Esta vez en la provincia de Neuquén, cuatro comunidades mapuche sufrieron allanamientos bajo el pretexto de la búsqueda de Santiago. Primero fueron tres comunidades del Consejo Zonal Wijice (Sur, zona de Junín de los Andes) que fueron allanadas por fuerzas de Gendarmería Nacional. Se trata de las comunidades Raquithue, Lafkenche y Paynefilu que fueron hostigadas por esa fuerza en horas de la madrugada, sin orden judicial y sin mediar consulta a las autoridades comunitarias. Al día siguiente ocurrió un nuevo hecho de similares características en territorio del Consejo Zonal Lafkenche (Los Lagos, zona de Villa la Angostura) en el Lof Kinxikew. La comunidad sufrió un operativo sorpresa a manos de la Policía Federal, delegación San Martin de los Andes, quienes llegaron con el objetivo de ingresar al territorio comunitario. El procedimiento fue el mismo que antes: sin orden judicial, con una camioneta oscura sin identificación judicial, y solamente con un rompeviento y visera con identificación de la Policía Federal Argentina. A pesar de la prepotencia policial, las autoridades comunitarias lograron impedir que ingresara al territorio.
“La gravedad del atropello a nuestros espacios comunitarios, la temeridad de la conducta de la Gendarmería y la Policía Federal, las acusaciones hacia nuestras comunidades y autoridades, nos hacen ver con total claridad el desapego total a las leyes y al estado de derecho. Tememos que estas situaciones que se han dado en las últimas horas, sean la organización de un montaje para justificar la posible muerte de Santiago Maldonado a manos de integrantes de nuestro Pueblo Mapuche”. Así expresaron las autoridades de los Consejos Zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén en un comunicado y agregaron “Lo más grave es que estas acciones de intimidaciones las realizan las mismas fuerzas sospechadas de la desaparición forzada del wenvy/compañero Santiago Maldonado”.
La gravedad de los hechos llevó a la Comunidad Raquitue a presentar un habeas corpus preventivo en la justicia federal de Zapala luego de mantener una reunión con la propia jueza federal María Silvina Domínguez. Las autoridades comunitarias hicieron entrega del documento en donde solicitan “Se garantice la libertad e integridad física de los miembros de la comunidad en tanto la Gendarmería, fuerza investigada por desaparición forzada de persona, ingresó de manera ilegítima e inconsulta en el territorio, planteando que la comunidad daba albergue clandestinamente a Santiago Maldonado”.
Criminalizan para quedarse con las tierras
La campaña de persecución y de hostigamiento hacia el pueblo mapuche viene acompañada de una campaña de demonización en la que se intenta construir un enemigo con el claro objetivo de avanzar en el saqueo de los recursos naturales, el despojo territorial y en la garantía de los intereses y las riquezas de terratenientes y monopolios extranjeros. Desde los principales medios de comunicación, en prime time nacional y mediante los trolls a los que nos tiene acostumbrados el gobierno en las redes sociales, se potencia una campaña que intenta romper los lazos de unidad entre el pueblo argentino y los pueblos indígenas de modo de aislar la justa lucha de estos pueblos por las tierras y territorios. Esto es parte de la política medular de un gobierno que representa a la oligarquía terrateniente y con un contenido ideológico fuertemente racista.
Estos últimos hechos en la provincia vienen a completar un cuadro criminalizador que ya ha mostrado otros elementos. En lo que va del año se han dictado órdenes de desalojo contra comunidades de la zona petrolera de Neuquén (Rincón de los Sauces, Añelo), se imputaron a 21 integrantes de la Comunidad Mapuche Lof Fvta Xayen por usurpación en Vaca Muerta y se ha ordenado una orden de captura a 6 autoridades de la Comunidad Mapuche Lof Campo Maripe, que fue revertida posteriormente, pero que serán imputadas en audiencia de formulación de cargos el 26/9 por supuesta usurpación también en Vaca Muerta. Todas acciones claramente destinadas a garantizar los intereses de las empresas a las que, la alianza Macri-Gutiérrez, viene entregando los recursos naturales (Chevron, Exxon, Total, Pan American Energy y Pampa Energy. esta última vinculada al propio presidente Macri).
En este contexto se da el debate de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia territorial indígena que vence el 23 de noviembre y es la batalla clave que tiene por delante el movimiento indígena a nivel nacional y requiere de toda la solidaridad del pueblo argentino. Esta ley garantiza la suspensión de los desalojos y ordena realizar el relevamiento territorial. El gobierno nacional aún no ha dado las condiciones para su prórroga y su tratamiento se ha diferido al 27/09. De 1.532 comunidades registradas sólo 459 tienen concluido el relevamiento, si no se prorroga la ley se deja afuera el 70% de las comunidades y se deja el camino libre al gobierno nacional y la justicia para avanzar más fácilmente en los territorios. Por ello es muy importante la movilización al Congreso Nacional que ha convocado el 11º Encuentro Nacional de Pueblos y Naciones Originarias realizado en Rosario.
Macri y Bullrich son responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y deben dar respuestas, deben frenar las maniobras dilatorias y distractivas y respetar los legítimos derechos de los pueblos indígenas.
