Son 38 áreas a ser licitadas que implican un total de 200.841 km2, lo que equivale al 3,1% de la Plataforma Continental, y donde está incluida la Cuenca Malvinas Oeste, un faro fundamental para la lucha por la soberanía.
Esta resolución -que fue aprobada por el FMI- se hizo oficial el 1° de octubre a través del Boletín Oficial y prevé entre otras cosas asegurarle a las empresas contratos de exploración y explotación conteniendo “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”. Ante la falta de dólares, el Gobierno no se pone ningún límite con tal de obtenerlos.
En este marco, la diputada provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Mercedes Meier, presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados de la Provincia exprese su “más enérgico repudio y preocupación… ante este decreto para la adjudicación de permisos de exploración marítima en áreas del ámbito ‘costa afuera’ nacional, conocido comúnmente como ‘offshore’, que implica la entrega a capitales extranjeros y bajo jurisdicción de la justicia internacional de hidrocarburos en tres cuencas sobre el Mar Argentino, una de las cuales está junto a las Islas Malvinas”. Concretamente en el caso de la Cuenca Malvinas Oeste se abrirán a concurso alrededor de 18 áreas que equivalen a 86.381 km2. La entrega de ésta zona deja en una situación de vulnerabilidad a la seguridad nacional, y pone cada vez más difícil el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
“Consideramos que es un nuevo capítulo en la larga lista de acciones de entrega de soberanía que ha tenido la gestión de Mauricio Macri”, afirmó Meier, y destacó que “La preocupación y el rechazo se centran en el artículo 3°, mediante el cual el decreto autoriza “la inclusión, en los permisos de exploración” de “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”, esto quiere decir que el “Estado sede podría ser incluso, el propio Reino Unido”.
Un dato a destacar es que estas áreas estuvieron asignadas a Enarsa (actualmente Ieasa), creada en el año 2004. En el año 2014, la ley 27.007 que modificó la 17.319, revirtió la titularidad de Enarsa en dichas zonas, transfiriendo los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas costa afuera nacionales a la Secretaría de Energía de la Nación.
Por otra parte, el Decreto 872 no plantea ninguna excepción a nivel de compañías concursantes en cuanto a su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación. Tampoco detalla prohibición alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegítimamente al norte de las Islas Malvinas, amparadas por Londres y el gobierno colonialista isleño.
“Por nuestro compromiso con la causa Malvinas, por la importancia de sostener el reclamo de nuestra soberanía no sólo en el plano de la historia sino con la vigencia de la protección de nuestros recursos y por la memoria de nuestros héroes, es que presentamos este proyecto”, concluyó Meier.
Corresponsal
Hoy N° 1739 17/10/2018
