El martes 2 de abril por la tarde, cuando ya en varios lugares de Capital Federal y Gran Buenos Aires el temporal había azotado a miles de familias, en la ciudad de La Plata decenas de miles comenzaban a vivir el más duro revés de la naturaleza, pero también del Estado por falta de previsión y por abandono.
El martes 2 de abril por la tarde, cuando ya en varios lugares de Capital Federal y Gran Buenos Aires el temporal había azotado a miles de familias, en la ciudad de La Plata decenas de miles comenzaban a vivir el más duro revés de la naturaleza, pero también del Estado por falta de previsión y por abandono.
En la ciudad de La Plata cayeron unos 6.402.000.000 de litros de agua por tres horas. Muchos, por estos días, repetimos el testimonio de dónde “nos agarró el agua”: de regreso del trabajo, del fin de semana largo, de visitar a un amigo, caminando por la calle, conduciendo un coche, en la casa. Algunos caminamos en pánico con el agua a la rodilla, otros a la cintura, o a la altura de la axila, otros salieron a flote hasta prenderse de un árbol y así infinidad de insólitas historias.
Muchos perdieron la vida llevados por la corriente, rescatando a un familiar; otros, atrapados por las rejas o por las llaves que echaron a sus casas ante el temor de la inseguridad.
Otros, muchos otros, hoy no cuentan la historia. Esos son mucho más que 52 –ese número mentiroso en el que Scioli (con el aval K) decidió cerrar su lista–. A estos muertos, el gobierno y los medios de comunicación cómplices se niegan a darles identidad.
El Estado no atiende hoy, atiende mañana
Mientras miles reclamaban auxilio atrapados desde los techos de sus casas, los funcionarios del gobierno -de Cristina para abajo- se desperezaban de sus minivacaciones: los 0800 en la ciudad no funcionaban, Defensa Civil sin responder, los bomberos atendieron escasos reclamos –sumado al incendio en YPF, hecho de gravedad medioambiental que fue minimizado por los medios–; sin luz en la ciudad, los teléfonos y celulares dejaron de funcionar, las radios locales –incluida Radio Provincia– sólo emitían música. Durante horas, de la noche del 2 y hasta las primeras horas del 3 de abril, la ciudad estuvo incomunicada.
Mientras urgía un plan de evacuación y rescate, nuestro pueblo revertía el shock en acciones urgentes disponiendo de gomones, kayaks y canoas, hasta que llegaron los escasos de Defensa Civil, esos que debieron estar desde un principio cuando incontables hermanos perdían sus vidas en los arroyos y en las calles, o en los momentos más críticos de la tempestad.
Tampoco dispusieron de una emergencia sanitaria, con medidas preventivas de accidentes durante y después del temporal (cómo desinfectar los hogares, por ejemplo). Con el agravante de que a varios hospitales y sanatorios también les había llegado el agua, los hospitales móviles del Ministerio de Salud demoraron un día y medio en llegar a escasos lugares para la atención de los afectados.
Por eso afirmamos desde estas páginas que frente a esta catástrofe, el gobierno es responsable del abandono de nuestro pueblo.
Un gigantesco pasamanos recorre la Argentina
No importa dónde, el agua nos golpeó en todos lados. Donde se estuviera, a todos nos pegó o nos acechó la muerte. Claro que a pesar de que esta vez golpeó a todos los sectores sociales, en cientos y cientos de casos, el agua se llevó las cuatro chapas que eran techo de familia o lo poco logrado en años.
Este hecho traumático quedará inscripto en la memoria de nuestro pueblo no sólo por las pérdidas materiales –que son nuestro soporte emocional y que al llevárselo el agua se pierde una parte de nuestra historia, de nuestro esfuerzo-, sino porque una vez más queda demostrado que es la solidaridad (esa palabra que a los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes les encanta utilizar para evitar el conflicto social cada vez que en un barrio los vecinos arman un piquete o hay amenaza de saqueo), esa acción que emerge de nuestro pueblo cuando hay que salir a resolver las urgentes necesidades que afloran en el “día después” de la tragedia, hizo que transcurridas las horas, de todo el país comenzara a organizarse un gigantesco pasamanos de ropa, alimentos, agua, pañales, colchones, etc., como fue en 2003 para el pueblo de Santa Fe.
Iglesias, clubes, escuelas, bares, centros barriales abrieron sus puertas para alojar a familias que durante horas estuvieron peregrinando buscando alojarse. Lugares donde comenzaron a arribar infinidad de donaciones. Familias que hicieron colas interminables en 7 y 523 por colchones, ropa y alimento.
Durante los dos primeros días, mientras el pueblo materializaba su solidaridad, el gobierno alternaba discursos sobre lo que nunca llegaba a los barrios. Por eso fue destacable la labor de los estudiantes universitarios de la FULP que desarrollaron un ejemplar trabajo de distribución de donaciones en más de cien lugares donde al tercer día no había llegado nada del gobierno: “son los primeros que vienen a vernos” se escuchó en las cientos de casas donde los jóvenes fueron a prestar ayuda (ver nota: Centro de Ingeniería, un ejemplo de solidaridad).
Nos mienten con los muertos, distorsionan nuestra memoria
Muchas de estas muertes se pudieron evitar. Por eso, para eludir responsabilidades, el gobierno nacional, provincial y la intendencia cerraron la lista de muertos en 52, cuando desde muchas fuentes se sostiene que la cantidad de fallecidos es mucho más extensa.
En la recorrida por los barrios, adonde –repetimos– el Estado no llegó ni con ayuda ni con relevamientos, las cifras que cuentan los vecinos crecen de manera alarmante.
Los vecinos denuncian que en los casos de niños indocumentados, la policía toma registro pero no forman parte del listado de fallecidos de la tragedia porque el gobierno decidió que esos muertos no existen.
En las zonas más abandonadas de la ciudad, en las laderas de arroyos como el Maldonado (en Villa Elvira), una vecina nos contaba que vio pasar cinco cadáveres; que la correntada de ese día llevó la casilla construida en la orilla con toda una familia adentro. Además, que varias familias, cuando el agua les llevó todo salieron del barrio “vaya a saber dónde” y no se supo más de ellos.
En los arroyos Rodríguez y El Gato, la correntada se llevó niños y adultos. Y así podemos seguir con una extensa lista.
Urge un censo de fallecidos porque nuestro pueblo merece saber la verdad, para que no nos distorsionen la memoria, para que esto no vuelva a ocurrir. Esto ya ocurrió, el 23 de abril se cumplen diez años del desborde del Río Salado en Santa Fe, donde también desde el gobierno se ocultaba el número de muertos.
Pasadas las horas, tampoco fue capaz de declarar las zonas de desastre y un plan de emergencia para rescatar a quienes ya venían azotados por la crisis económica y ahora eran tumbados por el temporal.
Son decenas de miles hoy las familias que perdieron todo y los trabajadores que perdieron la poca changa que tenían, para quienes la “ayuda” del gobierno con la plata de la Anses, no alcanza para reponer lo que devoró el agua. Son cientos los pequeños comerciantes y profesionales que perdieron sus instrumentos de trabajo, a quienes ahora el gobierno les ofrece un crédito usurario.
