizaciones y personalidades- fueron presentadas a la jueza Betancourt en Río Cuarto, Córdoba, repudiando la restitución de los hijos de María Laura Domínguez al progenitor violento, Germán Giordano, y reclamando que se le permita a ella volver a Jujuy con los pequeños.
La restitución ordenada por la jueza cordobesa no midió la crueldad ejercida contra los niños. Fue brutal. No importó que los niños fueran sacados de la escuela donde estaban integrados, no importó que quieran estar con la mamá y ver a su papá en el marco de un régimen comunicacional. No importó que el único organismo estatal que escuchó a los niños, la Dirección de Niñez de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, recomendara no modificar el domicilio de los pequeños que desde principio de año es Jujuy.
Si el “error” en el que incurrió María Laura (llevarse a los niños a Jujuy sin autorización judicial ante la negativa del padre) fue de ella, debería sancionarse a ella, no a los niños. Pero ese “error” fue producto de la desidia judicial. La jueza no autorizo a María Laura a llevarse a los niños, delegando la decisión en un acuerdo con el violento, que, desde ya, jamás autorizaría ese viaje. Porque que ella se fuera con los niños era un camino liberador, lejos de la vulnerabilidad que la tenía en Córdoba, con amenazas de muerte de él, con la amenaza de hacerle perder el trabajo o incluso lograr su traslado; con perimetrales hacia él tanto en Córdoba como en Jujuy. El trabajo de Laura ganado en Jujuy por concurso fue un avance en la autonomía de ella que él boicoteó, que desde ya sacaba a María de su esfera de blanco de violencia directa.
Lograr la restitución judicial de los niños a Córdoba, fue y es un daño a los niños realizado por la justicia patriarcal en el nombre de ellos. Laura solo podía irse a trabajar a Jujuy y resguardarse de la violencia abandonando a los niños en Córdoba. Y viéndolos y comunicándose con ellos solo cuando él, como ocurre ahora, lo permitiera. No importa cuánto miedo y enojo puedan sentir los niños con su padre, sin que la jueza haya garantizado un régimen comunicacional con la madre. El castigo debe ser infinito, hartamente disciplinador. No importan los niños, importa que quede claro que el padre tiene el poder.
Recién el 27 de julio la jueza Betancourt decidió escuchar a los niños. No importaba escucharlos antes, por eso no habilitó la feria. Tampoco importó que el progenitor, haciendo uso y abuso del cuidado unilateral otorgado por la jueza por un mes, anotara a los niños en una escuela religiosa en Córdoba; con la que Laura no acuerda. Los chicos están en una disputa brutal, sin importar su psiquis. Ellos no importan, solo importa que quede claro que el padre tiene el poder.
Laura sigue trabajando en Jujuy, y viaja a Córdoba para poder ver a los niños. Vive en la casa de una amiga, como puede va a la escuela a verlos, y cuando el violento se los deja ver, juega con ellos y los hijos de su amiga sabiendo que ese tiempo es oro para los tres. Sabe que sus hijos dijeron al equipo que los entrevistó, que quieren volver a Jujuy con su mamá. Ahora los niños, otra vez, necesitan que la jueza decida en función de eso que fue oído, lo que pidió Laura antes de venir a Jujuy y la jueza decidió no resolver, forzándola a irse con ellos sin su autorización.
Los niños pueden volver ya a su escuela en Jujuy, donde la comunidad educativa realizó actos de reclamo para que los dejen volver a esta provincia, dejando claro que “con violencia no puede haber cuidado compartido de los hijos”, porque solo produce daño y más violencia.
La violencia institucional puede cesar, haciendo lugar a la medida cautelar que nuevamente solicitó Laura. La jueza Betancourt puede decidir, y debe hacerlo, oyendo a los niños, oyendo a Laura, respetando sus derechos, dejándolos volver a los tres a Jujuy libres de violencia, o por el contrario, decidir que otra vez solo importa que quede claro que el padre tiene el poder.
Escribe Mariana Vargas
