La nueva asunción de Cristina Kirchner, y su discurso frente a las Cámaras Legislativas, ha mostrado algunos puntos importantes para analizar.
La nueva asunción de Cristina Kirchner, y su discurso frente a las Cámaras Legislativas, ha mostrado algunos puntos importantes para analizar.
CFK, pretendiendo ubicarse a la izquierda de Perón, comparó el derecho de huelga del actual gobierno con la Constitución del ‘49, porque efectivamente en esa Constitución no figuraba el derecho de huelga. Claro que la clase obrera argentina en 60 años de luchas conquistó ese derecho y contra tres dictaduras sangrientas en el medio. Pretende CFK arrogarse habernos dado ese derecho; y si de compararse con Perón se trata, su gobierno tenía un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a la canasta familiar real de los trabajadores, no como ahora que estamos en el nivel de pobreza o debajo; que Perón no entregó el petróleo ni la minería; y aunque limitadamente, tenía una política de expropiación y entrega de tierras, ley de arrendamientos, nacionalizado el comercio exterior, una política integral de salud, etc., como no pasa con este gobierno.
Por un lado, Cristina pretende compararse con Perón con el derecho de huelga, pero por otro dice que no va a permitir la extorsión. Está muy enojada con los docentes y petroleros de Santa Cruz. Extorsión para ella serían las luchas justas y largas que han librado sectores de la clase obrera. Seguramente seria extorsión, que los jubilados pidan el plus de fin de año, que en los últimos años no se lo ha dado. Extorsión sería reclamar el aumento del plan Argentina Trabaja. Extorsión sería exigir la derogación del Impuesto a las Ganancias –que en realidad es a los salarios– que este año van a pagar 1.500.000 trabajadores, a quienes el Estado en muchos casos se les va a quedar con montos equivalentes a medio aguinaldo. Impuesto que, bien viene al caso, no existió en ninguno de los gobiernos de Perón; que impuso De la Rúa y los K mantienen. Se equivoca la Sra. presidenta, si cree que con el 54% de los votos puede hacer lo que quiera; los de abajo, la hayan votado o no, quieren avanzar, no retroceder.
Por otra parte, vemos que en esta asunción se ha agudizado el distanciamiento con Moyano, tal vez por los “negocios”; pero el impuesto a los salarios y el 18% el tope salarial que quiere imponer CFK con Andrés Rodríguez y Caló tiene el rechazo de la mayoría de los trabajadores y eso presiona sobre Moyano, o Lescano.
En su discurso, la presidenta tampoco mencionó cuál será su política futura con los trabajadores frente a la crisis mundial; hasta ahora la vemos abrazarse con los empresarios y proponer un tope del 18%, con un máximo a los privados del 25% como ya lo hizo con los rurales y el servicio doméstico.
Esta amenaza, esta extorsión, es coherente con lo que trata de hacer con la judicialización, la represión y las patotas contra el sindicalismo combativo. Pero también atendiendo a otros sectores gremiales a los que pretende desplazar de la conducción de la CGT como Moyano o como pasó con Lescano, que han hecho declaraciones alrededor del tema salarial, la inflación real, etc.
Cristina quiere hablar poco del futuro. Prefiere hablar del pasado para evitar pronunciarse sobre los problemas, cuando la crisis empieza a afectar a ramas de la economía y a las finanzas públicas.
Para nosotros, los clasistas –si bien ha tenido un marco popular la asunción de la presidenta y respetamos a quienes la han votado–, lo importante no es la división entre quienes la votaron y quienes no la votaron, sino la unidad del pueblo trabajador para no retroceder, para avanzar hacia adelante contra la inflación, para recuperar el salario de acuerdo a la canasta familiar real de 7.000 pesos, por doble aguinaldo para fin de año, para que los trabajadores estatales no se les imponga un tope a través de la alianza con Andrés Rodríguez y los traidores de UPCN y Yasky.
Vemos que el discurso oficial ha incorporado una nueva palabra a la caracterización del modelo. Hasta aquí se llamaba “nacional y popular”, y ahora ha incorporado “democrático”, porque parece que le están doliendo a la señora presidenta las enormes luchas que ha habido en todo el país en repudio de los asesinatos por los gobernadores K, por la Policía Federal y la Metropolitana en el Indoamericano, en Bariloche, La Primavera, en Ledesma, en Santiago del Estero. Por lo tanto, hay que tomarle la palabra “democrático” para exigirle justicia a fondo a los responsables políticos y materiales. Tenemos que dar vuelta lo que pretende el gobierno con el 20 de diciembre, que sea un homenaje a Néstor Kirchner como pretendieron el año pasado, y no lograron. Por eso es muy importante transformar este 20 de diciembre en un hecho político que no sólo golpee a De la Rúa y al gobierno de la Alianza, sino a la violación de los derechos humanos actuales y a la represión y la falta de amnistía a los luchadores populares.
