En consonancia con su política general de ajuste y vulneración de los derechos de nuestro pueblo, el gobierno de Macri avanza en la liquidación del sistema público de salud. En este caso en particular en relación a la salud mental.
La situación general en el área de salud, se caracteriza por un progresivo desmantelamiento del sector público, especialmente en el ámbito hospitalario: falta de insumos, restricción en la provisión de alimentos, no financiación de mejoras edilicias, sueldos magros, menos cargos y despidos.
Esta situación está en absoluta contradicción con el incremento de la demanda de atención en el sector público, teniendo en cuenta que la política general de ajuste, inflación y desindustrialización del gobierno ha llevado a un aumento de la demanda asistencial por parte de vastos sectores populares. La desocupación produce la pérdida de atención de obras sociales y la crisis de los sectores medios hace que muchos no puedan seguir pagando las prepagas.
Es decir, cuando más se hace necesario fortalecer el sistema de salud a cargo del Estado, más vaciamiento, más desfinanciamiento produce el gobierno.
El caso del Hospital Posadas es paradigmático, especialmente por la cantidad de despidos de trabajadores y profesionales.
Desfinanciamiento del aparato de salud mental
En este marco salió la resolución 715/219 de la Secretaría de Salud de la Nación. Decimos de la Secretaría, ya que, en clara demostración de la importancia que el gobierno le da al tema salud, ha eliminado como tal al Ministerio de Salud, dejando en su lugar a dicha Secretaría.
La Resolución tiene como antecedente legal la Ley de Salud Mental aprobada en el año 2010. Esta ley merece una discusión especial entre los trabajadores de salud mental y entre nuestros compañeros en particular, dado que, detrás una fraseología de supuesta defensa de los derechos humanos y del derecho a la salud, propone entre otras cosas, en consonancia con la OPS y sus personeros en la Argentina, que pretenden bajar costos de la atención a cargo del Estado, la liquidación del hospital público de especialidad.
La Resolución se refiere a las pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental, en el marco de una supuesta “Red Integrada de salud mental”, que en la realidad lamentablemente no existe.
El texto enumera las instituciones de salud mental. Pequeño detalle: no figuran los hospitales de la especialidad, mal denominados monovalentes.
Esa exclusión es gravísima, teniendo en cuenta que esos hospitales cumplen funciones indispensables para la asistencia en salud mental. Por supuesto que la omisión no es ingenua. Es parte del proyecto liquidacionista del hospital público de salud mental formulado por la ley 26657/2010 que pone fecha de cierre para estas instituciones para el 2020.
Parece mentira que estemos ante esta avanzada sobre el hospital público en el país de Ramón Carrillo, en el que esta institución fue modelo para toda Latinoamérica ¡La bandera de la defensa del hospital público no es negociable!
El tema presupuestario es muy concreto: Se ha ido al desfinanciamiento del aparato de salud mental. Como se ha hecho con la educación pública, la salud, y en particular la salud mental son variables de ajuste. Una verdadera destrucción y liquidación de derechos básicos conquistados en la historia argentina. En el mismo sentido las instituciones intermedias que supuestamente, según la ley, debían reemplazar al hospital de Especialidad, que tenían como función contener y ayudar a la reinserción social de pacientes sin familia no se han construido, ni habilitado ¡Puro cuento!
Lo que defendemos no es el manicomio, como pretenden hacernos creer desde el poder, tratando de dividir a los distintos sectores que trabajamos en salud mental. Defendemos el hospital de especialidad reacondicionado, adaptado a las normas del siglo 21. Cerrar los hospitales de especialidad sería un capítulo decisivo en la política de desmantelamiento del sistema de salud. Una quita más de derechos a la población más necesitada y un desconocimiento de la necesidad de abordajes terapéuticos específicos y condiciones materiales de asistencia ante determinadas problemáticas psicopatológicas y en momentos evolutivos concretos.
Por otra parte, la Resolución indica pormenorizadamente las condiciones de funcionamiento de las instituciones de salud mental que parecen escritas para un país del primer mundo o para un cuento de ciencia ficción, como señala APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos), y no para un país con el aparato de salud completamente colapsado, en emergencia sanitaria y con presupuestos insuficientes y en marcada disminución progresiva.
Un capítulo especial es el flagelo de las adicciones. Tengamos en cuenta que la principal adicción en la Argentina sigue siendo el alcoholismo. Ante este drama que azota a millones de jóvenes no hay una política sanitaria que dé cuenta de las necesidades de prevención y asistencia.
Es imprescindible que defendamos el derecho a la salud garantizado por el Estado. Es imprescindible también diseñar y aplicar un verdadero plan de salud integral que incluya la salud mental y las Adicciones.
Es absolutamente prioritario continuar la lucha por una verdadera Salud Pública: una política sanitaria inclusiva, universal, que atienda a los problemas fundamentales de la salud en nuestro país, que favorezca la formación y la investigación.
Sigue siendo actual la tan justa reivindicación histórica de luchar por una salud al servicio de nuestro pueblo. n
Escribe Darío Lagos. Médico psiquiatra. Coordinador de la Comisión de Enlace Gremial de APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos).
Hoy N° 1767 22/05/2019
