Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los familiares, adelantó que continuarán intentando ingresar a los cuarteles militares hasta que encuentren a los estudiantes. Lo afirmó luego del enfrentamiento registrado en el 27 Batallón de infantería de Iguala con la Policía Militar, que dejó un saldo de nueve padres heridos.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los familiares, adelantó que continuarán intentando ingresar a los cuarteles militares hasta que encuentren a los estudiantes. Lo afirmó luego del enfrentamiento registrado en el 27 Batallón de infantería de Iguala con la Policía Militar, que dejó un saldo de nueve padres heridos.
Mario César, padre de uno de los normalistas, dijo que fueron 27 padres los que ingresaron al cuartel de Iguala y el resto en Acapulco. Fueron a sacar a sus hijos con sus propias manos, afirmó, porque están seguros que las fuerzas castrenses los tienen. “Queríamos que se nos abrieran las puertas para buscar a nuestros hijos, era lo que pedíamos, porque estamos seguros que ellos participaron, ellos les quitaron los teléfonos en el hospital. Cuando entramos había muchísimos militares y nos mandaron a los antimotines y tuvimos que defendernos”, indicó.
Por su parte Omar García, integrante del comité estudiantil de Ayotzinapa, aseguró que “entre nuestras exigencias está que se abra una línea de investigación clara y completa contra el Ejército por su participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Hemos insistido en esta petición durante todo este tiempo; a pesar de existir pruebas e indicios claros de que el Ejército participó, no se ha abierto una línea de investigación, entonces mucha gente de la sociedad mexicana ha decidido apoyar esta demanda de los padres de familia”.
“Aquí en México tenemos que despertar, es una situación límite que hemos soportado y hemos contenido desde hace tres meses y medio, si la violencia hubiera sido nuestra voluntad lo hubiéramos hecho desde el principio, sin embargo, a pesar de haber agotado todas las vías legales en las instituciones no hemos visto una respuesta clara, entonces estamos ya al límite de la tolerancia”, concluyó Omar García, estudiante de Ayotzinapa y sobreviviente del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
En un comunicado conjunto “Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos denunciamos la agresión cobarde que el día de hoy sufrimos. El Estado Mexicano no conforme con desaparecer y matar a nuestros hijos y compañeros y negarse a abrir líneas de investigación relacionadas con el Instituto Armado, el día de hoy, nos agrede nuevamente. Los militares aprovechando su superioridad numérica y entrenamiento nos agreden, cuando nuestro único delito es exigir la presentación con vida de nuestros 43 hijos y compañeros.
“Frente a estos hechos, los padres, madres, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos reiteramos que no descansaremos hasta encontrarlos con vida, y alcanzar verdad y justicia para nuestros hijos y para nuestro pueblo. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a seguir pendientes frente a la represión que estamos sufriendo y a mantener sus acciones de solidaridad para vencer la impunidad.
Por todo lo anterior, exigimos al Estado:
La presentación con vida e inmediata de nuestros 43 hijos y compañeros desaparecidos.
Justicia para los estudiantes ejecutados extrajudicialmente y reparación integral de daños para los caídos y lesionados en los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014.
Cese a la represión contra los familiares de los estudiantes desaparecidos, estudiantes normalistas y el movimiento nacional e internacional que se ha solidarizado con nuestra justa lucha”.
Con las policías comunitarias
Las denuncias de la intervención de los militares en el secuestro de los estudiantes suman nuevos testimonios. Rafael López Catarino, padre de Julio César López, aseguró que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Con el comienzo del año, además de las manifestaciones que no dejan de sucederse en todo el país, se ha acrecentado en los familiares de los normalistas la vinculación con organizaciones sociales como las policías comunitarias que han surgido en muchas localidades, para defenderse tanto de las fuerzas represivas del Estado como de las organizaciones armadas de los narcotraficantes, que muchas veces actúan en conjunto.
Con estas policías ciudadanas o comunitarias, los padres están llevando a cabo la búsqueda de datos certeros sobre el secuestro de sus hijos, y además les han pedido protección para llegar a lugares donde los grupos narcos –suplantando o asociándose con el poder estatal- se han erigido como los amos y señores de estas regiones.
Una contundente respuesta del gran movimiento de lucha que, en su recorrido, enfrenta cada vez más claramente la nefasta política del gobierno de Enrique Peña Nieto, denunciando su complicidad con el narcotráfico, y, en algunos casos, exigiendo no sólo su renuncia sino la “disolución de los poderes del Estado”, como reclaman puntualmente para el Estado de Guerrero el Comité de Familiares.
