La noticia a mediados del mes de marzo decía: “controlará la AFIP a 3.000 campos de soja en vivo y en directo”, y agregaba que a través del correo se requeriría la información al efecto. Fenómeno, preguntamos: ¿Por qué no comienzan con los 1.680 grandes productores que cosecharán el 80% de total de la soja? Por el contrario se dedican a usar estampillas para despachar miles de cartas a pequeños y medianos productores, con lo cual es indudable que para el gobierno las heridas que recibió en la rebelión agraria del año 2008 no cerraron y sigue buscando de una manera u otra algún tipo de revancha. Todo tiene su lógica, desde aquel año con el montaje y renovación de numerosos instrumentos políticos y financieros, tipo Proinder y Plan Social Agropecuario, donde despliegan un verdadero ejército de funcionarios de varias profesiones bien pagados que tratan desesperadamente de recuperar electoralmente el terreno perdido, pero como al parecer no les alcanza imaginan este tipo de aprietes, no con los monopolios exportadores y grandes terratenientes sojeros ligados a pooles y fondos de inversiones. Todavía está sin aclararse las maniobras previa a la Resolución 125, ocasión en la que se evadieron en las exportaciones por más de 2 mil millones de dólares.
En septiembre del año pasado nos referimos a la opinión que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner diera en la Bolsa de Cereales de Rosario respecto a que en la Argentina: el problema no es la estructura impositiva sino la evasión. En esta línea de pensamiento hay que ubicar la decisión de la AFIP sobre los nuevos controles a la cosecha de soja en curso.
Desde las filas de la Federación Agraria Argentina se informa en qué consiste el requerimiento: se exige que con una antelación no menor a 48 horas de comenzar la cosecha se informe: 1) Fecha y hora en que se realizará la cosecha de la superficie sembrada; 2) Duración aproximada de la recolección e indicando localización del predio, 3) Partida Inmobiliaria (catastro), 4) Si utiliza maquina propia o de terceros, informando la razón social o nombre y apellido y CUIT del prestador del servicio de cosecha. En la solicitud de audiencia al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Echegaray, los directivos de FAA caracterizan el hecho como un acto de persecución y hostigamiento a los pequeños y medianos productores agropecuarios, que en caso de no contestar provocaría la aplicación de sanciones por incumplimiento a los deberes formales prescriptos en la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 11.683.
Conocida la resolución Eduardo Buzzi declaró a los medios de prensa que “no somos evasores, como dijo la presidenta y estamos contra la evasión, pero si quieren controlar bien no tienen que venir a ver la cosecha sino ir a las terminales portuarias, donde se blanquea todo el cereal”. El principal cuestionamiento que se hace a la medida consiste en que la cosecha no puede planificarse con tanta exactitud, como supone la AFIP. En la provincia de Santa Fe el director regional de la AFIP aseguró que la oposición a la medida no tiene sustento técnico ni climatológico porque “los productores conocen el ciclo vegetativo de la soja” y con certeza de matemático aseguró que “el Servicio Meteorológico Nacional y The Weather Channel (un canal televisivo que anuncia el clima en todo el mundo) brindan pronósticos acertados con 10 días de anticipación”, una maravilla de hechicero moderno en la tribu. Tanto celo y seguridad se dice que se aplicaría sobre 3 mil campos y se haría el cotejo de los rendimientos de campos vecinos donde se ha detectado que declaran rendimientos muy dispares.
Si se trata de avanzar para evitar la evasión el criterio debería consistir en direccionar la medida comenzando por el tamaño de las explotaciones como decimos al inicio de esta nota. Sobre un total de aproximadamente 84.000 productores de soja y girasol, según datos de la Oncca de 2009, 1.680 cosechaban el 80% del total y el promedio de extensión de la siembra era de 5.460 hectáreas cada uno y al mismo tiempo ligar la información con la que se obtenga de las terminales portuarias y los embarques de exportación. En este grupo integrado principalmente por grandes explotaciones, que en muchos casos suman varias decenas y centenas de miles de hectáreas con arriendos de ex pequeños y medianos chacareros, y son financiadas en gran parte por fideicomisos y fondos de inversión, se puede verificar muy bien el origen y la trazabilidad de la producción, así como los rindes y las declaraciones juradas. Como ejemplo serviría para que la medida se aplique luego, consensuando las formas, con los 67.200 pequeños y medianos productores que, según la misma fuente, habían cosechado en promedio 167 toneladas en el año 2009 y trabajado sobre 60 hectáreas cada uno. No es esta la realidad que miran desde el Ministerio de Economía de la Nación, para quienes “el campo” sigue siendo un horizonte plano sin diferencias de tamaños ni de clases sociales.
Reiteramos que la estructura impositiva es regresiva y castiga a los consumidores y pequeños productores. En el año 2010, según datos oficiales los Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios aportaron el 10,5 % del Producto Bruto Interno (PBI), donde el IVA que castiga principalmente al pueblo aportó el 8,15%, en tanto el Impuesto Sobre Rentas, Utilidades y Ganancias fue sólo el 5,49 % del PBI. No surge del gobierno ningún propósito de modificaciones, y con este tipo de medidas se perfecciona una administración tributaria que mantiene el statu quo que beneficia a los grandes evasores concentrados en los grandes terratenientes, comercializadoras y exportadores monopólicos.
