La semana pasada entró en Diputados el megaproyecto, de más de 90 artículos, que incluye un programa de “adhesión voluntaria” para poder acceder al cobro de los juicios y una actualización de haberes para los jubilados que estén en condiciones de reclamar por los atrasos en su pago.
La semana pasada entró en Diputados el megaproyecto, de más de 90 artículos, que incluye un programa de “adhesión voluntaria” para poder acceder al cobro de los juicios y una actualización de haberes para los jubilados que estén en condiciones de reclamar por los atrasos en su pago.
Este programa sólo se refiere a un universo de 2,4 millones de personas en esas condiciones, mientras que los demás 4,1 millones, que son los que cobran el haber mínimo, quedan excluidos del proyecto oficial, aunque también han sido y siguen siendo castigados por la inflación, y desde hace años vienen reclamando el 82% móvil que fuera vetado por el gobierno de Cristina Fernández.
Pero además el tratamiento no es parejo para los jubilados que podrían acceder al programa, por lo que se exige a cada jubilado aceptar individualmente lo que le propone la Anses. Lo que constituye un verdadero chantaje, pues si no acepta esas condiciones en sede judicial, y con un abogado, el jubilado seguirá en la misma situación que antes.
Por ejemplo, el proyecto sólo reconoce retroactivos para la minoría que tiene sentencia firme, y a los que tienen iniciado juicio. De esa manera se excluye de los retroactivos que les podrían corresponder a los 1,8 millones que no han iniciado juicio y que, para acceder a la actualización del haber mensual hacia el futuro, tienen que renunciar a ese derecho. Por su parte, la minoría incluida en los retroactivos tiene que aceptar (también “voluntariamente”, y en sede judicial), el índice de actualización decidido por la Anses y su cobro mitad al contado y la otra mitad en 12 cuotas trimestrales (es decir en 4 años).
En cuanto a las actualizaciones, de los retroactivos como de los haberes mensuales, el proyecto plantea aplicar un índice que el gobierno dice será de un 45% en promedio, muy inferior al que ordena la Corte Suprema en la mayoría de sus fallos, lo que implicaría aceptar una importante quita para poder cobrar. Por ejemplo, si se aplicara el índice del fallo Elliff sobre lo perdido por falta de actualización en el pasado, el aumento tendría que ser del 80%. Es decir que se propone que esos jubilados acepten una quita de casi la mitad de los montos si la actualización fuera de sólo 45%. En promedio dice el gobierno, pues para los 1,8 millones que no han iniciado juicio, la actualización del haber mensual sería sólo de 35%, renunciando al derecho de reclamar cualquier retroactivo; si no seguirán cobrando como hasta ahora.
Presentando esto como una “reparación histórica”, el gobierno macrista incluyó dentro del “megaproyecto”, un “sinceramiento fiscal”, eufemismo con que los funcionarios tratan de evitar la palabra “blanqueo de capitales”. A ello agregó la propuesta de una pensión universal a la vejez a partir de los 65 años, cambios en los impuestos a los bienes personales y ganancias y la homologación de los acuerdos de Nación con las provincias por el reintegro de 15 puntos de la coparticipación que hoy retiene la Anses.
Sobre la propuesta de la pensión universal para la vejez, hay que decir que perjudicará en particular a las mujeres, que deberán esperar a los 65 años para el cobro, mientras que con la moratoria, que vence en setiembre, pueden jubilarse a los 60 y con el total del haber mínimo. Por otro lado, a dicha pensión se la fija en apenas un 80% de la jubilación mínima, y en el proyecto no se prorroga expresamente la moratoria, para que siga existiendo esa opción para quienes deseen jubilarse con ella.
Además está en discusión el tema de la venta de las acciones de la Anses en distintas empresas privadas, actualmente vedada por una ley del kirchnerismo, que el Gobierno busca ahora derogar, como parte del paquete.
En cuanto al blanqueo, aparte del premio a los evasores que implica, también está en discusión quienes deben ser excluidos además de los funcionarios del Gobierno: por ejemplo, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. También a gobernadores e intendentes, e incluso los parientes más próximos de los funcionarios del Estado.
