El Informe dio resultados preocupantes: desde el 10 de diciembre, cuando la alianza Cambiemos se hizo cargo del gobierno nacional, se presentaron 52 proyectos vinculados a 1.724 despidos ocurridos hasta la fecha, 1.200 suspensiones y el reclamo de 1.303 trabajadores ante el retraso o la falta de pago de haberes en término.
El Informe dio resultados preocupantes: desde el 10 de diciembre, cuando la alianza Cambiemos se hizo cargo del gobierno nacional, se presentaron 52 proyectos vinculados a 1.724 despidos ocurridos hasta la fecha, 1.200 suspensiones y el reclamo de 1.303 trabajadores ante el retraso o la falta de pago de haberes en término.
Uno de los primeros conflictos que se hizo presente es el de Paraná Metal, que lleva ya varios años sin poder llegar a una solución que incluya a los trabajadores. A 18 días de la asunción de Macri, el 28 de diciembre de 2015 ingresaron dos proyectos sobre los 150 trabajadores de la empresa. Uno que solicitaba que los trabajadores damnificados por el cierre de la empresa gozaran desde el mes de diciembre de 2015 y hasta el fin del conflicto de la exención del Impuesto Inmobiliario; y otro en el mismo sentido para el pago de servicios.
Entre los conflictos que más actividad requirieron se encuentra el despidos de 350 trabajadores por parte de los hipermercados Coto, Carrefour, Jumbo y Libertad en el marco de la presión contra la sanción de la ley de descanso dominical.
La gravedad de la situaciones que se afrontaron en este periodo está signada por el cierre de empresas, el mayor causal de despidos. Tal es el caso de los 420 trabajadores que quedaron sin fuentes laborales tras el cierre de la empresa AR-Zinc, en la localidad de Fray Luis Beltrán.
Otros casos similares fueron los de la fábrica de llantas Mefro Whells en Rosario, comprada por un grupo alemán y cerrada con el consiguiente despido de 170 trabajadores, o de la aceitera Ricedal de Chabas que dejó en la calle a 28 trabajadores.
Al igual que en el caso de la fábrica de llantas, el sector del calzado, golpeado por la apertura indiscriminada de las exportaciones, despidió por cierre trabajadores como los 30 de las empresas Pirri, Jandy y La Huella.
En el ámbito laboral del Estado hubo pedidos por 50 trabajadores vinculados al Sedronar, que fueron despedidos o a los que directamente no se les renovaron contratos precarios en forma de becas o subsidios. También el Inadi de Santa Fe y el Centro de Asistencia Judicial de Villa Moreno en Rosario sufrieron el despido de tres trabajadores cada uno durante el año pasado.
Los medios de comunicación no se mantuvieron al margen de la situación, y esto también se vio reflejado en la actividad legislativa. A 12 despidos denunciados en diciembre de 2016 en Radio Nacional Santa Fe, se suman los 82 trabajadores del diario El Ciudadano de Rosario, muchos de los que luego consiguieron conformar la Cooperativa La Cigarra para mantener sus fuentes laborales.
La caída del consumo interno fue otro de los puntales de varios de los despidos ocurridos en Santa Fe en el último periodo.
La industria de la carne, con caídas de las exportaciones y del mercado interno, se llevó puestos 32 puestos de trabajo en el Swift de Villa Gobernador Gálvez, 110 en Frideco de Totoras, y por lo menos 60 suspensiones denunciadas esta semana y sospechadas de despidos encubiertos, en la planta de Sugarosa que Matievich adquirió en 2015 en Villa Gobernador Gálvez.
Desde el año pasado, pero con una agudización de su crisis por las inundaciones en tambos y la caída internacional del precio de la leche, el sector lácteo estuvo presente (y promete seguirlo estando) en las preocupaciones expresadas en la actividad parlamentaria.
Con las 500 suspensiones de Sancor encabezando las preocupaciones, y la amenaza de cierre de cuatro plantas con más de 4.000 trabajadores, la lista incluyó a Luigi SRL y el cierre de la fábrica de quesos Chateaubriand de la localidad de Carmen.
Gran cantidad de suspensiones, que se dieron principalmente en grandes empresas, marcaron esta etapa. Esta modalidad sin embargo es denunciada por los trabajadores y sus organizaciones como una forma encubierta de despidos, para evitar conflictos. Según explican fuentes gremiales durante las suspensiones las empresas operan para que se acepten retiros voluntarios o simplemente renuncias por el desgaste. Es el caso de General Motors (Gral. Alvear) que la semana pasada anunció 350 suspensiones por nueve meses o la fábrica Bahco de Santo Tomé que en noviembre de 2016 suspendió a 200 trabajadores.
Acindar Navarro, la empresa que la multinacional ArcelorMittal tiene en Rosario hizo lo mismo con 150 trabajadores, lo que motivó incluso que la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Previsionales de la Cámara de Diputados fuese incluso en pleno a una reunión entre la empresa y los trabajadores.
Por último también se registraron reclamos legislativos vinculados a la falta de pago de salarios en tiempo y forma, algunos tras varios meses de atraso. Tal es el caso de los trabajadores de la Empresa Algodonera Santa Fe (Reconquista), de OCA (Rosario), del Hospital Italiano (Rosario) y de Vasalli Hnos. (Firmat).
Ante esta realidad el legislador del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, expresó en varias oportunidades la necesidad de catalogar de “delito social” el accionar de muchos empresarios. En el caso del cierre de Mefro Wheels, accionar que Del Frade calificó de perverso, explicó que: “El dueño le vendió su capital accionario a una empresa alemana que la liquidó y desde Alemania le vende las llantas que producían los trabajadores de Rosario a las mismas automotrices de la Argentina. La figura es perversa: cierra la fábrica de Rosario, la vende en Alemania y se lo permiten con absoluta facilidad. ¿Cómo se llama al empresario que despide en forma artera, premeditada y con alevosía a 176 trabajadores y los deja en la calle? ¿Cómo se define a un despedidor de 176 personas? ¿No es esto un delito social que afecta a la paz? ¿No hay un daño al derecho colectivo a la paz que esta multinacional produce con absoluta impunidad?”, se preguntó el legislador. “Alguna vez hay que pensar que los despidos masivos son delitos y hay empresarios que se convierten en delincuentes y frente a eso la figura del derecho laboral no alcanza para reparar el daño social”, cerró.
Sobre el marco político en que se dan los despidos y suspensiones, Mercedes Meier del Frente Social y Popular en ocasión de realizar un pedido de informes sobre las exenciones impositivas provinciales que beneficia a General Motors, mientras la empresa suspende gran parte de sus trabajadores, remarcaba que “no podemos dejar de notar que esta decisión empresarial está favorecida por el marco de una política nacional que en nombre de “la competitividad”, deja a los trabajadores a merced de los despidos y suspensiones desentendiéndose de los conflictos.
“Y también se nos abre el interrogante de si ante tamaña muestra de desprecio por el trabajo y la vida de tantas familias santafesinas, no debe la provincia tomar medidas extraordinarias como la quita de subsidios y beneficios para obligar a esta empresa a rever su situación, tomando otras medidas que permitan con reacomodamientos internos producir distinto pero manteniendo a todos los trabajadores en funciones”, dijo la legisladora.
