A las medidas de la mafia judicial macrista contra las organizaciones sociales y dirigentes sindicales y políticos que venimos denunciando en nuestras páginas, podemos agregar otras “iniciativas” contra los derechos de las y los trabajadores y el pueblo, que denominan “reforma laboral”.
Un ejemplo es ese engendro denominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), un verdadero grupo de choque antisindical, cuya cara visible es la empresaria Verónica Razzini, con el “asesoramiento” de la dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.
El MEAB viene impulsando la judicialización de conflictos laborales, realizando denuncias penales a trabajadores de distintos gremios, que entre sus medidas de fuerza realizan bloqueos en las puertas de las empresas.
Arietto, la misma que hace pocos meses dijo que había que entrar con una ametralladora en algunos barrios del conurbano bonaerense, es la impulsora de la consigna “bloquear es delito” y sostiene que “Con el MEAB queremos inspirar a que pierdan el miedo y ofrecemos una estrategia para afrontar el embate sindical”.
Con la colaboración de jueces y fiscales, desde el MEAB se vanaglorian de varias causas contra trabajadores de distintos gremios, algunos de los cuales fueron detenidos por unos días, como del gremio de Camioneros de Santa Fe, cuya sede sindical fue allanada en una de estas causas.
Mauricio Macri dio su apoyo a estos empresarios “antibloqueos”: “Es fundamental no dejarlos solos en este enfrentamiento contra las patotas, contra los matones”.
En el mismo sentido que el MEAB, un grupo de senadores macristas presentó un proyecto de ley para encarcelar hasta seis años a trabajadores en conflicto que bloqueen empresas. El proyecto fue presentado por la senadora Carolina Losada de Juntos por el Cambio, junto a una decena de legisladores de esa fuerza, entre ellos Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Stella Maris Olalla, Eduardo Vischi (todos de la UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO).
Su concepción reaccionaria se expresa en párrafos del fundamento de la ley, como el que afirma que “es fundamental la aplicación del derecho penal como medio para resolver los conflictos, restablecer el orden y la paz social y prevenir la futura vulneración de dichos bienes jurídicos”.
Esta criminalización de la legítima protesta es parte de la ofensiva contra los derechos laborales que pretende llevar adelante el macrismo si vuelve al gobierno.
El jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, al que algunos medios de las clases dominantes quieren instalar como una “paloma” frente a otros sectores macristas que serían los “halcones”, propuso terminar con el actual sistema de indemnizaciones por despido. Recordemos que antes de las PASO del año pasado afirmó que hay que ir a un sistema de “seguros” similar al de la construcción.
Estos dichos fueron avalados por un proyecto de ley del diputado Héctor Stefani, de Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego, quien lo presentó junto a otros diputados del Pro. Este proyecto propone un Seguro de Garantía de Indemnización (SIG), tanto para trabajadores privados como estatales, y establece que en vez de la indemnización vigente, se establecería un “fondo de capitalización” con aportes patronales para el pago “con remuneraciones mensuales” en caso de despidos. Esta ley implicaría que la empresa puede despedir arbitrariamente a un trabajador o trabajadora, y los deja en total indefensión. El Artículo 14 bis de la Constitución garantiza la protección contra el despido arbitrario.
No podemos finalizar esta enumeración de maldades sin mencionar a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien planteó un desopilante tuit a favor de la “reforma laboral” en el que dice “46 millones de argentinos. Tan solo 6 millones trabajan en el sector privado formal”, y puso un gráfico con 100 personas dibujadas, de las cuales sólo 13 están pintadas, encabezado con un texto que reza “De cada 100 argentinos, sólo 13 cuentan con un empleo formal privado”. El “detalle” es que incluyó a los bebés y a los jubilados. Se ve que a la inspiradora de la “Gestapo antisindical” no le alcanza con superexplotar a toda la población económicamente activa.
Es por estos proyectos, muchos de los cuales intentaron realizar durante los cuatro años de gobierno de Macri y no lo lograron por la inmensa lucha popular, es que entendemos que es el sector más reaccionario de las clases dominantes, y que viene por la flexibilización laboral, con represión al pueblo y más ajuste y entrega de nuestra soberanía.
Hoy N° 1929 07/09/2022
