“Lo primero ahora es dar todo el apoyo y la contención necesaria a las familias de los fallecidos y decenas de heridos y exigir que se haga una investigación contundente para determinar qué es lo que sucedió, y después discutir como esto no vuelve a suceder”, expresó la diputada provincial del Frente Social y Popular.
“Lo primero ahora es dar todo el apoyo y la contención necesaria a las familias de los fallecidos y decenas de heridos y exigir que se haga una investigación contundente para determinar qué es lo que sucedió, y después discutir como esto no vuelve a suceder”, expresó la diputada provincial del Frente Social y Popular.
En un pedido de informes que la legisladora presentó dos semanas antes del fatal accidente argumentaba en torno a manejos de la empresa y fallas en el servicio que “nos preocupa que empresarios que han demostrado un desprecio tan grande por los usuarios sigan recibiendo los millonarios subsidios. Con sólo ver el estado de la flota y la prestación de servicio uno se da cuenta de que no fueron a mejorarlo”, haciendo alusión a los 33 millones de pesos que la empresa recibió en 2016 de subsidios nacionales.
También se refirió a la reacción de los usuarios que estallaron de bronca contra la empresa en las redes sociales, y que en la ciudad de Casilda realizaron una gigantesca asamblea en la noche del viernes en la Terminal de Colectivos de esa ciudad y que el sábado se manifestaron frente al municipio casildense.
“Los usuarios hicieron lo que tenían que hacer, antes y ahora, hicieron todas las denuncias, campañas, juntas de firmas, etc., exponiendo la situación. No hubo voluntad política para cambiar esto. Nadie puede decir que no estaba enterado de la situación, y si no se enteraron es porque no quisieron o porque nunca usaron el transporte público en ese corredor”, aseguró Meier.
En la asamblea de Casilda una de las propuestas de los usuarios fue la estatización del servicio a cargo de la provincia. Manuela Bonis, referente de la Fuerza Popular Casildense expresó en medios locales que “hoy los vecinos de Casilda le dijimos basta a la empresa y exigimos que los funcionarios se pongan a la altura de las circunstancias poniéndose del lado de la gente y acompañen el reclamo de control y posterior expropiación”.
La medida también había sido solicitada por Meier y el Frente Social y Popular quienes lo habían dejado planteado en el pedido de informes de hace unas semanas. En la presentación legislativa la compañera de banca de Carlos Del Frade había planteado “¿Cómo una empresa que incumple las más mínimas normas de servicios públicos puede seguir recibiendo esa cifra millonaria por parte del estado? ¿Por qué el Estado asiste a este incumplimiento sin medidas concretas a la vista?” y en ese marco Meier dejaba planteada la duda de “si a esta altura no sería más provechoso para el conjunto de los santafesinos empezar a pensar en que sea el Estado provincial quien administre y brinde el servicio cumpliendo con los estándares necesarios de seguridad y servicio, si finalmente el estado hace una inversión millonaria en el mismo”.
Con respecto a las responsabilidades la diputada del FSP plantea la necesidad de que los órganos de control den explicaciones, y es en ese camino que pedirán desde su bancada la interpelación en la Cámara de Diputados de la Provincia del ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay y del secretario de Transporte Pablo Ignacio Jukic.
“Primero queremos saber que pasó, que falló para que hoy estemos llorando a tantos santafesino, y después discutir cómo sigue el servicio, porque hoy mismo hay cientos de santafesinos que no tienen otra opción para trasladarse a sus trabajos, a sus lugares de estudios y sus hogares, que ponerse en manos de estos empresarios que han demostrado un gran desprecio por sus usuarios, y es por eso que estamos estudiando un proyecto de estatización del servicio”, aseguró Mercedes Meier.
Durante el fin de semana el gobierno provincial anunció que a partir del 1 de marzo se le rescindirá el contrato a la empresa, y desde el lunes, tras el allanamiento a los galpones del Monticas, varias ciudades del sur santafesino se vieron afectadas por la paralización del servicio.
En el pedido de informes presentado hace dos semanas, se había dejado planteada la posibilidad de la terrible situación que hoy nos toca vivir, aquel proyecto terminaba con un interrogante que se respondió de la peor manera: “¿Vamos a esperar que ocurra una fatalidad para tomar cartas en el asunto?”
