El diario La Nación sostuvo el 19 de mayo: “el gobierno de Mauricio Macri se alista para una negociación aún más delicada que la que sostiene con el Fondo Monetario Internacional(FMI): el presidente pretende trasladar a las provincias una carga significativa del ajuste adicional al que se comprometerá a cambio del auxilio financiero.” Y agregó que dicen en la Casa Rosada que “la clave pasa por revisar responsabilidades, a los gobernadores les transferimos una masa fenomenal de recursos y ahora les toca asumir las funciones que van atadas”.
De esta manera el gobierno se refiere al efecto de la devolución pactada en 2016 del 15% de la coparticipación de impuestos que la administración central retenía desde la firma del Pacto Fiscal del año 1992. Durante 24 años la política centralista que caracteriza al bloque de las clases dominantes, cualquiera sea su signo político, hizo tabla rasa con la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos que se había legislado en el año 1988 y que distribuía un 57,66 % para las provincias y un 42,34 % para la Administración Central.
En su sometimiento al FMI el gobierno de Macri se propone recortes de partidas nacionales que financian planes de vivienda provinciales, obras públicas y regímenes jubilatorios especiales. El 21 de junio el diario Clarín afirmó que “habrá menos obra pública, menos partidas discrecionales para las provincias, menos gastos operativos del Estado y paritarias acotadas conforman la hoja de ruta que el gobierno trazó para reducir el déficit y cumplir el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y yendo más lejos en el plan unitario y centralista uno de los funcionarios del Ministerio de Economía declaró que se le llevó a Christine Lagarde una proyección de los presupuestos provinciales, sin que los gobernadores tuvieran noticia de ello. Este funcionario dijo: “es una proyección de ejecución fiscal de las provincias estimado en función de que cumplan el pacto de responsabilidad fiscal”.
Al mismo tiempo tanto Nicolás Dujovne como Rogelio Frigerio afirman que “será necesario acelerar la reducción de los envíos de fondos discrecionales a las provincias”, en razón de que el gobierno nacional envió $ 200 mil millones de fondos automáticos más que el Gobierno anterior. Un ministro que responde al jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que la merma de obras públicas nacionales programadas podría cubrirse con los nuevos proyectos de Participación Público Privado (PPP): así se denomina la participación del capital privado en la ejecución compartida con el gobierno de la obra pública y para ello esperan que los gobiernos provinciales tomen crédito ante organismos multilaterales, como la CAF o el BID. “Hay cosas sin sentido que no podemos hacer más, que el Estado se endeude para financiar obras provinciales que no se terminan de hacer y nos quedamos con la deuda”, explicó un secretario del área económica. Agregan que programas nacionales que se tramitan a través de las provincias están en revisión, incluidas las pensiones por discapacidad.
Como consecuencia del despojo a las provincias con el Pacto Fiscal I, hoy sólo un tercio de las provincias tienen superávit fiscal. Según informa el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “San Juan (12,3%), Santiago del Estero (11,8%), San Luis (8,0%) y Córdoba (5,9%) encabezan el ránking de las ocho provincias con superávit fiscal después del pago de intereses de deuda. Mientras que Jujuy (-17,9%), Santa Cruz (-18,9%) y Chubut (-19,15%) figuran al tope en el otro extremo de la tabla, entre los 16 distritos en rojo, incluida CABA”. Por fondos no percibidos y las restricciones durante el kirchnerismo, la provincia de Buenos Aires acumula el mayor stock de deuda sobre ingresos (63,5%), por encima de Chubut (94,7%), Jujuy (59%) siendo el promedio general (39,3%).
En la realidad el despojo de recursos de coparticipación a las provincias iniciadas en la década de los años de 1960, profundizada durante el menemismo a partir del año 1992, se hizo a la par de la transferencia de los servicios de educación, salud y obras públicas básicas a las provincias que desde la época de la organización nacional estaban a cargo de la Nación. La cifra del despojo durante todo este tiempo es multimillonaria y fue como consecuencia del juicio que iniciaron y ganaron durante el gobierno kirchnerista las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis en contra de la retención del 15 % del total de los recursos tributarios nacionales coparticipables que el gobierno macrista urgido por su debilidad política de origen decidió dejar de retener ese porcentaje de la distribución primaria. En función de ello en lo que va del gobierno macrista las provincias aumentaron los recursos de coparticipación en un 3,27 % en relación a lo que recibían durante el kirchnerismo. Este exiguo porcentaje es mínimo en relación a la recaudación tributaria de los dos años y medio del macrismo, que ya lleva recaudado 5 billones 916 mil millones de pesos; lo que a un precio del dólar de estos días significan 236 mil millones de dólares, de los cuales el 67,33 %, o sea 159 mil millones de dólares se quedó en la Administración Nacional y la Anses, en tanto que el porcentaje de aumento a las provincias al que se refieren los funcionarios nacionales, ese 3,27%, representa en dólares 7.739 millones.
Al mismo tiempo que sucede esto los gobiernos provinciales evitan políticas impositivas locales que obliguen a los monopolios que operan en sus territorios y a los grandes terratenientes y mineras a tributar en función de sus ganancias, rentas y capacidad de pago. Después de la firma del Consenso Fiscal han puesto el centro en aumentar el impuesto a los ingresos brutos en el comercio y los servicios, por lo que son los sectores populares los que pagan el aumento en la recaudación de los tributos provinciales.
En síntesis, el macrismo promete al FMI un ajuste duro en las provincias, lo que significa que los gobiernos empiezan con negarse al aumento de los salarios de los trabajadores estatales acorde con el 27% de inflación para 2018 que le pronostican al FMI y pretende que acepten un 10% y como máximo el 15% durante este año. A la par se anuncia que se paralizan obras públicas programadas, principalmente viviendas y obras de infraestructura importantes como rutas camineras y se ajusta el gasto en provisión de hospitales, escuelas y servicios comunales.
Ante este panorama la clase obrera y los trabajadores estatales, tanto del ámbito provincial como nacional, han iniciado planes de lucha y en reiteradas ocasiones han ganado la calle en oposición al ajuste y la entrega nacional.
Escribe Carlos Aramayo
Hoy N° 1723 27/06/2018
