Los desafiantes argumentos del comunicado del gobierno de Cristina Kirchner y su depósito anticipado al Banco de Nueva York, no dieron el resultado esperado por el gobierno ni el que reclamaron los fondos buitres en el tribunal yanqui. Este era que el juez Griesa congelara esos fondos, y que los mismos quedaran como el pago por adelantado que estos buitres requerían para una negociación. Los buitres, para asegurarse para ellos ese depósito de 539 millones de dólares, a cuenta de los 1.500 fallados por los tribunales yanquis a su favor, y el gobierno de CF para después rasgarse la vestiduras por el embargo y “obligado” por la situación y porque “Argentina paga”, presentar cualquier resultado como un “mal menor” frente al supuesto peor de los mundos que sería el default. En tanto se sigue agitando el fantasma de los otros tenedores de bonos que reclamarían un tratamiento semejante, con argumentos como que tuvieron una quita del 75%, cuando esa diferencia se sigue pagando con los llamados cupones PBI, incluso falseando las estadísticas.
El juez imperialista Griesa rechazó ese depósito aduciendo que era “ilegal” pues incumplía su fallo; ya que éste dice que –junto a ese depósito– la Argentina debía depositar una suma equivalente para “fondos buitres” que ganaron el juicio. Además, Griesa le ordenó al Banco de Nueva York que devuelva el depósito a la Argentina, con lo que evitó que el Banco no cumpla con sus clientes, los acreedores que ya habían entrado en el canje.
El juez Griesa devolvió así la pelota al gobierno de Cristina Fernández, exigiéndole que la negociación con los buitres sea abierta y no a espaldas de su juzgado. Para esto hay un mes, hasta el 30 de julio, que es cuando termina el período de gracia para el pago de los vencimientos de los bonos reestructurados en 2005 y 2007. Pero como esto no es un partido de fútbol, lo que nos anticipa es un mes de bravuconadas hacia fuera y chantajes hacia dentro para terminar aceptando acuerdos ilegítimos y usurarios, como se hizo con Repsol y otros monopolios en el Ciadi (Banco Mundial), muchos de ellos también inconstitucionales –al margen del Congreso Nacional– como son los acuerdos firmados con Chevron y los países del Club de París.
Si la intención del gobierno de Cristina Fernández fuera realmente defender los intereses del pueblo y del país, ya debería haber repudiado la cesión de soberanía jurídica a los tribunales extranjeros y no reiterarla como en todos esos casos. En vez de eso sigue manteniéndose en la jurisdicción del juez Griesa también en este caso, con desafiantes argumentos para consumo interno e incluso chantajes abiertos diciendo, como dijo Kicillof, que “quieren llevarnos” al 2001, para después presentar como “un triunfo” cualquier negociación.
Nos permitimos recordarles a la Sra. Fernández y a su vocero económico que si se llegara a una situación como la del 2001, no va a ser por el default sino por su política de hambre y entrega, de destrucción del trabajo y la producción nacional, como ocurrió entonces con las políticas de Menem y De la Rua. Y que precisamente el default declarado por Rodríguez Saá fue una de las pocas cosas que ayudó a superar menos dolorosamente la crisis de 2001, pues fue gracias a esa suspensión de pagos que los recursos del país no se usaron para pagar deudas, que se lograron tres millones de planes para los desocupados y se pudo recuperar la economía, y no “nos caímos del mundo”, como se dice ahora.
Después, en 2004, Néstor Kirchner y Cristina Fernández “volvieron a Wall Street” (“un lugar de donde nunca deberíamos habernos ido”, dijo el entonces presidente Kirchner tocando la campanilla). E hicieron renegociaciones tan “exitosas” en 2005 y 2010, por lo que, en menos de una década (la “década ganada” por el capital financiero), se rifaron más de 170.000 millones de dólares (como lo reconoció la propia Presidenta), que de otra manera se podrían haber utilizado para un verdadero desarrollo de la industria nacional (y no solo de los monopolios imperialistas radicados en el país, que nos ha llevado a todos los déficits que hoy sufre la economía) y el bienestar del pueblo.
Por eso reiteramos que ante todos estos chantajes, de los buitres de afuera y los caranchos de adentro, que salen y saldrán mucho más costoso al pueblo y al país que una suspensión de los pagos e investigación de las deudas usurarias, ilegítimas y fraudulentas, la clase obrera, el pueblo y todos los verdaderos patriotas y demócratas debemos plantarnos. Nos dicen que así defraudaremos a los pequeños y medianos ahorristas de adentro y de afuera que confiaron en el país. Pero, precisamente, la suspensión de pagos y la investigación permitiría cumplir con esos acreedores que compraron los títulos de buena fe, lo que es demostrable caso por caso, y no meterlos en la misma bolsa para ocultar los miles de millones de dólares que con fraude se han venido haciendo los usureros, como ya lo demostró el juicio de Alejando Olmos y lo determinó el juez Jorge Ballestero. El kirchnerismo “cajoneó” ese fallo, no hizo la diferenciación y con los canjes de 2005 y 2007, permitió (o buscó) que se siguieran beneficiando los buitres de afuera y a los caranchos de adentro.
Para el gobierno los que entraron en los canjes, fueron “buenos” y los que quedaron afuera fueron “malos”. Ahora, como “queremos pagar a todos”, como los dólares “no alcanzan” por la política del propio gobierno kirchnerista, “hay que negociar”: todos los buitres seguirán ganando y los pequeños y medianos ahorristas que compraron de buena fe (que no son precisamente los Heller), seguirán postergados.
La única manera de romper esta cadena, es recuperando la soberanía nacional, suspendiendo los pagos, investigando y pagando lo que corresponda, que será menos dañino que seguir pagando el fraude y la usura con el hambre del pueblo y la entrega del país.
