El 7 de diciembre fue destituido y encarcelado el presidente del Perú Pedro Castillo. Con el apoyo del Congreso, hegemonizado por sectores de derecha, asumió quien fuera su vicepresidenta Dina Boluarte.
A pesar de la represión desatada con la declaración del estado de emergencia, que permite la actuación no solo de la policía, sino también del ejército en la represión, y de la declaración del toque de queda, el pueblo peruano sigue exigiendo la libertad de Castillo y su vuelta a la presidencia.
Al cierre de esta nota la represión había causado más de 20 muertos y más de 500 heridos en las protestas reclamando la renuncia de Dina Boluarte.
A través de sus redes sociales la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las fuerzas armadas para que cese en el uso de armas durante las protestas y lamentó las muertes en Ayacucho.
Hasta el momento hubo 95 puntos de bloqueos, 59 marchas y plantones, 13 paralizaciones parciales y totales en provincias ubicadas en los departamentos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Moquegua, Puno y San Martín, como parte de la respuesta popular.
Hubo tomas de carreteras y aeropuertos, que llevaron al cierre de tres de éstos, y ataques a fiscalías.
En cambio, en Lima, la capital, la Plaza San Martín fue ocupada por la policía, ya que es el lugar de reunión de los partidarios de Castillo para manifestar.
Mientras tanto la “justicia” peruana extendió la prisión preventiva de Castillo a 18 meses, por “peligro de fuga”.
Dina Boluarte, jaqueada por las protestas, propuso elecciones anticipadas para diciembre del 2023, en lugar del 2024. Pero Castillo denuncia que se encuentra secuestrado.
Por su parte, en lo que constituye una muy importante posición, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia en un comunicado conjunto expresaron su respaldo a Castillo, a quien consideran una “víctima de un antidemocrático hostigamiento”, no reconocen a Dina Boluarte como mandataria y piden “a quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
En nuestro país el miércoles 14 se realizó un acto de repudio a la prisión de Castillo frente a la sede de la embajada de Perú, llamado por representantes de la colectividad peruana en la Argentina, que entregaron una nota en la embajada, y en el que manifestaron su solidaridad representantes de la colectividad boliviana, del Partido Justicialista, la APDH, el PCR y la CCC entre otros sectores.
Desde algunos sectores en lucha en el interior de Perú proponen una marcha sobre Lima, y a la libertad de Castillo suman el reclamo a una convocatoria a Convención Constituyente, para derogar la Constitución vigente, que permite al Congreso decretar la “vacancia” del presidente, y al presidente cerrar el Congreso.
Damos toda nuestra solidaridad al pueblo peruano en su lucha.
Hoy Nº 1944 21/12/2022
