El indulto a Fujimori despertó una ola de indignación popular. El 21 de diciembre más de 15.000 manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima, encabezados por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el gobierno de Fujimori por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército. La protesta también se desarrolló en Arequipa, Cuzco, Piura, Puno, Tacna, entre otras ciudades.
El indulto a Fujimori despertó una ola de indignación popular. El 21 de diciembre más de 15.000 manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima, encabezados por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el gobierno de Fujimori por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército. La protesta también se desarrolló en Arequipa, Cuzco, Piura, Puno, Tacna, entre otras ciudades.
El indulto conmutó la condena de 25 años de cárcel que recibió Fujimori por violación de derechos humanos y corrupción y también lo liberó de otros juicios que pudiera tener pendientes, como el asesinato de seis campesinos en 1992 por parte de un grupo militar que actuaba en las sombras durante su gobierno.
El caso Odebrecht
El avance del caso Odebrecht profundizó la crisis política peruana. El fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato (nombre del caso en Brasil) interrogó durante cuatro horas al presidente acerca de su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital, con sede en Estados Unidos, a las que la constructora brasileña Odebrecht contrató entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría.
En el mismo momento, Keiko Fujimori, hija del ex mandatario y presidenta del partido Fuerza Popular (la mayoría opositora que perdiera por escaso margen las últimas elecciones presidenciales), respondía en una Fiscalía de lavado de activos por los supuestos aportes que recibió de Odebrecht en la campaña electoral de 2011 y otros fondos supuestamente recaudados mediante “rifas y cócteles” (el caso de los “fujicócteles”). Marcelo Odebrecht, ex presidente ejecutivo de la constructora tenía un texto en su celular: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar 500 a Keiko y la visitaré).
El ex banquero y actual presidente Kuczynski fundó Westfield en 1992. La firma recibió de Odebrecht, entre 2004 y 2007, 782,207 dólares por reembolsos, comisión fija y dos asesorías financieras. Kuczynski fue ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2005, y luego primer ministro hasta julio de 2006. En ese período, la empresa Odebrecht se hizo de la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que terminó de construirse luego de cuestionamientos técnicos y por sobrevaluación de la Contraloría.
Por otra parte, First Capital fue creada por el socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y consigna el mismo domicilio que Westfield. El presidente declaró en mensajes televisados y en el Congreso, durante la sesión del jueves 21 de diciembre que debatió su destitución, que cuando asumió como ministro delegó las operaciones al gestor Sepúlveda y que no se enteró de los contratos de su empresa con Odebrecht.
La empresa brasileña aclaró en una carta que los servicios prestados por ambas empresas están en la contabilidad legal de Odebrecht, y no en el Departamento de Operaciones Estructuradas, el área encargada de los sobornos a políticos y funcionarios en América Latina y África para obtener concesiones, contratos y arbitrajes a su favor.
La lista de pago de Odebrecht fue difundida por parlamentarios de Fuerza Popular y condujo al debate de destitución presidencial. Kuczynski la evitó con los votos del congresista Kenji Fujimori (hermano de Keiko) y otros nueve parlamentarios fujimoristas disidentes que buscaban el rápido indulto de Alberto Fujimori.
El caso ya se ha llevado por delante a dos ex presidentes: Toledo, para quien el fiscal Castro prepara un cuadernillo de extradición que debe entregar en breve a Estados Unidos, debido a que presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos, y Ollanta Humala, en prisión preventiva desde julio por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011. Escandalosamente, el juez Richard Concepción Carhuancho, que encabezaba estas investigaciones, fue dejado de lado mediante una argucia jurídica.
Después de lograr no ser destituido, Kuczynski dijo que está trabajando en la conformación de un nuevo gabinete de “reconciliación”, alegando que “el país no puede seguir dividido en luchas políticas, que sólo nos retrasan para continuar avanzando como país”. En paralelo, el mismo Alberto Fujimori, en un mensaje en video pidió perdón “de todo corazón” a los peruanos.
Repudio de organismos de derechos humanos
“Estamos horrorizados por esta decisión. Es una bofetada para las víctimas y los testigos, cuyo compromiso incansable le llevó ante la justicia”, dijo un comunicado de un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. “El perdón presidencial concedido a Alberto Fujimori basándose en fundamentos políticamente motivados socava el trabajo de la justicia peruana y de la comunidad internacional para lograr la justicia”, apuntaron los representantes de la ONU. Manifestantes y fuerzas políticas opositoras, plantean además que el indulto es anticonstitucional, y manifiestan la voluntad de seguir luchando hasta la anulación del indulto y la renuncia de Kuczynski.
La condena a Fujimori
La lucha del pueblo peruano consiguió que la Corte Suprema de Justicia de Perú en 2010 ratificara la condena a 25 años de cárcel a Fujimori por: “Homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. La condena de Fujimori se basó en la orden al Grupo Colina, verdadero escuadrón de la muerte, de llevar a cabo dos masacres. Una en 1991, en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la otra en la Universidad de la Cantuta, en 1992, que resultaron en la muerte de 25 personas. También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se acusó a Fujimori sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra Sendero Luminoso y Tupac Amaru. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón. Varios militares recibieron también condenas por su participación en estos delitos.
Por otra parte, en declaraciones a la agencia France-Presse, Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán Reinoso, líder de Sendero Luminoso que lleva veinticinco años preso, reclamó su libertad, aclarando que no solicita un indulto. “Está en condiciones de aislamiento absoluto, y ya pagó su responsabilidad”.
Nos solidarizamos con el pueblo peruano que lucha hoy en las calles por recuperar el Estado, la democracia y la economía para ponerlas al servicio de las grandes mayorías.
¡No al indulto y el pacto de impunidad y corrupción!
¡Solidaridad con la lucha por la democracia y la justicia del pueblo peruano!
