El juez federal Mariano Larrea es quien inició la causa contra los trabajadores de Kraft (María Rosario, Jorge Penayo, Cesar García, Lorena Gentile, y Oscar Coria), contra Leonardo Norniella de Pepsico y contra los dirigentes de izquierda Vilma Ripoll y Néstor Pitrola por su participación en apoyo a la huelga en el año 2009.
El juez federal Mariano Larrea es quien inició la causa contra los trabajadores de Kraft (María Rosario, Jorge Penayo, Cesar García, Lorena Gentile, y Oscar Coria), contra Leonardo Norniella de Pepsico y contra los dirigentes de izquierda Vilma Ripoll y Néstor Pitrola por su participación en apoyo a la huelga en el año 2009.
Mientras se llevaba a cabo la audiencia, afuera se realizó una concentración donde se recibió una gran cantidad de adhesiones de organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales, políticas y de derechos humanos como: Madres de la Plaza Línea Fundadora, trabajadores de Zanón, Pino Solanas, FUBA, seccionales de Suteba, Ademis, Pepsico, Terrabusi, ADG-UBA, seccionales de ATE-CTA, CCC, PCR y JCR zona norte, PTS, MST, PO, Liberpueblo, Correpi. Se contó con la presencia de “Pollo” Sobrero (ferroviario), Carlos Chile (CTA Capital), Elia Espen y Mirtha Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, diputada Fernanda Gil lozano, entre otros.
Al terminar la audiencia se dio inicio a un acto donde hablaron los abogados: Claudia Ferrero, Parrili, Patricio Gaynor (Liberpueblo) y algunos de los procesados: Vilma Ripoll, Pitrola, Hermosilla, Leonardo Norniella (Pepsico) y Ramón Bogado.
Mientras se llevaba a cabo la audiencia, afuera se realizó una concentración donde se recibió una gran cantidad de adhesiones de organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales, políticas y de derechos humanos como: Madres de la Plaza Línea Fundadora, trabajadores de Zanón, Pino Solanas, FUBA, seccionales de Suteba, Ademis, Pepsico, Terrabusi, ADG-UBA, seccionales de ATE-CTA, CCC, PCR y JCR zona norte, PTS, MST, PO, Liberpueblo, Correpi. Se contó con la presencia de “Pollo” Sobrero (ferroviario), Carlos Chile (CTA Capital), Elia Espen y Mirtha Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, diputada Fernanda Gil lozano, entre otros.
Al terminar la audiencia se dio inicio a un acto donde hablaron los abogados: Claudia Ferrero, Parrili, Patricio Gaynor (Liberpueblo) y algunos de los procesados: Vilma Ripoll, Pitrola, Hermosilla, Leonardo Norniella (Pepsico) y Ramón Bogado.
Argumentos de la defensa
En la audiencia que se llevó a cabo los abogados de Liberpueblo, Paula Quinteros y Patricio Gaynor, pudieron demostrar la inexistencia de pruebas que había para procesar a la ex interna de Kraft y que la causa penal obedecía a una persecución política y una expresión del derecho penal de autor (por el que ya no importan los hechos que se producen, sino las características personales de quienes intervienen).
Los abogados hicieron un examen minucioso de toda la prueba que había utilizado el juez Mariano Larrea para procesar y que, expuesta a la crítica se pudo demostrar que no existía como tal. Lo primero que se demostró es que una vez leídas todas las actas supuestamente incriminantes ninguna de ellas mencionaba a Penayo ni a Rosario.
Además, en la audiencia se pudo escuchar de la intervención de los abogados como el juez había utilizado la declaración del gendarme Sanabria como prueba respecto de cómo se había producido el corte de la Panamericana, cuando en realidad, el cabo Sanabria declara que llega al lugar una vez producido el corte y manifiesta que no había ningún miembro de gendarmería cuando se produjo el mismo.
Del mismo modo se alegó que la declaración que utilizó el juez para acreditar el segundo corte, fue la efectuada por el gendarme Alferez Sheurman, el mismo que había declarado el 10/08/2009 haber visto en un corte de ruta a Luis Cubillas. Compañero fallecido meses antes. Y no sólo declara haberlo visto y lo identifica por el nombre, circunstancia que podría explicarse en un simple error de tipeo al escribirlo sino que lo describe como, dirigente de la CCC (Corriente Clasista Combativa).
Así también se denunció ante la Cámara que de los propios informes aportados por Gendarmería Nacional surge que la misma había estado haciendo “inteligencia” durante el conflicto, en abierta violación de la ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 y que las declaraciones de sus miembros no obedecían a lo que efectivamente habían presenciado (testigo presencial) sino como producto de dicha direccionada e ilegal “inteligencia” previa, la que explicaba como habían visto a personas que habían fallecido tiempo antes, así como habían visto hechos en los cuales reconocían no haber estado presentes.
En la audiencia que se llevó a cabo los abogados de Liberpueblo, Paula Quinteros y Patricio Gaynor, pudieron demostrar la inexistencia de pruebas que había para procesar a la ex interna de Kraft y que la causa penal obedecía a una persecución política y una expresión del derecho penal de autor (por el que ya no importan los hechos que se producen, sino las características personales de quienes intervienen).
Los abogados hicieron un examen minucioso de toda la prueba que había utilizado el juez Mariano Larrea para procesar y que, expuesta a la crítica se pudo demostrar que no existía como tal. Lo primero que se demostró es que una vez leídas todas las actas supuestamente incriminantes ninguna de ellas mencionaba a Penayo ni a Rosario.
Además, en la audiencia se pudo escuchar de la intervención de los abogados como el juez había utilizado la declaración del gendarme Sanabria como prueba respecto de cómo se había producido el corte de la Panamericana, cuando en realidad, el cabo Sanabria declara que llega al lugar una vez producido el corte y manifiesta que no había ningún miembro de gendarmería cuando se produjo el mismo.
Del mismo modo se alegó que la declaración que utilizó el juez para acreditar el segundo corte, fue la efectuada por el gendarme Alferez Sheurman, el mismo que había declarado el 10/08/2009 haber visto en un corte de ruta a Luis Cubillas. Compañero fallecido meses antes. Y no sólo declara haberlo visto y lo identifica por el nombre, circunstancia que podría explicarse en un simple error de tipeo al escribirlo sino que lo describe como, dirigente de la CCC (Corriente Clasista Combativa).
Así también se denunció ante la Cámara que de los propios informes aportados por Gendarmería Nacional surge que la misma había estado haciendo “inteligencia” durante el conflicto, en abierta violación de la ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 y que las declaraciones de sus miembros no obedecían a lo que efectivamente habían presenciado (testigo presencial) sino como producto de dicha direccionada e ilegal “inteligencia” previa, la que explicaba como habían visto a personas que habían fallecido tiempo antes, así como habían visto hechos en los cuales reconocían no haber estado presentes.
