Eso sí, sin aceptar su responsabilidad sobre la inflación, en lugar de un “ajuste ortodoxo”, lo que quiere seguir aplicando es el ajuste inflacionario, descargando la crisis sobre los trabajadores y el pueblo a través de la “licuación” del peso argentino, “echando agua a la sopa” (donde “la carne” se la llevan los latifundistas y monopolistas, y a los trabajadores y el pueblo le quedan “los fideos guachos”, como se dice en el campo).
Eso sí, sin aceptar su responsabilidad sobre la inflación, en lugar de un “ajuste ortodoxo”, lo que quiere seguir aplicando es el ajuste inflacionario, descargando la crisis sobre los trabajadores y el pueblo a través de la “licuación” del peso argentino, “echando agua a la sopa” (donde “la carne” se la llevan los latifundistas y monopolistas, y a los trabajadores y el pueblo le quedan “los fideos guachos”, como se dice en el campo).
El “modelo” de crecimiento del kirchnerismo, sobre la base de la expansión del latifundio sojero y de la inversión imperialista en la minería e industrias como la aceitera y la automotriz, tenía tres pilares fundamentales: el dólar alto y los llamados “superávit gemelos”, el superávit fiscal y el superávit en las cuentas con el exterior. En tanto aplicaba una política de expansión fiscal y monetaria, a la que llaman keynesiana, para recuperar y expandir la demanda interna de bienes y servicios.
Esta política expansiva del gasto funcionó mientras hubo capacidad en la industria instalada, que había quedado ociosa por la crisis, desocupación y salarios deprimidos por la devaluación duhaldista. Pero sin un plan sustentable de verdadero desarrollo agrario e industrial, dejando la decisión de las inversiones en manos de los latifundistas y monopolios imperialistas, y al insistirse en la política fiscal y monetaria expansiva, todo esto derivó en una creciente inflación que terminó derribando aquellos tres pilares: el dólar alto y los superávit gemelos.
Sin reconocer la raíz de los problemas en la estructura latifundista y monopolista dependiente del imperialismo, al contrario insistiendo en apoyarse en la misma por su carácter de clase como expresión de un sector de la gran burguesía intermediaria, el gobierno kirchnerista ha llevado al país a una nueva situación de “extrangulamiento externo”, a una falta de dólares, pese al mejor precio que han tenido y todavía mantienen relativamente los productos agrarios y sus manufacturas que exporta el país.
Después de dos años de fracasar en sus intentos de cortar la sangría de dólares con controles parciales, que tapaban un agujero para abrir otro más grande al mantenerse la estructura latifundista y dependiente, el gobierno kirchnerista se ha decidido abiertamente por medidas que defiendan esa estructura, aunque eso hunda a los trabajadores y la industria y el comercio nacionales, hundiendo con ellos al país. Así, con el nuevo gabinete aceleró la devaluación del peso, llevando el dólar hasta los 8 pesos en el mercado oficial, y elevando las tasas de interés de referencia del Banco Central del 16% hasta el 30% anual, en una medida que ha sido tradicional en todos los planes oligárquicos y proimperialistas que ha sufrido nuestro país a lo largo de su historia, con el nuevo y violento freno que eso significa a toda la actividad económica.
Estas medidas que caen principalmente sobre las espaldas de todos los trabajadores y el pueblo del país, afectarán en mayor medida al interior. Por ser este el que más sufre la opresión latifundista y las consecuencias nefastas del centralismo oligárquico imperialista, que la política kirchnerista no ha hecho más que profundizar. En particular se agravarán las crisis financieras de los gobiernos provinciales –en mayor medida a los que se los “indujo” a tomar deudas atadas al dólar, incluido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires–, pues se estrecharán sus márgenes de maniobra en el contexto recesivo y al reducirse los montos de coparticipación federal por el deterioro en la recaudación de los impuestos coparticipales y el retaceo que hace el gobierno central de los fondos que obtiene de las retenciones, del impuesto a los combustibles, etc., que se originan también en las provincias pero no se coparticipan.
La particularidad del actual ajuste, como sucedió durante el gobierno de Alfonsín al que hemos hecho referencia en el número anterior (“Una zanahoria que recuerda el Plan Primavera de Alfonsín”, hoy, Nº 1505), es que el gobierno kirchnerista se reserva la carta del robo inflacionario. Pues este ajuste del dólar y las tasas de interés en función de los intereses latifundistas y monopolistas imperialistas, termina principalmente en el ajuste de los salarios, jubilaciones y planes sociales. Si ese ajuste no se hace bajándolos en pesos, como hicieron Cavallo y López Murphy en el gobierno de la Alianza, se los “licua” a través de la inflación. Por eso el gobierno kirchnerista trata por todos los medios de que los aumentos de los salarios por paritarias sean de un porcentaje menor a la inflación ya pasada y que sean por un año cosa que en ese tiempo se los pueda “licuar” con un porcentaje aun mayor que la inflación futura (echándole más agua a la sopa).
De aquí que las principales exigencias inmediatas de la lucha obrera y popular sean un aumento de emergencia de 3.000 pesos para todos los trabajadores ocupados, jubilados y de planes sociales, créditos a tasa cero a la pequeña y mediana empresa para el pago de ese aumento, y precios sostén en origen para los pequeños y medianos chacareros y campesinos pobres. Junto a eso, la apertura de las paritarias por un sueldo básico inicial de bolsillo de $8.500, con reapertura cada tres meses, el 82% móvil para los jubilados y pensionados, y la eliminación del impuesto a las ganancias para todos los salarios y haberes jubilatorios.
Para que todo esto no se termine licuando es necesario un plan verdaderamente antiinflacionario como proponen el PTP y el PCR, con una política fiscal y monetaria que elimine el gasto público corrupto y valorice al peso argentino, repudiando las deudas ilegítimas y usurarias (como las del Ciadi, Club de París, cupón PBI, etc.), aumentando el impuesto a las ganancias a las 500 más grandes empresas monopólicas y a los grandes latifundistas, garantizando a las provincias un 34% de toda la recaudación tributaria que hace el gobierno nacional, y recuperando el patrimonio nacional, en particular el petróleo y gas, los ferrocarriles y la flota naval nacional.
