El miércoles pasado, la ex presidenta Cristina Fernández se hizo presente en los tribunales de Comodoro Py, por la causa del negociado de la venta de dólares a futuro sobre el fin de su mandato. Allí, en onda con lo que hicieron antes el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó un escrito alegando que todo había sido “legal”, como Macri con los Panamá papers. A la salida, con la presencia de miles de sus partidarios, como única oradora del acto, Cristina adujo que su convocatoria a juicio era un ejemplo de la persecución a los gobiernos populares que dejan el poder tras enfrentar a las corporaciones.
Así no escatimó en compararse con Hipólito Yrigoyen y Juan Perón, olvidándose de Isabel Perón encerrada por el dictador Videla en El Mesidor. Además del “pequeño detalle” que esos gobiernos habían sido derrocados y perseguidos por dictaduras militares, mientras que su mandato había concluido por elecciones conducidas por su propio gobierno. Entonces, su situación sería más bien parecida a la de Carlos Menem cuando dejó el poder. Para aceptar la explicación de Cristina hay que olvidar demasiadas evidencias.
En cuanto a su recusación del juez Claudio Bonadío, también parece olvidarse que es el mismo juez que sobreseyó a sus secretarios privados, que incrementaron sus patrimonios en magnitudes siderales.
¿A quiénes se está pagando por el fraude?
Volviendo al juicio, recordemos que se trata de las maniobras especulativas que facilitó el Banco Central con sus intervenciones en el mercado de futuros. En la línea de defensa de los alfiles de Cristina (Vanoli y Kicillof) se trató de operaciones “legales”, lo que terminó aceptando el gobierno macrista aún cuando según la Carta Orgánica del Central esas compraventas deben hacerse “a precios de mercado”. La ex presidenta podría argumentar que no se la puede imputar por la conducta de Alejandro Vanoli, titular de un organismo autónomo. Pero ella y Axel Kicillof modificaron la Carta Orgánica del Central, subordinándolo a la Presidencia. El propio Kicillof fue nombrado delegado del Ministerio de Economía con voz pero sin voto, y consta que participó en la reunión del directorio del Central que decidió sobre el tema.
La argumentación de Cristina deja de lado quiénes se beneficiaron con las maniobras de Vanoli, y que lo hicieron a costa de quienes más sufren la inflación. El juez Bonadío, que sólo responsabiliza al Banco Central por el negocio seguro e inmediato que hicieron los compradores, deslizó que entre estos compradores aparecen asesores de Scioli, que podrían haber comprado por haber tenido información anticipada filtrada por el Central o el ministerio de Economía. El kirchnerismo contratacó –a través de algunos “periodistas”- dando a conocer una lista de amigos y funcionarios del gobierno de Macri que también compraron estos “futuros”.
Eso solo sirve para desviar la atención sobre toda la lista de compradores, en la que están los poderosos que hicieron el negocio multimillonario a costa del país. Una lista en la que están sectores mandantes del kirchnerismo, a muchos de los cuales también se subordina el macrismo, como los grandes bancos, cerealeras y otros monopolios imperialistas.
Por esto, sin esperar los resultados de la investigación judicial, el gobierno macrista sigue haciéndonos pagar con mayor inflación la diferencia en pesos por los dólares que todos ellos –kirchneristas o macristas– compraron a 10 pesos y hoy cobran a 15. Una estafa que hasta fines de marzo ya se ha llevado 58.000 millones de pesos del Banco Central, y que para fines de junio sumarán un regalo, sólo en concepto de este negociado, de ¡75.000 millones de pesos!
