En la Argentina, el uso del boicot (no comprar determinado producto) por parte de los gremios, aparece aprobado en el primer congreso de la Federación Obrera Argentina en mayo de 1901. En esa FOA, en la que por poco tiempo estuvieron juntos socialistas y anarquistas, el boicot se establece como complemento de la huelga general, y junto con el sabotaje.
Según el dirigente de la corriente sindicalista Sebastián Marotta, el primer boicot lo realizaron los 600 trabajadores y trabajadoras de la fábrica de cigarrillos La Popular, en la ciudad de Buenos Aires, propiedad de Juan Posse. Este Posse era, según un periódico anarquista “uno de los más déspotas y crueles entre los explotadores de Buenos Aires”.
En agosto de 1901, la Sociedad de Resistencia Maquinistas Bonsack (marca de una máquina cigarrillera norteamericana), presentan un petitorio para reclamar mejores condiciones de trabajo. Al ser rechazado por la patronal, comienza en septiembre un boicot que contó con gran solidaridad de los obreros, y que significó una gran caída en las ventas de La Popular.
La Popular era, por aquellos años, una de las fábricas de cigarrillos más importantes del país, con una producción de 350.000 atados diarios. Tenía modernas máquinas trituradoras, mojadoras y limpiadoras del tabaco, elaboradoras y empaquetadoras de cigarrillos, y abastecía a Buenos Aires y varias provincias.
El propietario de la empresa quiso frenar el boicot pidiendo la detención del secretario de la Sociedad de Resistencia, que no era otro que Guido Anatolio Cartey, destacado dirigente sindical socialista, quien años después integró el núcleo que rompió con la dirección revisionista del Partido Socialista y fundó el Partido Socialista Obrero Internacional en 1917, luego Partido Comunista.
Posse acusó a Cartey de “coacción” y la Justicia “que siempre está a las órdenes de los ricos”, como dijo La Organización, ordenó detenerlo -como se ve, la criminalización de la protesta que lleva adelante el kirchnerismo no tiene nada de original-. El defensor del dirigente sindical fue Alfredo Palacios, quien logró su absolución.
El boicot se extendió de tal manera que en 1910, la reaccionaria “Ley de Defensa social”, lo castigaba al igual que las huelgas. En el artículo 25 se establecía que “…el que por medio de insultos, amenazas o violencia, intentase inducir a una persona a tomar parte en una huelga o boicot, será castigado con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho producido no importe pena mayor”.
